LA CASA DE ALFONSINA

La última casa que habitó Alfonsina Storni en la ciudad de Buenos Aires, a pesar de que estaba protegida por 2 proyectos de ley, fue tirada abajo para construir un edificio. Se trató de una demolición ilegal y clandestina. La construcción estaba ubicada en Terrada 578, en el barrio de Flores.

El patrimonio cultural de una ciudad o de un país está dado no sólo por los elementos que sus antepasados han dejado para la sociedad (tales como escritos, pinturas, melodías, etc) sino también, por las instituciones o edificios que rescatan la memoria de un tiempo.

Terrada 578, entre las calles Dr. Juan F. Aranguren, y la Avenida Avellaneda: aunque la casa no tenía valor arquitectónico, sí tenía valor patrimonial e histórico porque allí vivió Alfonsina hasta aquel viaje a Mar del Plata en que se suicidó en el mar, en octubre de 1938.

Por este motivo, contaba con la protección preventiva que le daban dos proyectos de ley, ambos aprobados en primera lectura en la Legislatura porteña, y que buscaban brindarle distintos grados de protección. Uno de ellos proponía catalogarla con nivel de protección cautelar, preservando su fachada . El otro impulsaba su declaración como Patrimonio Cultural de la Ciudad de Buenos Aires. Por lo tanto, la casa no podía ser intervenida ni demolida hasta que los diputados votaran los proyectos en segunda lectura.

Cómo cualquier monumento con importancia histórica, cultural y simbólica, esta vivienda se encontraba bajo el amparo de las leyes de protección del Patrimonio (Ley 2.548 / Ley 3.056 / Ley 3680 y 1227). Esas normas protegen, preservan y promocionan la transmisión “a generaciones futuras del Patrimonio Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.

No obstante, dos proyectos de ley habían sido votados por la Legislatura porteña en primera instancia, para catalogar el lugar con nivel de protección cautelar y así declararla como integrante del Patrimonio Cultural de la Ciudad de Buenos Aires. También era parte del Área de Protección Histórica Barrio de Flores, enunciado en el Proyecto de Ley Nº 5604-D-98, presentado por la Diputada Lilia Saralegui.

“La demolición fue clandestina e ilegal –confirmó el diputado saliente del PRO Patricio Di Stéfano, autor de uno de los proyectos–. La casa tenía protección preventiva y no se la podía tirar abajo. Además, no contaban con permisos para hacerlo. Debiera haber una pena ejemplificadora para los responsables”.

“El Gobierno de la Ciudad estaba advertido por esta Defensoría de la posible demolición”, denunció el defensor del Pueblo adjunto porteño Gerardo Gómez Coronado. Desde agosto de 2010 había una actuación para preservar la casa abierta en la Defensoría, a la que el 30 de agosto pasado la Dirección General de Registro de Obras y Catastro de la Ciudad le informó que no habían expedientes activos con permisos de obra para Terrada 578.

Ante el hecho consumado, Gómez Coronado reclamó que el Gobierno porteño aplique las sanciones previstas para los responsables de la demolición de edificios catalogados. Una de estas penas, es sólo permitirles construir el 70% de la superficie que demolieron.

Los vecinos de Flores ya habían frenado un intento de demolición en 1997 y querían que la casa se convirtiera en un centro cultural dedicado a la literatura.


Gerardo Gómez Coronado, defensor del Pueblo adjunto de la Ciudad en un comunicado de prensa opinó: "Desde agosto de 2010 remitimos oficios al Gobierno consultándolos sobre permisos de obras y/o demoliciones en esa finca. El 30 de marzo de este año informaron desde la Dirección General de Registro de Obras y Catastro de la Ciudad que no había expediente activo con permiso de obra. Por lo tanto el GCBA no puede aducir desconocimiento sobre la posibilidad de su demolición ni sobre la importancia del inmueble. Urge que el GCBA aplique las sanciones previstas para la demolición de edificios catalogados".

En una sociedad donde violar la ley se ha vuelto un hecho común, la ciudad de Buenos Aires está desfachatadamente llevando la delantera en demoliciones. Parece que, los vestigios culturales de la Ciudad no es un tema relevante para la agenda del PRO.

infonews.com

TWIST Y GRITOS PRO EN FLORESTA

La asunción de los nuevos comuneros porteños transcurrió en paz en todos los barrios de la Ciudad Autónoma, salvo en Floresta, donde los representantes del PRO terminaron a las piñas. Se enfrentaron dos grupos, uno que responde al saliente jefe del CGP 10, Osvaldo Vega, y otro a quien fue como cabeza de lista, Agustín Ferrari. Luego de la escena de pugilato, la policía intervino y desalojó el edificio de Bacacay al 3900.

Todo comenzó cuando Ferrari le reclamó a Vega que desocupara las oficinas y entregara las camionetas a su disposición. Pero el ex dirigente de la décima comuna no tenía intenciones de irse del cargo, a pesar de que había ido tercero en la lista, luego de Ferrari y Diana Patané y antes de Teresa Fernández. De hecho, no sólo pretendió mantener su espacio de trabajo, sino que a la hora de la asunción de la Junta Comunal estalló la pelea porque Vega habría intentado ser ungido nuevamente como presidente. Según comentaron fuentes del CGP 10, “pensaron que (Ferrari) era un pelele, que les iba a dejar el lugar, no se imaginaron que iba a pasar esto”.

Durante la campaña, Ferrari había organizado un acto al que acudió el jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri. “Fue un día con todo el circo y como le debían favores lo pusieron de cabeza de lista”, explicó la fuente. Ayer, lejos de ceder su lugar, Ferrari se presentó con un contador y un abogado y apareció en el CGP con un grupo de gente para apoyarlo. “A mí me votaron y ahora mando yo”, dicen que dijo. Como no hubo acuerdo posible y la asunción terminó a las trompadas, por la tarde un grupo se quedó adentro del edificio y otro en la esquina, pero sin diálogo ni negociaciones.

Agustín Ferrari tiene 54 años, está casado y tiene una hija. De histórica familia radical, trabajó en la actividad privada, pero hace 20 años se desempeña en oficinas públicas. Hasta ahora no había sacado los pies del plato del PRO. En plan proselitista, rescató las bondades del Metrobús, que circula por avenida Juan B. Justo, “para que los vecinos puedan viajar mejor y llegar antes a sus casas y sus trabajos”.

Osvaldo Vega fue recientemente muy cuestionado por su intervención en una asamblea de la Mesa Barrial de Participación Comunitaria de Seguridad, donde vecinos autoconvocados presentaban un mapa del delito ante autoridades nacionales y locales. “Quieren que terminemos como Cuba, acá son veinte vecinos que no pueden decidir por todo el barrio”, habría dicho el entonces jefe del CGP 10. Los propios funcionarios macristas que estaban presentes lo calificaron por lo bajo como “impresentable”. Vega responde al legislador radical PRO Oscar Zago, que a su vez reportaría al flamante presidente de Boca Juniors, Daniel Angelici. Los vecinos sostienen que en lugar de acompañar sus reclamos, se dedica a desinformar, como cuando repite que “esos de La Alameda manejan prostíbulos”, en alusión a la fundación que denuncia la trata y el trabajo esclavo.

Cuando se pongan de acuerdo, si es que lo consiguen, los comuneros de la 10 tendrán que ocuparse de la seguridad en los seis barrios del distrito, donde aún no trabaja la Policía Metropolitana, así como de otras preocupaciones de los vecinos, como los talleres clandestinos y la poda de árboles, aunque las realidades de Villa Real, Monte Castro, Versalles, Villa Luro, Vélez Sarsfield y Floresta son bastante diferentes.

Página 12