Qué está pasando en Sudamérica. Con el Pueblo chileno en las calles, Lula libre en Brasil y Alberto futuro presidente de Argentina, se sienten aires frescos que podrían ayudar a desterrar el neoliberalismo en en la región, pero...
LO QUE NO TE CUENTA LA TELEVISIÓN
Las derechas han sido siempre las que convocaron golpes y dictaduras, las que hicieron fraude o se basaron en promesas huecas. El respeto de los marcos democráticos no es una concesión de los movimientos populares a las derechas, sino que es una necesidad y funciona en su propio beneficio.
Pero la experiencia demuestra que para defender los procesos democráticos, los movimientos populares deben profundizar las democracias con herramientas que neutralicen los intentos golpistas o las acciones destituyentes.
A través del manejo de sectores del Poder Judicial, de grupos militares o policiales, o de las grandes corporaciones de medios, los grupos dominantes han intentado --y la mayoría de las veces han logrado-- desgastar y deponer gobiernos populares y democráticos. No hacen diferencias. Todo lo que no sea como ellos quieren, todo gobierno que no satisfaga plenamente sus intereses, ha sido maltratado de la misma manera.
En Bolivia, la derecha está usando ahora a las fuerzas policiales, que se han rebelado contra el gobierno democrático y popular de Evo Morales.
Los estándares institucionales del gobierno boliviano son muchísimo más democráticos que los de Jair Bolsonaro en Brasil, Mauricio Macri en Argentina y Sebastián Piñera en Chile. Por lejos...
A CONFESIÓN DE PARTE...
Chile arde. Estalló la bronca, el descontento la definitiva asunción de lo injusto que es el sistema económico y social, heredado de la dictadura de Pinochet y nunca realmente enmendado. Se suceden en estas horas los análisis y los analistas y se llega a una conclusión unánime: el problema de raíz está en la desigualdad estructural de la sociedad chilena. Léase bien: estructural, estructurado, inmóvil. No producto de una crisis económica pasajera, de la caída de los precios de las commodities o de la guerra comercial entre EE.UU. y China. Es una desigualdad instituida y sostenida en el tiempo. Es estructural en tanto condicionó los comportamientos sociales entre las clases y sectores, con paciencia y conformismo. Hasta ahora.
Este estado de cosas ya fue objetado en Chile en las llamadas protestas de los “pingüinos” en 2011 y 2012, protagonizadas por estudiantes secundarios que reclamaban por las restricciones que el sistema educativo chileno generaba para gran parte de la población, incluso los que estaban dentro de él. Y esas protestas representaron dos cosas: por un lado, y más allá del foco en la educación, mostraba el descontento con un estado de cosas que era mas profundo, a la vez que era la primera protesta masiva post-dictadura y, no casualmente, interpretada por muy jóvenes, es decir la primera generación de ciudadanos nacidas en democracia. Pero, por otro lado, ese sentido profundo de la protesta de los “pingüinos” se fue diluyendo en la medida que mucho de sus líderes (el caso paradigmático fue Camila Vallejos) fueron encantados y subsumidos en la política institucional, devenidos candidatos en distintos puestos y generalmente por partidos de izquierda.
Y aquí una de las cuestiones que emerge como central en la rebelión de estas horas: el sistema político chileno y su funcionalidad en haber permitido la estructuración de la desigualdad económica, social, cultural que impera en Chile.
La transición post-dictadura en Chile pareciera haberse gestado y sostenido por un acuerdo no tácito, pero efectivo, entre la Concertación de partidos que enmarcó las primeras presidencias en democracia y la nueva burguesía chilena (los pinorich, se los denominaba en la transición) emergente de las reformas económicas y el “milagro chileno” durante la década final de la dictadura. Ese “pacto” implícito puede haber tenido una forma tal por la que se respetaba definitivamente la institucionalidad democrática a cambio que los sucesivos gobiernos democráticos no mellaran las reglas de juego de una economía que, claramente, había gestado ese modelo de acumulación social. Y esa fue la dinámica del proceso histórico chileno desde principio de los ’90 hasta ahora, por lo cual las relaciones de fuerzas devenidas de la economía se trasladaron a los comportamientos e imaginarios sociales.
Después de casi treinta años, esa dinámica societal, precisamente en su dinámica, es decir en su desarrollo, gestó una política inmóvil, no reformista, a la par de un modelo de acumulación que fue enriqueciendo progresiva y permanentemente a un sector minoritario de la sociedad, obviamente a costa de una mayoría social que solo a gotas y de vez en cuando mejoró su situación relativa. Política nula, economía dinámica. Política democrática, economía injusta.
Bolivia arde. Los antecedentes de quienes se oponen a Evo Morales merecen un párrafo aparte. No es que estén agotados por casi 14 años de un gobierno tiránico; quisieron derrocar al “indio” –el Presidente más votado de toda la era democrática— desde el primer minuto que asumió la presidencia.
Para ello no dudaron en sumergir a Bolivia en un proceso separatista que puso las cosas al borde de una guerra civil (2006-07-08). Más de una década después se muestran dispuestos a la misma aventura. Ya lo dijo el líder “cívico” de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho: Es ahora o nunca.
No esconde otra cosa que un golpe de Estado.
Camacho es la apuesta electoral de Michael Kozak, un halcón recientemente designado como subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental (América Latina).
El líder cruceño se muestra como presidenciable pero descarta ser candidato, al tiempo que se pelea públicamente con los principales referentes de la oposición y declara sentirse asqueado al ver qué intereses personales quedan por encima de la Nación.
El cívico es un empresario salpicado por los Panamá Papers e impulsa un mensaje radical y mesiánico. Muy libre de cuerpo, es capaz de lanzarle un ultimátum de 48 horas al Presidente para que presente su renuncia, mientras no se cansa de repetir que no tiene intereses políticos.
Camacho ha anunciado que este lunes se dirigirá junto a los otros sectores alzados hacia el Palacio Quemado para entregar y obligarle a firmar su famosa carta de renuncia a Evo Morales. Parece buscar más enfrentamientos y muertos para endilgarle al Presidente.
Anteriormente y aclamado ante miles de sus seguidores en Santa Cruz, llegó a afirmar que en una sola jornada el gobierno gastó más de 18 millones de dólares para matar y reprimir a su pueblo. Es el momento en el que puede lanzarse cualquier tipo de acusación infame sin dejar de recibir ovaciones. No hay registro de fallecidos y ni siquiera de ningún herido de bala por el accionar de las fuerzas de seguridad. Sin embargo en las marchas opositoras no paran de gritar “Evo asesino”.
Desde que los líderes regionales (el cruceño no es el único) lanzaron su medida de paro cívico nacional e indefinido de carácter pacífico, Bolivia revivió sus peores escenas de odio étnico impulsadas sistemáticamente por los detractores del mandatario. Como no pueden llegar a Morales, muchos “cívicos” optan por golpear a mujeres de pollera.
Los “indios” no se quedan quietos, salen a las calles, intuyo que más que para defender al gobierno, para defenderse a sí mismos. En ciernes, la posibilidad de un conflicto civil de proporciones.
Las últimas elecciones
El reciente triunfo electoral de Evo Morales en primera vuelta con una diferencia del 10,6% respecto del segundo, Carlos Mesa, lo consagra Presidente por cuarta vez, según el escrutinio oficial llevado por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) boliviano.
Sus antagonistas, sin embargo, desataron tempranamente sus cuestionamientos y su ira, y convocaron a sus seguidores a la acción directa en un momento en que sólo se conocían datos electorales preliminares. El primer grito de guerra de la oposición provino del derrotado Carlos Mesa quien, ante la suspensión del conteo provisorio, declaró: “La ciudadanía no va a aceptar esta votación, no va a aceptar este resultado que está totalmente tergiversado y amañado”. Y llamó a “defender el voto en la calle”.
Es curioso y revelador lo anterior. Bolivia tiene un Sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP) y también un escrutinio oficial que realiza TSE. El primero se detuvo por cuestiones técnicas con el 83,79% de los sufragios contabilizados, que arrojaban el siguiente resultado: 48,5% para Morales y 38,16% para Mesa. Conforme a estos guarismos –que eran, vale reiterarlo, preliminares y por ende provisorios, es decir no definitivos— había segunda vuelta pues Morales tenía menos que el 50% de los votos y no superaba por 10% a su rival. Vale decir que Mesa calificaba de amañado y tergiversado un resultado que, prima facie al menos, no era espurio y que además ¡lo beneficiaba!
Su postura en ese momento inicial fue incomprensible y hasta un poco ridícula. Es como si hubiera estado guionado y hubiese reaccionado sin tener en cuenta lo que aquellos números verdaderamente indicaban. Por otra parte, en lo que se refiere a la defensa del voto en la calle merece ser mencionado que fueron tomados por asalto los Tribunales Electorales Departamentales (TED) de Santa Cruz, Potosí y Sucre. (Los TED son los responsables del conteo oficial en sus respectivas jurisdicciones y del envío de sus resultados al TSE). En base a esos guarismos provisorios e incompletos del TREP hubo también manifestaciones de repudio y de protesta –no precisamente pacíficas en todos los casos— en esas tres ciudades, así como en Tarija y La Paz.
En rigor, la acusación de fraude venía madurando desde bastante tiempo atrás, asociada al referéndum del 21 de febrero de 2016, cuyo objetivo había sido aprobar o rechazar una propuesta de modificación constitucional que permitiese la reelección a Presidente y Vicepresidente por “dos veces de manera continua”, según rezaba en la pregunta a responder por sí o por no.
El resultado de la consulta fue 51,3% a favor del no y 48,7 en favor del sí, de modo que la iniciativa no prosperó y el régimen político-electoral quedó como estaba, es decir sin segunda reelección. Debe ser consignado que estos números fueron lastrados por una fake news que mermó el apoyo al sí. Dos semanas antes del comicio se denunció que Evo tenía un hijo que ocultaba, cuyo nombre era Ernesto Fidel Morales, información a la que se le dio una amplia difusión mediática. Finalmente se demostró que todo era falso pero después de la consulta, cuando el daño para el sí ya había sido causado.
Bajo estas condiciones ¿cómo pudo llegar a participar la fórmula Morales-García Linera en las recientes elecciones de este año?
Tiempo después del antedicho referéndum, el Movimiento al Socialismo (MAS), partido al que pertenece Morales, presentó un recurso ante el Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia por el que reclamó la inconstitucionalidad de la normativa que había quedado vigente y sin modificar. El 28 de noviembre de 2017 aquel emitió su fallo en favor de lo planteado por el MAS. Con base en lo establecido por la Convención Americana de Derechos Humanos —conocida también como Pacto de San José, pues fue firmada en la ciudad capital de Costa Rica en 1969— argumentó que los derechos políticos recomendados por dicha Convención debían priorizarse por encima de los límites a los mandatos consecutivos establecidos en la Constitución. Declaró además inconstitucionales cinco artículos de la ley electoral boliviana.
Esta sentencia tiene plena validez jurídica aunque disguste a la oposición. Y fue aceptada, y aplicada como correspondía, por el Tribunal Supremo Electoral, sobre el que cargaron los adversarios de Morales en un último esfuerzo por hacerlo descarrilar y sacarlo del juego electoral, que no tuvo éxito.
La insurgencia contra Evo es de vieja data y no ha reparado en el pasado ni repara hoy ni en argumentos ni en cursos de acción. Prefiere no menear el ya mencionado caso del inexistente hijo del Presidente, que no tuvo nada de democrático ni de juego limpio. Padece amnesia, también, respecto de la pretensión de los departamentos de Beni, Pando, Santa Cruz y Tarija que, en 2008, sancionaron estatutos de autonomía anticonstitucionales y se negaron a obedecer al gobierno nacional.
El secesionismo de las clases altas blancas o mestizas, económicamente poderosas y políticamente influyentes, permanece hoy larvado. Este sector, que es la usina de la oposición a Morales, lamentó asimismo la expulsión del entonces embajador de los Estados Unidos, Philip Goldberg, también en 2008, por entrometerse en asuntos internos del país. Y deploró la nacionalización de los hidrocarburos, la estatización parcial de empresas extranjeras de producción y/o servicios, que quedaron bajo el ala del Estado con –en general— un control del 50% o más del paquete accionario. Tal fue el paradigmático caso, entre otros, de las petroleras Andina (filial de Repsol YPF), Chaco (filial de la British Petroleum Company), Transredes (filial de la británica Ashmor y de la anglo-holandesa Shell) y Petrobras (filial de su homónima brasileña). Señalado todo esto obviamente sin agotar la lista.
Hoy, la vieja y persistente oposición a Morales –variopinta en el plano específicamente político— prefiere vestirse de republicana, vocifera un fraude hasta ahora sin indicios, exige la renuncia de aquel y busca aparecer como una adalid de la democracia boliviana aunque ande floja de papeles.
Varios de sus dirigentes más conspicuos se han juntado en una Coordinadora de Defensa de la Democracia. Entre otros se destacan Carlos Mesa, Luis Fernando Camacho, presidente del derechista Comité Cívico de Santa Cruz y Waldo Albarracín, rector de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), que no obstante su denominación es pública y es asimismo la más importante del país.
No parece haber entre ellos mucho aprecio por la democracia aunque así lo declamen, ni unidad para la acción. Mesa ha rechazado la mediación de OEA convocada por Morales para efectuar una auditoria vinculante sobre las elecciones recientes. Exige, en cambio, directamente su anulación –sin especificar bajo qué fundamento y por decisión de quién— y la convocatoria a nuevos comicios.
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