El gobierno porteño se lució haciendo obras dañinas y caras. Amparos,
vecinos movilizados y un par de agachadas legislativas en un año movido...
Este fue el sexto año del macrismo en funciones y es posible decir que hubo apenas dos límites a su política de cuidar a la especulación inmobiliaria. Uno fue la militancia activa y los amparos constantes de los patrimonialistas, que mantuvieron la presión para no quedarnos sin ciudad. El otro fue la recesión específica que sufrió esa industria cuando le apretaron las clavijas al pago de propiedades con valijas llenas de dólares, como si fuera cocaína. Al tener que declarar el dinero y usar un banco, se cayeron cientos de operaciones, lo que demuestra el carácter especulativo de la industria y explica por qué se construye tanto que queda tan vacío por tanto tiempo. La industria como le gusta a Mauricio Macri construye estacionamientos de dólares y no viviendas.
Lo mejor que se puede decir de este 2013 es, por tanto, que no hubo tantas demoliciones clandestinas como suele haber y como todavía hubo en 2012.
Los controles siguieron siendo magros, porque la industria tiene sus privilegios y zafa de todas si los vecinos no se mueven. Las mayores batallas fueron por obras del mismo gobierno porteño, que se lució como corresponde a un año electoral.
La primera batalla, que lo fue literalmente, fue por
los terrenos del Borda, el hospital psiquiátrico en los que insistían en construir un nuevo centro cívico. En principio, el negocio es construir una fea torre, primera fase de un conjunto de torres, para mudar el Gobierno de la Ciudad todo a un lugar. La excusa es reactivar el sur de la ciudad, la misma que permitió inventar negocios como el distrito tecnológico y el risible
distrito de las artes.
En el caso del Borda,
la batalla fue entre la Metropolitana y todo el que se le cruzó, pacientes y médicos incluidos, cuando demolieron uno de los talleres protegidos. Como hacen siempre, los funcionarios no le habían avisado a nadie y todo terminó con una extrema violencia, con amparos y con causas abiertas. De paso, quedó nuevamente en claro que la Metropolitana es otro caso particular de la incompetencia general del macrismo, una fuerza flamante con todas las mañas de las peores policías e incapaz de manejar ninguna situación sin violencia.
La segunda batalla fue por suerte pacífica y fue la que trató de frenar
la destrucción de la avenida 9 de Julio. El metrobús en ese ámbito es una pésima idea, que implicó arrasar con el parque lineal, “transplantando” árboles de mala manera y eliminando muchos metros cuadrados de verde. La idea es tan tonta, que la Metropolitana lleva más de cinco meses gastando en horas extras para poner un agente en cada cruce y dos en el Obelisco para evitar que alguien doble a la izquierda. Es el único metrobús de este planeta que necesita custodia policial para suplir su imposibilidad material.
Pero lo que importa es que se gastó un dineral en contratos y todavía falta gastar el doble en túneles.
Todo este dinero no se gastó en hacer historia en, por ejemplo, mandar al pasado la idea de que esta ciudad se inunda.
Hubo inundaciones terribles y nada indica que no se repitan. El problema con estas obras es que no se ven –son subterráneas– y no son sexies porque sirven para evitar que algo malo suceda. Cuando se es tan frívolo como este gobierno, esto sirve para relegarlas al archivo, en particular porque pocos amigos del jefe se dedican a ese rubro.
Más rentable es tomar medidas en apariencia misteriosas, como la que le transfirió 37 plazas, plazoletas y espacios verdes menores a la Secretaría de Comunas. Este organismo es el que famosamente se puso a hacer obras públicas “por pedido de los vecinos”, que siempre terminan costando el doble de lo ya abultado que gastan Espacio Público o Desarrollo Urbano.
Las obras son feas y bastante inútiles y se concentran en triangulitos urbanos como las miniplazas de Rivadavia y Río de Janeiro o Entre Ríos y Garay. Esta caja de financiamiento ayudó en la campaña de este año y evidentemente está siendo preparada para la presidencial de 2015.
Pero no todas le salieron bien al macrismo en funciones. Así como el Borda parece haber quedado para el futuro, la remodelación del Parque Lezama se les está poniendo más que difícil. Sucede que el parque es monumento histórico nacional, aunque con límites no muy claros. Para el gobierno porteño, lo protegido es el museo y su jardín intramuros, pero para la Comisión Nacional de Museos y de Monumentos y Lugares Históricos es todo el parque. Con lo que el nivel nacional le puso un freno durísimo al negocio de arruinar el parque. Viendo lo que están haciendo con los demás parques que arruinaron con cementados interminables y el mal gusto de las nuevas peatonales del centro, con esos faroles chinos y materiales de baja calaña, hace bien la comisión.
También se pudo frenar la casi cómica historia de hacer
una estación de subte en la plaza Intendente Alvear, aunque la ley dice que debe hacerse en la Plaza Francia. Para ahorrarse algún mango, la empresa estatal de subtes Sbase cerró la curva y decidió que la Alvear era en realidad la Francia, cosa que su titular le dijo en la cara al juez que fue a hacer una inspección ocular. El magistrado se quedó duro por unos segundos, decidiendo si lo estaban cargando o le estaban faltando el respeto, y decidió dejar pasar la frase del funcionario porteño (“Es la Alvear, pero le dicen Francia, doctor”). El amparo fue durísimo y este año el gobierno porteño se rindió, tapó el pozo, contrató a un amigo para cementar el camino, plantó algunos arbustos y se enfurruñó en no hacer nada una estación en ese barrio.
La venganza fue sacar de servicio a las brujitas, los históricos vagones de madera del subte A, mentirosamente declarados inseguros. Después de mucho discutir, el gobierno porteño logró dejarlos tirados en playas diversas, tapados con lonas de camión y listos a ser regalados o vendidos, plan anunciado con orgullo en
la misma Sociedad Central de Arquitectos, que no debería prestarse a estos chivos oficialistas. La Legislatura tiene al voto un proyecto que hará restaurar un puñadito de trenes que circularán cada tanto, como un juguete cultural, y hasta permite desafectar como patrimonio los que se vendan o regalen.
La misma táctica legislativa se siguió para blanquear
el injustificable retiro de adoquinados en toda la ciudad. Los contratistas, hartos de ver las obras paralizadas por los vecinos y los amparos, exigieron una solución y el macrismo obedeció presentando una ley que pretendía dejar algunos cientos de cuadras intactas por ahora y cargarse miles más. Tuvieron que negociar y la cosa quedó un poco por Ubeda gracias al encargo de que cada comuna haga un listado de cuadras a preservar. El arquitecto Marcelo Magadán, que es afinadamente práctico en estas cosas, descubrió que el listado de base estaba completamente falsificado y le faltaba un muy grande porcentaje de cuadras empedradas.
En Floresta siguieron padeciendo el descontrol comercial, desatado por la fiaca oficial de hacerse obedecer y hacer obedecer la ley. Los vecinos tuvieron que pedir amparos y hacer guardia hasta para evitar que les pusieran una Saladita en la cinta verde que sigue unas cuadras de la vía. Esa cinta fue un triunfo cívico, porque el macrismo quería construir locales, cosa que iba a ocurrir de ocupas nomás. También hubo un par de dolidas demoliciones clandestinas en el barrio y se conocieron absurdos como los locales ampliados sin permiso y jamás inspeccionados, al extremo de que figuran en las fichas catastrales como algo más chico de lo que son –generalmente, con pisos de menos– y son habilitados a ciegas, sin que nadie se moleste siquiera en ir a mirarlos.
Entre las pérdidas del año figuran el cierre misterioso de la confitería London, en Perú y Avenida de Mayo, brillantemente realizado para evitar la legislación que protege los cafés notables. La vieja planta baja de Gath & Chávez sección bazar tenía una mesa en homenaje a su cliente más famoso, Julio Cortázar, y sería bueno saber qué pasó con la libreta de apuntes que exhibía. Otro susto fue en la vecina y también cerrada confitería Richmond, que apareció repentinamente en una página web de remates gastronómicos. Como el lugar está protegido por un amparo, la venta era ilegal, con lo que los amparistas lo abrazaron simbólicamente y llevaron volantes avisando a los posibles compradores que estaban quebrando la ley y enfrentarían sanciones penales. El remate no se hizo, al menos en vivo y en la confitería.
Hablando de bares notables, siguen boqueando Los 36 Billares de la Avenida de Mayo, un boliche más que centenario que amenaza cerrar y dejarnos sin un pedazo de historia.
Otro sobresalto fue el anuncio de la venta del edificio del gimnasio del Círculo Militar, el baluarte de lo peor del Ejército de este país y sede de reportajes a la prensa extranjera donde los represores contaban qué buenos que eran y qué bien le habían hecho a la patria. Resulta que un lado del terrenote del palacio de los Paz da a Esmeralda justo antes de Santa Fe, formando un lote de doble frente. Ahí hay un gimnasio que los socios acaban de votar que será vendido, demolido y transformado en algo grande y rentable que termine de romper la línea urbana.
En varios de estos casos –Parque Lezama, Círculo Militar– se empezó a notar una presencia hasta ahora escasa en estas lides, la de la Comisión Nacional de Museos y de Monumentos y Lugares Históricos. Por causalidad o porque es el único ente federal presente, el CAAP (Consejo Asesor en Asuntos Patrimoniales de la Ciudad) cambió su habitual proporción de 34 demoliciones por cada protección.
La sorpresa legislativa de un año bastante penoso en materia de leyes porteñas fue que los vecinos de Barracas lograron un paquete que protege cuarenta edificios en su barrio y en San Telmo, y que se aprobó por fin el régimen de penalidades de la Ley 1227. Esta ley es la única que define el patrimonio en nuestros códigos y llevaba diez años cajoneada por sucesivas administraciones. Silvia Fajre, cuando era funcionaria de Ibarra y de Telerman, la escondió hasta que la entonces diputada Teresa de Anchorena la apuró con un amparo, pero siempre quedó en la nada el régimen, que es lo que le da dientes y autoridad. Un valiente intento a principios del macrismo quedó en la nada cuando lo vetó
el ministro de Desarrollo Urbano Daniel Chaín, que le mostró así a su colega de Cultura Hernán Lombardi quién manda. Esta vez, la ley se completó con fuertes multas y hasta la obligación de reconstruir lo que se demuele sin permiso.
A nivel nacional hubo dos novedades, ambas en el Congreso. Por un lado, el año se fue en la batalla por lograr la sanción del casco histórico de la ciudad correntina de Goya, aprobada por el Senado hace exactamente un año y por unanimidad, y bloqueada por intereses muy de cabotaje. El tema hasta le costó la re-reelección al intendente de Goya, que perdió ante el candidato kirchnerista con el voto de gente que juró que nunca votaría K, pero sigue trabado en la Cámara baja, pese a los intentos de varios diputados por destrabarla.
Todo esto ocurre frente a un verdadero ejemplo de cuidado del patrimonio, el plan del presidente de la Cámara Julián Domínguez de restaurar el Palacio Legislativo. Con un año encima, los trabajos ya están asombrando y mostrando un rigor muy raro en estas costas. Lo más visible ahora es el estado del recinto, que brilla con sus colores originales y su pintura de época, limpia pero no reemplazada. Y este verano se descubrirán las réplicas de las esculturas de Lola Mora que fueron retiradas del frente en 1923, un caso extremo de puritanismo.
Otro caso que tocó el nivel nacional fue
el sainete del monumento a Colón, que enfrentó a la Ciudad con el gobierno federal de un modo que llegó a inventar un área de protección histórico medio absurda, pero que podía fastidiar a la Casa Rosada. Pero pasaron las elecciones y hubo un acercamiento entre las partes que dejó descolocados a los que le creyeron al macrismo que realmente pensaba en proteger el patrimonio... en fin, el monumento será seguramente recolocado en otro punto de la Capital y todos en paz y, esperemos, con algunas lecciones aprendidas.
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