DURANTE AÑOS HEMOS PROCURADO QUE LA CAUSA RIACHUELO CONCLUYERA SATISFACTORIAMENTE PARA TODOS LOS ARGENTINOS. EL JUEZ FEDERAL DE QUILMES LUÍS ARMELLA SE ENCARGÓ DE QUE ESTO NO SUCEDIERA...
El 8 de julio de 2008, la Corte Suprema de Justicia de la Nación dictó un fallo histórico donde se determinó quiénes son los responsables de llevar adelante las acciones y las obras de saneamiento, el plazo en que deben ser ejecutadas, dejando abierta la posibilidad de imponer multas para el caso de incumplimiento.
La Corte Suprema de Justicia puso en manos del juez federal de Quilmes,
Luís Antonio Armella, una tarea que el magistrado enchastró con autoritarismo y escandalosa corrupción.
Ahora, la justicia federal ordenó que el Estado diseñe un nuevo plan de saneamiento para el Riachuelo. El fallo fue dictado por uno de los jueces que siguen la causa, el doctor
Jorge Rodríguez.
El 23 de septiembre de 2015 el
Juzgado Federal de Morón ordenó a la ACUMAR, al Estado Nacional, a la Provincia de Buenos Aires y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la confección de un nuevo Plan Integral de Saneamiento Ambiental para la Cuenca Matanza Riachuelo.
Recordemos que en el fallo que ordenó el saneamiento de la Cuenca Matanza-Riachuelo, la Corte Suprema de Justicia de la Nación exigió que se presentara un plan integrado que contemplara la totalidad de los instrumentos de la política y gestión ambiental. Dicho plan resultaría de suma importancia para el logro del saneamiento del río, ya que allí se definirían las acciones a realizar, cómo sería la implementación del fallo “Mendoza” y determinaría el alcance y los objetivos del saneamiento de la cuenca.
Durante los primeros años de la ejecución de la sentencia, las autoridades (Nación, Provincia y Ciudad) condenadas fueron presentando documentos a fin de cumplir dicha manda pero siempre incompletos, sin un trabajo articulado de planificación. Finalmente en 2010 terminó de formarse el
Plan Integral de Saneamiento Ambiental (PISA), aunque sin cumplir totalmente las pretensiones de la orden de la Corte. Este documento carece de objetivos escalonados, plazos ciertos, indicadores de logros de objetivo, incorpora escasa participación ciudadana, entre otras deficiencias.
"El documento que se utiliza es de marzo de 2010 y presenta serias deficiencias: los plazos allí fijados se encuentran fenecidos; no cuenta con objetivos a corto, mediano y largo plazo y los indicadores [los valores que mide la Acumar] escogidos son en su mayoría de gestión y no de resultado, lo que hace complejo mensurar lo logrado", sostuvo el juez federal de Morón.
En su resolución el magistrado reconoció el trabajo hecho hasta el momento y sostuvo que puede ser usado como una "línea de base exacta" para trazar las metas a futuro. Además, el juez Rodríguez impuso un plazo de 6 meses para que se presente este nuevo plan de limpieza. El fallo coincide con el reclamo que el Cuerpo Colegiado, integrado por la Defensoría del Pueblo de la Nación y varias ONG, presentó ante la Corte Suprema en julio pasado.
En aquel pedido de intervención, a 7 años de haber sido dictado el fallo que ordenó el saneamiento del río, se denunció el "amesetamiento" del plan y la falencia en varios aspectos, como el control industrial y la atención de la salud de la población afectada por la contaminación.
"El plazo es exiguo y está planteado en medio de una transición de gobierno. Pero sí, es posible que se ponga en marcha este proceso", evaluó
Leandro García Silva, jefe del área de Medio Ambiente de la Defensoría del Pueblo.
"Queremos que se establezca un mecanismo institucionalizado de participación para que ese plan tenga el mayor consenso posible. Hay una etapa en la que se generó mucha información. Hay que capitalizar esto; hoy la Acumar está consolidada como institución, entonces se puede rever el plan de un modo más productivo", agregó García Silva.
Según la Defensoría del Pueblo y las ONG, es necesario abordar temas centrales que siguen pendientes: las mediciones y los estándares de calidad de agua; el control industrial; la gestión integral de residuos de la cuenca, y la atención de la salud de la población.
El experto se refería a los objetivos que en el corto, mediano y largo plazo se deberían alcanzar en el saneamiento del Riachuelo. Es lo mismo que plantea el juez. Pero esos objetivos sólo se podrán cumplir si se tiene una idea de qué grado de limpieza y qué tipo de uso tendrá el río, cuyo caudal sigue sin tener oxígeno.
"Es curioso que la normativa que deben cumplir las empresas [que operan en la cuenca] sea la misma que existía antes del fallo. Lo que se mejoró es la cantidad de inspectores e inspecciones, pero lo que tiene que cambiar es el modo de gestionar la cuenca", agregó García Silva.
El fallo plantea, en el fondo, un reordenamiento de datos que hoy aparecen confusos. Por caso, AySA informó que la cobertura de agua potable alcanza a casi toda la población de la cuenca, pero el censo 2010 apunta que es del 70%.
Y en materia de relocalización de familias en riesgo por la contaminación, cada jurisdicción actúa, según la visión del Cuerpo Colegiado, de acuerdo con sus necesidades.
La Corte había establecido plazos, muchos de los cuales están vencidos, y así lo reafirma el juez Rodríguez; especialmente para la mudanza de vecinos de las orillas. Por el momento han sido relocalizadas unas 600 familias de las 17.000 que ya deberían vivir en otros lugares.
El nuevo fallo pretende sortear estas dificultades. Además de ordenar a la Acumar que trabaje en el plan, dispone que se comunique la decisión judicial a los jefes de Gabinete de los tres estados para "poner a disposición los medios técnicos y humanos que estén a su alcance", de modo de poder dar cumplimiento a la nueva etapa del saneamiento.
El inicio de la obra del Colector Margen Izquierda, que es financiada por el Banco Mundial, sigue demorada. La construcción del interceptor de efluentes, de 11,5 kilómetros, es necesaria para que allí se descarguen los líquidos cloacales, que luego pasarán a una planta depuradora en Berazategui. El camino final hacia el Río de la Plata lo constituirá un segundo emisario, subfluvial, que estará a 30 metros de profundidad. Estos trabajos demandarán al menos 5 años.
A la complejidad del proceso se sumó un nuevo cambio de autoridades en la Acumar; el arquitecto
Gerardo López Arrojo es el quinto presidente del organismo en 7 años.
A LAS PUERTAS DEL JUICIO POLÍTICO, EL JUEZ FEDERAL DE QUILMES LUÍS ARMELLA SE SIENTE PERSEGUIDO Y DICE QUE LA GENTE ES MALA Y COMENTA... AUNUE CLARÍN NO DISIMULA QUE LO DEFIENDE, EL CORRUPTO MAGISTRADO SE HUNDE EN LA IGNOMINIA SOLITO SOLITO...
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