El juez Jorge Rodríguez, uno de los responsables de la causa del saneamiento del Riachuelo, dictó una medida cautelar que frenó los trabajos de dragado en la desembocadura del Riachuelo en el sector conocido como Cuatro Bocas. La medida se tomó a raíz de un recurso de amparo presentado por la Fundación Agronegocios y Alimentos, que denunció que los barros extraídos eran arrojados sin tratamiento en las aguas del Río de la Plata.
La obra de dragado comenzó el 4 de marzo y se estaba realizando en Cuatro Bocas, el punto donde se conectan la desembocadura del Riachuelo, el Río de la Plata, Dock Sud y los diques de Puerto Madero. La encargó la terminal de contenedores Exolgan, con el objetivo de que puedan ingresar barcos de más de 300 metros de eslora.
Así, el juez ordenó a la empresa Exolgan detener las obras de dragado que está realizando en el canal de entrada al Dock Sud hasta que presente los estudios ambientales correspondientes.
Un informe de la UBA (Universidad de Buenos Aires) indica que los sedimentos están contaminados con metales pesados, como cromo, arsénico, zinc, plomo y cadmio, que representan una amenaza a la salud de la población.
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El fallo, firmado por uno de los jueces de ejecución de la causa, el magistrado federal Jorge Rodríguez, hizo lugar a una medida cautelar presentada por la Fundación Agronegocios y Alimentos que argumentó que la remoción de barros producto del dragado podría afectar aún más la contaminación de las aguas.
En Exolgan indicaron ayer a LA NACION que "para realizar la obra de ampliación del canal se hicieron todos los estudios necesarios" y que están a disposición de la Justicia. Los trabajos, que comenzaron hace pocos días, se realizan para ampliar la capacidad del canal hacia el puerto de Dock Sud para permitir el ingreso a futuro de barcos de mayor porte.
En la Autoridad de la Cuenca Matanza Riachuelo (Acumar) indicaron que hoy se realizará la inspección en el lugar y que la empresa cumplió con la documentación requerida, razón por la cual se levantaría la medida cautelar en las próximas horas.
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La semana pasada también se conoció una resolución del segundo juez de ejecución nombrado por la Corte, Sergio Torres, quien convocó a una audiencia pública para el 15 de mayo próximo.
En esa audiencia deberán presentarse representantes de Agua y Saneamientos Argentinos SA (AySA), Aguas Bonaerenses SA (ABSA), el Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (Enhosa) y la Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado (Ceamse), quienes deberán presentar informes vinculados con contrataciones realizadas en el marco del expediente.
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Recordemos que Rodríguez y Torres fueron designados por la CSJ luego de que fue separado definitivamente por orden de la Corte Suprema su antecesor Luis Armella, del juzgado federal de Quilmes, sospechado de haber beneficiado a empresas relacionadas con sus familiares.
Vea ARMELLA ENSUCIANDO LA CUENCA
El desplazado juez federal de Quilmes Luís Armella está muy cerca de delitos de enriquecimiento ilícito y estafas varias. La sociedad toda espera el juicio político y la destitución del magistrado. Se lo acusa de vincularse con un grupo de empresas que consiguieron contratos millonarios sin licitación alguna. Dichas empresas estaban formadas por su esposa, su suegro y otros familiares.
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