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miércoles, 14 de agosto de 2013

EL FUTURO DEL RÍO









La misma idea de navegar por el Riachuelo sigue sonando, en este siglo XXI, absurda. El Riachuelo no se navega, se evita o se padece. Es un no-lugar tóxico que rechaza –algo insoluble– un agujero negro de esta ciudad. Hasta que un buen día invernal, de sol, subidos a una lancha y zarpando del amarradero de Acumar en la Vuelta de Rocha, la experiencia se pone turística, placentera, cuerda. Puede parecer un milagro, pero hasta el más reacio empieza a creerse que es posible recuperar este borde de Buenos Aires, ampliar la ciudad y darle nada menos que una nueva costa.

El reciente aniversario de la orden de la Corte Suprema para que la provincia, la ciudad y la nación resolvieran de una vez el problema de la contaminación del río pequeño, fue ocasión para un aluvión de notas técnicas, balances y powerpoints. Lo que no quedó tan en claro es que el Riachuelo, como lugar físico, real, está muy cambiado. Y esto puede significar nada menos que el movimiento del eje imaginario de la ciudad.

Es que Buenos Aires tiene, como todo lugar, un paisaje en la mente de sus habitantes. Con las variaciones de dónde viva cada uno, la cosa funciona más o menos como una primera tensión entre un río tan inmenso que funciona como una barrera natural a la que sólo se le animan los navegantes avezados. El Plata es un río de una orilla, lo que deja a la ciudad medio desconcertada frente a él. Famosamente, los porteños le damos la espalda.

Luego viene la misma inmensidad de la ciudad, prolongada en sus ciudades suburbanas que forman una megaurbe interminable. Esta ciudad, parece, sólo cambia por acción humana y no hay nada en ella que sea natural: casi no se nota el suave relieve y los cursos de agua fueron asfaltados o quedaron en un “allá” poluido y vedado.

Pero el Riachuelo, a vuelo de Google, está como en el medio de una zona urbana que va del Delta a La Plata y es un río de dos orillas, como un Sena o un Tíber. ¿Es posible imaginar que como esos ríos urbanos alguna vez esté mentalmente en el centro de nuestra ciudad? Limpio, con algunas industrias en plena revitalización –la Siam está siendo reconstruida– y parques lineales en sus veras, el pequeño río puede estar dando estos pasos para ser otra cosa.

Todo esto es posible soñarlo o sospecharlo desde una lancha por el cambio de escala. Si primero se apunta para afuera, se está en una inmensidad naval, de buques de calado, containers e islas industriales. Pero apuntar hacia el interior permite descubrir un río con escala de avenida, con ciudad a ambos lados. La sorpresa inicial es ver Buenos Aires desde un punto de vista alternativo, poco usual, ligeramente desde abajo y desde el agua. Luego, que prácticamente no hay basura. Para el aniversario, la Acumar –la Autoridad de la Cuenca del Matanza-Riachuelo– difundió fotos de “antes y después” que permiten confirmar recuerdos personales: las aguas tapadas de basura urbana, botellas y bolsas, y decoloradas por los desechos industriales. Nada de esto se ve ya y se puede navegar por agua marrón porteño y la única basura que se ve está atrapada en las barreras flotantes. Porque tampoco es cuestión de pensar que nadie tira nada...

Las costas de este río se habían transformado en una villa lineal, hogar de los más pobres y excluidos. Parte de la política de limpiar la zona era relocalizar a estas familias en viviendas dignas, con mínimos servicios. En Lomas de Zamora viven mejor 24 familias, en La Matanza 122 de los asentamientos Mi Esperanza, El Mosquito, La Saladita y Don Juan, y en Avellaneda 18 del barrio Puente Bosch. La ciudad parece ser más insensible y las 275 familias de los asentamientos Luján, El Pueblito, Magaldi y puente Victorino de la Plaza siguen todavía ahí. Desde la costa se pueden ver algunos de los nuevos barrios que, gratamente, no son monoblocks sino casas a escala humana con un entorno urbanizado y algo de terreno libre. Estos barrios eran escenarios de miseria y enfermedad, y también fuentes de polución del río por simple falta de infraestructura.

Este panorama cambia drásticamente al pasar la altura de Parque Norte. El Riachuelo arranca como paisaje urbano industrial del siglo XIX, con maravillas como la Barraca Peña y los puentes más viejos. Luego se encuentra la inversión industrial del siglo XX, con fábricas, más barracas –la vieja palabra para los depósitos vinculados a la navegación– y puentes y mucha vivienda. Pero a cierta altura el navegante se siente en un lugar rural, una suerte de segundo Delta con un eco urbano por atrás. Es asombroso saber que uno está entre la Capital y la mayor concentración humana del conurbano, viendo pájaros y árboles.

Esta limpieza implicó empadronar 12.701 potenciales agentes poluyentes, de los cuales casi siete mil son industrias. Curiosamente, los culpables de los famosos olores del Riachuelo son apenas 884, de los cuales 154 fueron perentoriamente clausurados –con el caso de un industrial cabezón al que le cerraban el caño y habría otro, hasta que le cerraron directamente la fábrica– y 177 ya fueron reconvertidos. También hubo que levantar 186 basurales clandestinos y se están erradicando otros 83. “Levantar” es literal, porque se removieron casi 300.000 metros cúbicos de basura “civil” y casi 19.000 toneladas de residuos industriales. Esto se reemplazó con 179 puntos legales de recolección municipales y la extensión del servicio de recolección a 11.000 familias en barrios precarios.

En el Puente de la Noria se puede ver una gran caja metálica, como un container, alambrado y enrejado. Es una estación de monitoreo ambiental que permite saber, por ejemplo, que el agua ya no es una suerte de ácido diluido. Falta para que vuelva a haber peces, entre otras cosas porque la cuenca es un curso lento y le cuesta oxigenarse, pero los pájaros vadeadores ya se están aquerenciando de nuevo.

Tal vez los humanos podamos hacer lo mismo. Y tal vez veamos un cambio de eje de toda nuestra megaciudad, gracias a la limpieza de una cuenca. Eso sí que sería diferente.





sábado, 24 de diciembre de 2011

VERANO SIN DEMOLICIONES







La Justicia porteña concedió ayer el amparo que pidieron las seis mayores ONG de defensa del patrimonio edificado.

La medida precautelar, que prohíbe al Gobierno de la Ciudad permitir cualquier demolición o reforma de edificios anteriores a 1941, fue emitida en cuestión de horas por la jueza de primera instancia en lo Contencioso Tributario Andrea Danas.

En los próximos días, luego de que se compruebe que no hay otras causas similares, el amparo será sorteado nuevamente para un fallo definitivo.

La jueza Danas aceptó el argumento de urgencia presentado por María Carmen Usandivaras, la letrada de Basta de Demoler, la organización civil que presentó el pedido de amparo junto a la Fundación Ciudad, Proteger Barracas, Salvemos Floresta, SOS Caballito y la Protocomuna Caballito, con apoyo de varias ONG de Boedo, San Telmo, La Boca y otros barrios. Fue por eso que citó a los peticionantes al final de la tarde y a las 21 horas les comunicó formalmente que había emitido una precautelar prohibiendo las demoliciones.


    La medida protege los 140.000 inmuebles de Buenos Aires construidos antes de 1941, que representan casi el 20 por ciento del total de los 200 millones de metros cuadrados de la capital.


Estos edificios cuentan hasta el próximo sábado a las 24 horas con un régimen especial, creado en diciembre de 2007, que impide que sean demolidos “por ventanilla”. El trámite para edificios de esta antigüedad implica que los expedientes sean revisados por el Consejo Asesor en Asuntos Patrimoniales (CAAP), que puede “desestimarlos” y autorizar su destrucción o girar la carpeta a la Legislatura, recomendando su catalogación definitiva.


    En cuatro años, el CAAP recibió 5.242 pedidos de demolición, permitió 4.253 y recomendó la catalogación de apenas 989 edificios.


A comienzos de este mes, el bloque oficialista en la Legislatura (PRO) anunció que no iba a permitir que se renovara el mecanismo, como se hacía anualmente desde 2007, “por orden de Macri”. La operación fue sorpresiva y la comandó en persona el diputado Cristian Ritondo, que impidió que los miembros del PRO de la Comisión de Planeamiento de la Legislatura firmaran siquiera el despacho para el tratamiento de la ley. De hecho, Ritondo hasta forzó, en una gritería memorable, al entonces diputado Patricio Di Stefano a retirar su firma del despacho. Di Stefano había firmado porque en ese momento era presidente de la Comisión de Patrimonio, nada menos.

Al cesar el régimen especial, se revierte al sistema anterior, en el que la antigüedad o el valor histórico o arquitectónico de los edificios a demoler simplemente no tenían existencia legal. El único freno que se acepta en la ventanilla del Mercado del Plata, el edificio municipal de Carlos Pellegrini y Diagonal, es que el inmueble no esté catalogado en firme. Ante lo que prometía ser un “verano de la piqueta”, se recurrió a varias estrategias.

Una fue la presentación por parte de diputados de la oposición de varios proyectos para renovar el sistema, por plazos más largos que un año. Como el oficialismo maneja la agenda de las sesiones extraordinarias, cuyo temario es presentado por el Ejecutivo, esta idea no prosperó porque simplemente no fue incluida en lo que llegó al recinto esta semana. La siguiente iniciativa fue presentar un proyecto-ómnibus, que pide catalogar los 140.000 edificios antiguos de la ciudad, para bloquear su demolición.

La diputada María José Lubertino lo hizo por pedido de las ONG patrimonialistas. La sola existencia de un proyecto así impide la demolición de cualquier edificio hasta que se expida la Legislatura, según jurisprudencia de la Cámara porteña.

El amparo ahora concedido fue la tercera estrategia. Según la jueza Andrea Danas, le ordenó al Poder Ejecutivo de la Ciudad congelar todos los pedidos de demolición o reforma de edificios cuyos permisos de construcción o su existencia por catastro sea anterior a 1941.

Según la jueza, la prohibición se debe mantener hasta que la Legislatura trate el tema de fondo y decida sobre la misma existencia del patrimonio de la ciudad
.

No es la primera vez que la jueza Andrea Danas falla sobre cuestiones urbanas. En junio, detuvo también con un amparo la construcción de una torre de 27 pisos de altura en Beruti y Coronel Díaz. Los amparistas eran los vecinos del barrio, reunidos en la Asociación Amigos del Alto Palermo, que denunciaron que el edificio, de 32.000 metros cuadrados, triplicaba el total permitido en la zonificación. En marzo de 2010, la jueza también aceptó el pedido del Observatorio de Derechos Humanos de la Ciudad y frenó la provisión de pistolas eléctricas a la Policía Metropolitana.



viernes, 23 de diciembre de 2011

1941













Las principales organizaciones de defensa del patrimonio edificado presentarán hoy ante la Justicia porteña un amparo para frenar la destrucción de edificios anteriores a 1941.

La movida judicial es en respuesta a la negativa del oficialismo (PRO) en la Legislatura de renovar las leyes de protección del Patrimonio (Ley 2.548 / Ley 3.056 / Ley 3680 y Ley 1227), que crea un procedimiento especial para demoler esos edificios. Junto a proyectos de ley presentados la semana pasada, el amparo es un intento de frenar lo que están llamando un “verano de la piqueta”.

El amparo será presentado hoy por Basta de Demoler, la Fundación Ciudad, Proteger Barracas, SOS Caballito, ProtoComuna Caballito y Salvar Floresta, con el apoyo de una veintena de organizaciones barriales y culturales. El objetivo es pedir a la Justicia que congele toda demolición hasta que la Ciudad cumpla el mandato de la ley porteña Ley 1227 / 2003.

    La norma, que es la ley marco de manejo del patrimonio de Buenos Aires, ordena al Ejecutivo que realice un catálogo general de edificios representativos culturalmente, históricos, simbólicos por su uso o asociación con la memoria barrial y de valor arquitectónico.


La Ley 1227 fue sancionada hace una década, pero sus capítulos sobre patrimonio –entre otras cosas, la creación de un cuerpo de inspectores especializados en la órbita del Ministerio de Cultura– nunca se cumplieron. El catálogo de edificios permitiría definir qué se puede demoler y qué se preservará en un universo de 140.000 inmuebles, algo menos del 20 por ciento del total de la Ciudad. Ana Bas, de Basta de Demoler, explicó a Página/12 que el amparo no fija fechas ni da plazos, sino que “simplemente congela las demoliciones hasta que el gobierno haga su parte y cumpla la ley”.

El actual régimen de protección fue sancionado a fines de 2007, como la Ley 2.548, y creó un sistema por el cual todo edificio con planos de obra anteriores al primer día de 1941 tenía una protección implícita. Quien quisiera demolerlo o remodelarlo tenía que enviar el expediente al Consejo Asesor en Asuntos Patrimoniales, que permitía la demolición o enviaba el caso a la Legislatura para su futura catalogación. Según datos del propio gobierno porteño, este Consejo no fue precisamente feroz en su accionar y de 5242 pedidos de demolición autorizó 4253. Apenas 989 edificios, menos del veinte por ciento de los estudiados, fueron protegidos provisionalmente.



Pese a esta parsimonia, el oficialismo (PRO) ordenó a su bloque que liquidara el mecanismo. Como la ley de protección es un “régimen especial”, debe ser renovada cada año, lo que se hizo hasta ahora sin mayores debates. Pero este diciembre, el diputado PRO CHRISTIAN RITONDO en persona se ocupó de dejar en claro que no iba a pasar “por orden de Macri”.

Entre las reacciones de los grupos patrimonialistas y de diputados de oposición se cuentan la presentación de varios proyectos para renovar la ley por uno o por dos años, y otro que simplemente cataloga todo edificio anterior a 1941. Este último, presentado por los diputados María José Lubertino y Martín Hourest, se basa en el fallo de la Cámara porteña, que prohíbe demoler ningún edificio que esté siendo considerado. (vea UN FRENO A LAS DEMOLICIONES)

Santiago Pusso, de Basta de Demoler, criticó al gobierno porteño en el acto de protesta organizado ayer al mediodía al pie de la Confitería Del Molino.

“Vemos como trasfondo la intención del gobierno porteño de demoler esos edificios para realizar negocios inmobiliarios”
, explicó Pusso. En el acto estaban representantes de las organizaciones que presentan hoy el amparo, y legisladores como Lubertino, Hourest, Susana Rinaldi, Rubén Campos y Adrián Camps.



Otra crítica al gobierno porteño es por su indiferencia a las obras clandestinas que afectan al patrimonio. Un ejemplo que se discutió ayer fue el del local en el histórico edificio Wolf, en Perú y Belgrano. Un vecino denunció ante el defensor adjunto del Pueblo Gerardo Gómez Coronado que se estaba realizando una obra sin permisos ni expediente en el amplio local de la planta baja.

Gómez Coronado envió notas a las direcciones generales relevantes, la de Registro de Obras y Catastro, y la de Fiscalización y Control. Una inspección descubrió que se estaba remodelando el lugar para un local de la cadena Starbucks. La obra siguió pese a las advertencias y fue finalmente clausurada esta semana. Lo que subrayaban ayer los patrimonialistas fue que tuvo que intervenir un vecino para que se “descubriera” una obra ilegal en un edificio histórico en pleno centro. Y que la denuncia fue activada no por el Ejecutivo, sino por la Defensoría del Pueblo porteño.



jueves, 8 de diciembre de 2011

UN FRENO A LAS DEMOLICIONES






En Buenos Aires hay 140.000 edificios de más de 70 años, que quedan indefensos el 31 de diciembre 2011.


La diputada María José Lubertino presentó ayer un proyecto de ley que paraliza las demoliciones de edificios patrimoniales en toda la ciudad.



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El proyecto fue impulsado por 23 organizaciones barriales y patrimonialistas porteñas y fue acompañado por el diputado Martín Hourest. La idea, que llama la atención por lo drástica, fue la respuesta a la iniciativa del macrismo de no renovar la (Ley 2.548 / Ley 3.056) Ley 3680 (Ley de Régimen de Promoción Especial de Protección Patrimonial), la única que defiende los edificios anteriores a 1941. Según explicó Lubertino, donde el oficialismo buscó liberar las demoliciones por vía administrativa, su proyecto busca congelar la destrucción de edificios y crear un catálogo de piezas a salvar que pueda ser tratado en la Legislatura.

El sistema de tratamiento del patrimonio edificado –ver recuadro– vence el 31 de diciembre. Al caer la Ley 3680, la Ciudad revierte al sistema anterior, donde demoler un edificio histórico era un simple trámite administrativo que se aprobaba sin tener en cuenta el aspecto patrimonial. Curiosamente, el sistema hasta ahora vigente nació con el macrismo en el poder, debido a una crisis legal ocurrida en los finales del gobierno de Jorge Telerman, en la primavera de 2007.

En ese momento, la flamante ONG Basta de Demoler presentó un amparo para evitar la demolición de la Casa Bemberg, en Montevideo al 1200. El planteo fue que existía nada menos que un conflicto de poderes de rango constitucional, ya que el Ejecutivo permitía demoler un edificio que estaba siendo considerado por el Legislativo para su catalogación. Pero si se derrumbaba el edificio, los diputados se encontraban con una cuestión abstracta entre manos, con lo que una rama del gobierno no dejaba que la otra hiciera su trabajo. La Justicia concedió el amparo, la Ciudad apeló y la Cámara porteña en lo Contencioso Administrativo y Tributario respaldó el fallo y lo extendió a todos los casos similares. De hecho, le ordenó al Ejecutivo que se abstuviera de dar cualquier permiso de demolición por la sola razón de que existiera un proyecto legislativo.

La solución a la impasse fue crear un sistema alternativo para los edificios anteriores a 1941, fecha elegida simplemente porque la Ciudad realizó durante 1940 un completo relevamiento aéreo que se conserva y sirve como base de datos. El sistema, creado de apuro, funcionó bajo una lluvia de críticas pero sirvió para mediar intereses opuestos y creó de hecho un amplio listado de edificios a preservar, que la Legislatura todavía debe tratar.

Este sistema era provisional y por un año, con lo que a partir de 2008 se creó la tradición de renovarlo por otro más. Así fue que ocurrió, sin mayores sobresaltos, hasta este final de 2011, cuando el macrismo decidió liquidarlo. El momento elegido fue el viernes 25 de noviembre y el lugar, la Comisión de Planeamiento de la Legislatura, que coincidía en horario con la de Finanzas y Presupuesto. Varios diputados de la oposición avisaron que llegarían tarde, por tener que asistir a la otra reunión, pero los miembros del PRO se presentaron a pleno. Allí escucharon a vecinos que reclamaban la renovación, debatieron brevemente algunos temas, firmaron despachos y se fueron. Sólo entonces quedó en claro que no habían aprobado el que renovaba la ley de patrimonio.

En los días siguientes, primero discretamente y luego con toda apertura, los diputados oficialistas dijeron que “la orden vino directamente de Macri”. De hecho, el único macrista que sí había firmado, Patricio Di Stefano, tuvo el inédito gesto de presentarse y retirar su nombre del despacho. Varios diputados de oposición le dijeron a Página/12 que fue inútil intentar revertir la actitud del macrismo. “Te contestan que por algo tienen el 64 por ciento (de los votos)”, contó un diputado. Ni siquiera se pudo obtener garantías sobre la situación legal de los inmuebles ya tratados bajo la ley 3056.

Con toda vía cerrada, Algunas ONG como Basta de Demoler, Proteger Barracas, Protocomuna Caballito, SOS Caballito, Amigos de la Avenida Pueyrredón, Fundación Ciudad, Recoleta Peligra, Vecinos por La Cuadra, Asociación Civil La Imprenta y un largo etcétera que incluye grupos de Boedo, San Telmo, Parque Chacabuco, Saavedra y Palermo, decidieron apoyar lo que terminó siendo el proyecto 2519-D-2011. El texto de Lubertino es simple y pide la catalogación de todos los edificios, públicos o privados, anteriores a 1941 que existan en la ciudad.

“Siguiendo el fallo de la Cámara”, explicó la diputada, “el gobierno porteño no puede permitir que los demuelan por el simple hecho de que este proyecto de ley tiene estado parlamentario. Cualquier demolición que se autorice a partir de este momento es ilegal.”





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Bajo la (Ley 2.548 / Ley 3.056) Ley 3680 (Ley de Régimen de Promoción Especial de Protección Patrimonial), los edificios anteriores a 1941 tienen un régimen especial que permite o no su demolición teniendo en cuenta sus valores patrimoniales, arquitectónicos e históricos.

Todos los expedientes de estos inmuebles son girados al Consejo Asesor en Asuntos Patrimoniales (CAAP), una entidad compuesta por representantes del Ejecutivo, del Legislativo y de entidades civiles como la Facultad de Arquitectura o la Sociedad Central de Arquitectos. En un plazo perentorio, el Consejo debe decidir si el edificio en cuestión tiene o no méritos.

Si lo descarta –“desestimar” fue la palabra elegida– se puede demoler sin más demoras.

Si le encuentra valores, el lugar queda inhibido y la carpeta es girada a la Legislatura para que sea debatida su catalogación final.

El Consejo existía antes de la ley 3056 como un poco conocido ente de asesoría del Ministerio de Desarrollo Urbano, tiene sede en esa dependencia y recibe de ella su muy escasa infraestructura. Pese a que nunca quedaron en claro los criterios con que se elige preservar o “desestimar”, y a una gran cantidad de irregularidades en el manejo de un tema que implica millones de dólares en negocios inmobiliarios, el Consejo terminó recomendando que se preservaran varios centenares de edificios. De hecho, su misma existencia se transformó en una fuente de constantes reclamos de los desarrolladores inmobiliarios que vieron demoradas sus obras.




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sábado, 3 de diciembre de 2011

LAS MELLIZAS de Paseo Colón al 900










Hay unos pocos edificios que se ganan el honor de ser conocidos por su nombre, como el Kavanagh, y poquísimos que se ganan un sobrenombre. Tienen que tener su magia, un enganche de encanto que los haga recordables, lo que explica que en general tenga torrecitas o miradores, o tengan cara de alojar fantasmas. El único edificio público que se mereció este mimo es el que aloja el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, que levanta sus mansardas en Paseo Colón al 900. A los taxistas hay que indicarles la altura y decirles simplemente que uno va a Las Mellizas.

Quien pase por ese borde de San Telmo verá un flamante andamio y un cartel que avisa que Las Mellizas están siendo restauradas. Los trabajos empezaron hace rato y ahora se hacen visibles porque llegan a las fachadas. La historia empieza en realidad el año pasado, cuando el ministro Julián Domínguez formó un equipo de trabajo centrado en la Subsecretaría de Coordinación Técnica y Administrativa. En un gesto raro y refrescante, Domínguez no sólo ordenó respetar la ley que indica que todo edificio del Estado de más de 50 años debe ser restaurado y no “renovado” o “reciclado”, sino que pidió el máximo rigor histórico posible.

A los dos edificios les hacía falta esta orden, porque no sólo llevaban un fuerte atraso en mantenimientos básicos, sino que habían sido atacados por esa comezón de “modernizar” que dejó el tendal, sobre todo en la dictadura. En el ministerio abundaban los techos pintados de marrón, para “bajarlos” visualmente, los cielorrasos flotantes para bajarlos en serio, y también acumulaciones de lámparas diferentes, equipos de aire acondicionado y colores indebidos.

El original al que se busca volver tiene una historia realmente notable. Las Mellizas nacieron a destiempo, con el edificio del 982 –a la derecha de la foto– planeado en 1911 como Asilo Nacional Nocturno de la Capital Federal. Los planos de la Dirección General de Arquitectura del entonces Ministerio de Obras Públicas creaban un edificio de 52 por 52 metros de planta, un semisubsuelo, tres pisos y una mansarda, para alojar a 375 hombres, cien mujeres, 25 niñas y 40 niños –una fórmula hoy incomprensible– sólo por las noches. El Asilo iba a contar con peluquería, baños y consultorios médicos, y se complementaba con dos vecinos menores –hoy la Dirección Forestal– para lavandería y cocheras.

Pero el Asilo nunca fue asilo, porque al inaugurarse en 1919 ya estaba destinado a Agricultura. Esto explica un aparente misterio, que es la cantidad de divisiones y equipamientos que obviamente no estaban en los planos originales, pero se realizaron con materiales de la misma época. La deducción es que con el edificio casi terminado se dividieron las grandes salas del plan original en oficinas.

La segunda hermana, en el 922, fue inaugurada exactamente diez años después, como sede de YPF. Los edificios se imitan exteriormente, pero son muy diferentes en lo material: el primero tiene estructura metálica y enladrillado, con ventanas y puertas de madera, el segundo es de hormigón y exhibe en su patio ventanales de metal y un claro aire racionalista. Como se sabe, YPF se mudó rápidamente a su magnífica sede de la Diagonal Norte, ella sí de un racionalismo brillante, y Agricultura se quedó con ambas sedes en Paseo Colón.



Los trabajos que ordenó el ministro Domínguez combinan la restauración con el reequipamiento. Por un lado, hay complejos planes para instalar sistemas de aire acondicionado –sólo el 922 tiene un sistema central, muy pequeño en capacidad– y de informática. Por el otro, un tratamiento completo de los dos edificios para devolverles su aspecto original. En los patios centrales se alzan andamios y se trabaja en restaurar las envolventes, recuperar celosías y ventanales, cegar aperturas malpensadas y agregadas con los años, y retirar un bosque de cables y caños. En ambos casos se encontraron edificaciones menores que tomaban buena parte de los patios y se encaró reconstruir molduras y texturas perdidas. Tras mucho cateo y pruebas de color se logró una combinación que reproduzca el tono original del símil piedra, ya perdido bajo capas y capas de pintura.

En los interiores, se recuperaron los infinitos peldaños de mármol de las escaleras y se pintaron las barandas del gris oscuro original, retiraron el inefable verde inglés que tenían. Mientras, se cateaban los pasillos para descubrir la paleta original, que resultó de lo más vibrante. Es que el ministro Domínguez tenía la idea de transformar el pasillo del primer piso del 982 en un espacio histórico. El lugar es el único que conserva sus lámparas de bronce de 1919, sus puertas y peldaños de mármol, y hasta algunos muebles. La primera tarea fue retirar el embaldosado de la década del treinta y mandar a hacer encáusticos que reprodujeran los encontrados por debajo de alfombras pegadas. El pasillo ya luce como el original, con un color durazno que sorprende por lo poco ministerial, pero es el que se descubrió cateando.

Otra aventura fue recuperar algo del equipamiento perdido. De los muebles de 1919 queda alguna muestra, pero de las lámparas queda nada. Con una foto de 1920 se pudo detectar un modelo y, foto en mano, encontrar una pieza idéntica. Pero sólo una, con lo que se encargaron cien reproducciones para instalar donde estuvieron hace noventa años. Lo mismo ocurrió con las pérdidas farolas exteriores, reemplazadas por unos farolitos casi descartables con la única excepción de un par de nobles piezas de bronce que sobrevivieron.



El ministerio está viviendo apenas la primera etapa de un trabajo raramente visto entre nosotros. Las fachadas comenzarán a ser restauradas apenas se terminen los estudios técnicos que guían estos trabajos. Luego se seguirá con infinitos trabajos de recuperación de espacios interiores, que van desde unificar la colección inverosímil de artefactos de luz de los dos edificios, a reabrir puertas cortadas y bajadas. Sólo en pinoteas hay hectáreas de bosques canadienses y eslovenos a retomar y pulir.

Ya la escala de Las Mellizas hace que todo este proceso sea notable, pero además está su ubicación, en plena Area de Protección Histórica 1 y sobre una avenida que es una vidriera urbana. En estos tiempos de piqueta y pérdidas para el patrimonio, esta restauración es un hito.





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