- Andrés Eduardo Carrasco fue el científico argentino que confirmó los efectos devastadores del glifosato, que acompañó con su investigación a los pueblos fumigados, y cuestionó que la ciencia esté al servicio de las corporaciones.
- → En 2011 se conoció, a través de un cable diplomático publicado por Wikileaks, que la Embajada de Estados Unidos en Argentina lo había investigado por sus publicaciones relacionadas con el uso del glifosato.
- → Además, recibió llamadas anónimas amenazantes, y el Ministro de Ciencia, José Lino Salvador Barañao, desacreditó su trabajo y defendió el uso del glifosato...
• Bayer y Monsanto, condenadas por envenenar
Un tribunal estadounidense falló contra la multinacional por los efectos nocivos del glifosato. Es la cuarta condena en un año.
La empresa Monsanto-Bayer fue otra vez condenada por los efectos nocivos del glifosato, agrotóxico estrella de la compañía, el más utilizado por el agronegocio transgénico. Tribunales de Estados Unidos determinaron que la multinacional debe pagar 2.000 millones de dólares a un matrimonio que utilizó el químico (bajo la marca comercial Roundup). La sentencia, la cuarta en menos de un año, también afirma que la empresa actuó con “negligencia”, al ocultar las consecuencias del veneno.
A pesar de los fallos judiciales, de más de 830 trabajos científicos que confirman su nocividad y de las denuncias de decenas de pueblos fumigados, en Argentina aún es defendido su uso por funcionarios, empresarios del agro y medios de comunicación. Chubut es la primera provincia en prohibir la venta y el uso de glifosato.
“Agricultura sustentable”, era uno de los eslogan de Monsanto. “Si es Bayer, es bueno”, la publicidad más famosa de la multinacional alemana. Ambas afirmaciones son refutadas desde hace años por campesinos, académicos críticos y poblaciones afectadas por los agrotóxicos, y esta semana tuvieron otra estocada, cuando otro fallo judicial (tribunales de California) condenaron a Monsanto-Bayer a pagar una cifra histórica (2000 millones de dólares) a Alva y Alberta Pilliod, por el cáncer que sufren al haber manipulado el herbicida glifosato.
El jurado del estado de California determinó que el “diseño” del Roundup (marca comercial de Monsanto) fue la causa principal del daño, confirmó que el químico representa “un peligro importante” para las personas que lo utilizan, afirmó que Monsanto “no proporcionó una advertencia adecuada sobre los riesgos potenciales” y esto representó un factor importante para provocar el daño en la salud de los Pilliod.
El jurado de Estados Unidos determinó que Monsanto diseño, fabricó y distribuyó Roundup de “forma negligente”, afirmó que la compañía sabía (o debía saber) que Roundup era peligroso o que podría provocar daños y no advirtió de forma apropiada. El otro punto clave, que elevó la condena de 2000 millones de dólares, el fallo confirma que Monsanto actuó con “vicio, dolo o mala fe” al poner su herbicida en el mercado y no advertir sobre los riesgos que implicaba.
La primera condena para Monsanto-Bayer sucedió en agosto de 2018, en California. Dewayne Johnson fue indemnizado con 78 millones de dólares por contraer cáncer en su trabajo como jardinero. El 27 de marzo pasado, un jurado de California condenó a Monsanto-Bayer a pagar 80 millones de dólares por “negligencia”, al haber ocultado los riesgos de su herbicida Roundup. La demanda fue presentada por Edwin Hardeman, un jubilado de la ciudad de Sonoma. Fue la segunda parte del juicio. En la primera, diez días antes, se había concluido que el agrotóxico fue un “factor determinante” en el Linfoma No Hodgkin (cáncer) que se le diagnosticó a Hardeman en 2015.
“El jurado responsabilizó a Monsanto por sus 40 años de conducta delictiva corporativa”, explicaron las abogados del demandante, Jennifer Moore y Aimee Wagstaff en un comunicado a la prensa. Monsanto acumula, sólo en Estados Unidos, más de 13.000 demandas.
La alemana Bayer, que compró Monsanto en 2018, defiende al glifosato (y otros agrotóxicos que vende) de la misma manera que la compañía estadounidense: niega los cientos de estudios independientes que confirman los efectos en la salud.
El medio alemán Deutsche Welle (DW) tituló: “¿Hasta cuándo aguantará la empresa”. Alertó, con una simple cuenta matemática, que el progreso de los juicios llevará a la quiebra a Bayer, empresa de 150 años de historia.
En 2018, al momento de comprar a Monsanto, el directorio de Bayer recibió el apoyo del 97 por ciento de los accionistas. En abril pasado, en una nueva junta de accionistas, el 55 por ciento de los votos rechazó las propuestas de los ejecutivos de la compañía, liderados por el CEO Werner Baumann. Una muestra de la crisis de la compañía, que perdió casi el 40 por ciento de su valor bursátil desde que adquirió a Monsanto.
- • En Argentina se aplica glifosato en 28 millones de hectáreas, más de 200 millones de litros cada año. Los campos de soja, maíz y algodón son rociados con el herbicida para que nada crezca, salvo los transgénicos. También se utiliza en cítricos, frutales de pepita (manzana, pera, membrillo), vid, yerba mate, girasol, pasturas, pinos y trigo. A partir del avance transgénico, aumentó geométricamente el uso del glifosato.
El miércoles 15 de mayo, el Superior Tribunal de Justicia de ENTRE RÍOS, máximo tribunal provincial, declaró la inconstitucionalidad del decreto del Gobernador (Gustavo Bordet), que permitía fumigar a solo 100 metros de las escuelas rurales. De esta forma, continua vigente el amparo ambiental que aleja las fumigaciones terrestres a 1.000 metros de las escuelas (3.000 si son aéreas).
El jueves 16 de mayo, la legislatura de CHUBUT sancionó una ley por la cual prohíbe la producción, venta y uso del glifosato. Es la primera provincia del país en prohibirlo. El diputado José Grazzini, autor del proyecto, destacó que la ley se basa en estudios médicos y científicos.
- • Entre las empresas que comercializan glifosato en Argentina figuran Monsanto-Bayer, Syngenta-ChemChina, Red Surcos, Atanor, Asociación de Cooperativas Argentinas, Nufram, Agrofina, Nidera, DuPont, YPF y Dow. Las compañías, y sus lobbistas mediáticos, observan con atención los juicios en Estados Unidos. Temen que pueda iniciarse una oleada similar en Argentina.
•• Bayer se defiende“No hay pruebas científicas para concluir que el herbicida glifosato fue el factor determinante (del cáncer)”, argumentó Bayer en un comunicado de prensa y anunció que apelará el fallo de Estados Unidos. En 2015, la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer (IARC, ámbito especializado de la Organizaciones Mundial de la Salud) ubicó al glifosato en segundo nivel de peligrosidad (de una escala de cinco). “Probablemente cancerígeno para los seres humanos”, determinó. La investigación “Antología toxicológica del glifosato”, realizada por Eduardo Rossi de la Campaña Paren de Fumigar Santa Fe, dio cuenta de la existencia de al menos 830 trabajos científicos que confirman los efectos en la salud y el ambiente. Más de 100 de esos papers académicos corresponden a universidades públicas de Argentina.
••• Entre Ríos: insólita defensa de los agrotóxicosLas entidades agropecuarias reaccionaron violentamente ante el fallo del Supremo Tribunal de Justicia de Entre Ríos, que ordenó un límite para la fumigación con agrotóxicos alrededor de las escuelas rurales.
"Es mucho más fácil reubicar las escuelas que cambiar el modo de producción", lanzó el vicepresidente de la Federación Agraria, Elvio Guía, a tono con el sesgado comunicado emitido por la Mesa de Enlace provincial, que tildó al fallo de tener "prejuicios ideológicos que en pleno siglo XXI debieran estar perimidos". Desde la Red de Docentes por la Vida, respondieron: "Un campo sin escuelas es lo que necesitan las corporaciones".
"Es más fácil reubicar las escuelas que cambiar la producción. Reubicar a tres alumnos, que encima vienen del pueblo, porque que los lleva la maestra para no perder su trabajo", sostuvo el vicepresidente de la Federación Agraria, cargado de prejuicios y negando los argumentos del fallo del supremo tribunal provincial. "Me parece que la discusión puede ser muy grande, puede ser muy larga, pero lo que sé que si es el cuento del huevo y la gallina, la escuela no estuvo antes que el campo", argumentó el hombre de la Mesa de Enlace.
Las desacertadas declaraciones de Guía fueron respaldadas en un comunicado conjunto de la Federación Agraria, la Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos (Farer), la Sociedad Rural Argentina y la Federación de Cooperativas (Fedeco) para cuestionar el fallo que pone un límite de 1.000 metros a las fumigaciones terrestres con agrotóxicos y 3.000 metros a las aéreas.
"Este fallo, sin respaldo ni criterio técnico alguno, imposibilita la producción en más de 300 mil hectáreas y se trata, sin dudas, de un nuevo golpe asestado al corazón de los productores", atacaron los ruralistas para presionar al gobierno entrerriano a un último recurso de apelación ante la Corte Suprema.
A contramano del discurso de las entidades agrarias, términos como los de "ausencia de rigor científico" e "insolvencia técnica" fueron las frases con las que los jueces Daniel Carubia y Miguel Giorgio firmaron el fallo de mayoría contra el decreto del gobernador Gustavo Bordet , que se ajustaba a los deseos de los ruralistas y reducía los límites de fumigación a 100 metros terrestres y 500 aéreos.
"Hoy, que se condena a Monsanto por ocultar los efectos del glifosato, el productor que dice utilizar esos venenos porque son inocuos ni siquiera lee las noticias o las leen y pretenden ocultarlas , lo que es más grave", apuntó Aldana Sasia, abogada del Foro Ecologista de Paraná, que consiguió el histórico fallo ambiental.
El decreto de la administración de Bordet había sido una inmediata respuesta al amparo ambiental que el Supremo Tribunal había otorgado en favor del Foro Ecologista de Paraná y otras organizaciones que solicitaron los límites mil y tres mil metros, sosteniéndole con estudios científicos de la bióloga de la Universidad de Río Cuarto Delia Aissa y del Centro de Investigaciones del Medio Ambiente de la Universidad de La Plata que dan cuenta del impacto de las fumigaciones en los niños y niñas, y en la contaminación de la tierra y el agua.
La primera reacción por parte del gobernador Bordet parece alejarse del deseo de los ruralistas de llevar la discusión hasta la Corte Suprema. "Dejando de lado el tema de la apelación, creo que hay que ir en busca de una norma que genere consensos en la provincia, una norma que nos haga superar la antinomia y las posiciones extremas, que proteja a los chicos en las escuelas, pero que garantice el proceso productivo y que cuide la salud de los vecinos", consideró tras el duro revés judicial.
El fallo del máximo tribunal entrerriano no solo pone límites de distancia para las fumigaciones sino que también ordena la creación de barreras vegetales a 150 metros de las escuelas rurales. Esa acción preventiva, que deberá cumplirse en los próximos dos años, conforma las 3 mil hectáreas en las que no se podrá producir con el paquete tecnológico que incorpora los agrotóxicos, y que el secretario de Agroindustria y ex titular de la Sociedad Rural se sumó al coro ruralista para calificar como "un tiro en el pie".
"Las organizaciones de la mesa de enlace tienen una visión muy obtusa de lo que es la producción agropecuaria", salieron a responder al comunicado de los ruralistas desde la Red Federal de Docentes por la Vida. "Quienes supuestamente se abocan a esa actividad aparentan desconocer que hay una amplia variedad de modos en los que no se depende de agrotóxicos. Unas 85 mil hectáreas bajo el asesoramiento del RENAMA y 80.877 hectáreas de producción orgánica argentina durante el 2018, solo por mencionar algunas", subrayaron los docentes.
El comunicado de la Red destacó que el decreto defendido por los ruralistas violaba las constituciones nacional y provincial, además de la Convención de los Derechos del Niño, que obliga al Estado a asegurar un ambiente sano para el desarrollo de los niños y niñas.
NOTAS DE LA SAGA DEL GLIFOSATO...
