Desde hoy a primera hora, las arterias de Buenos Aires rugirán al ritmo del segundo deporte más importante para los argentinos, el automovilismo. Pero con una particularidad: los coches del Super TC 2000 usarán un circuito callejero en el barrio de la Recoleta, en lugar de acelerar en el autódromo porteño, situación que generó un aluvión de amparos, quejas de las Madres del Dolor y hasta una carta del secretario de Deportes de la Nación al jefe de gobierno, Mauricio Macri, alertando que no están dadas las condiciones de seguridad para que semejante evento se lleve a cabo.
En esta peligrosa aventura que también fue cuestionada por el daño ambiental y sonoro, y que tendrá ganancias millonarias usando un espacio público, el jefe político del PRO no está solo. El contrato de organización de la competición se rubricó con la empresa Auto Sports SA, propiedad del Grupo Clarín, que también se encargó de llevar el TC callejero, en 2012, a las tierras santafecinas que conduce el delfín político de Hermes Binner, Antonio Bonfatti.
La historia de Auto Sports SA tiene muchas particularidades, y su relación con el gobierno de Mauricio Macri data de hace dos años atrás. El acontecimiento clave que estableció el vínculo entre la firma del Grupo Clarín y el gobierno porteño se remonta al año 2011.
Tal y como relató en las últimas horas la diputada kirchnerista de la Ciudad, Delia Bisutti, los negociados se abrieron cuando el legislador del PRO Fernando de Andreis propuso derogar la ley que prohibía realizar shows como el TC calle en Capital Federal. Un año después de esa movida, los autos de una de las categorías más populares del automovilismo ya quemaban combustible en el distrito capital, con una carrera que se desarrolló en la Avenida 9 de Julio. Esa carrera la organizó Auto Sports, la misma firma de Clarín que en este 2013 renovó el contrato con el macrismo para llevar adelante la misma carrera, pero con las calles de la Recoleta y Barrio Norte como escenarios centrales. La ecuación en dinero es clara: en 2012, con el Super TC 2000, Buenos Aires embolsó más de $ 130 millones; mientras que este año se espera superar esa cifra, con una fuerte expectativa puesta en el movimiento turístico que genera la Semana Santa y la pasión tuerca.
El dinero se genera, en primer lugar, por venta de entradas a precios para nada populares (ver aparte), y el resto es hotelería, comida, y venta de merchandising. Como se verá luego, un contrato similar de Auto Sports SA con el gobierno de Santa Fe generó, en 2012, un negocio de más de $ 100 millones luego de que los autos circularan por la ciudad de la bota.
La conformación directiva y societaria de Auto Sports SA es una muestra de cómo personas y empresa del mismo grupo empresario se autoabastecen de negocios millonarios. En diciembre de 2007, los diarios reflejaron que el Grupo Clarín se hacía dueño total del TC 2000. En ese período y a través de la firma propia Inversora de Eventos SA (IESA), Clarín cerró un acuerdo de transferencia del 51% de las acciones de la firma Automóviles Deportivos 2000 SA, que hasta ese entonces organizaba todas las competencias automovilísticas, incluido el TC 2000. Por la suma de U$S 1,5 millones, Clarín entraba de lleno al negocio del entretenimiento, justo en el mismo año en que el oficialismo le permitía, por medio de la autorización de la fusión de Cablevisión y Multicanal, hacerse monopólico en el rubro de la TV paga.
Tres años después de la compra del espectáculo del TC 2000, la firma cambió de nombre al actual Auto Sports SA, razón social con la que el PRO firmó el contrato de organización conjunta del TC callejero.
La conformación directiva de Auto Sports SA, muestra un organigrama pleno de abogados afines a Clarín que, en el marco de la pelea con el gobierno nacional, fueron punta de lanza en contra de la implementación de la Ley de Medios, fueron partícipes de intimidaciones judiciales a periodistas y cámaras ocultas a dirigentes gremiales, y hasta conducen empresas del mismo grupo que tercerizan servicios para eventos que lleva adelante el propio holding que conduce Héctor Magnetto.
Según los últimos datos societarios disponibles dados al momento del cambio de nombre de la empresa, el directorio de Auto Sports lo integran básicamente letrados del estudio Sáenz Valiente.
Una de las cabezas de la firma es Ignacio José María Sáenz Valiente, nieto de José María Sáenz Valiente, el abogado del holding que se volvió tristemente célebre por haber sido, junto a Hugo Wortman Joffre y Alejandro Pérez Chada, quien presentó la denuncia penal a un grupo de periodistas –entre ellos el director fundador de este diario, Roberto Caballero– por dar sus opiniones respecto al contexto nacional de la aplicación de la Ley de Medios.
Tiempo después de ese hecho, en un artículo publicado por la revista Veintitrés bajo el título de "Los cazaperiodistas", se especificó que José María Sáenz Valiente padre fue el apoderado del Grupo Clarín SA y "junto a su hijo está vinculado a varias empresas relacionadas al multimedios. Por ejemplo, Sáenz Valiente hijo aparece como director suplente del grupo madre y comparte las firmas GC Domingo SA y también Inversora HHM SA con nada más y nada menos que Héctor Magnetto, detalló el artículo. Además, Sáenz Valiente nieto aparece en el directorio de la extinta Multicanal, absorbida por Cablevisión.
Otro de los que comanda Auto Sports ligado a la carrera callejera es otro abogado, José María Martínez Vivot, quien fue director de Tele Red Imagen SA (Trisa), una de las empresas propietarias de la señal TyC Sports, y señalada en un artículo en Página/12 del periodista Gustavo Veiga como una de las firmas que hizo grandes negociados con los partidos de fútbol, con la anuencia de la Asociación del Fútbol Argentino cuando los goles eran patrimonio privado.
Matías Alejandro Frederiks también es director suplente de Auto Sports: el mencionado fue, según su propio currículum, director de Asuntos Laborales de la Comisión Liquidadora de Entel, entre 1990 y 1991. Frederiks es abogado egresado de la Universidad de La Plata y según una nota de la empresa elevada en 2008 a la Comisión Nacional de Valores (CNV), el hombre en cuestión fue también director de Multicanal.
Pero Frederiks no pasará a la posteridad sólo como un empresario próspero: el abogado, como parte del grupo de letrados de Sáenz Valiente, fue reconocido como uno de los participantes de la cámara oculta que el 17 de febrero de 2011, y en las oficinas de ese estudio de abogados, se le realizó al delegado gremial de Artes Gráficas Rioplatenses (AGR) Luis Siri, en el marco de los bloqueos a las plantas impresoras de diarios.
Todos nucleados en el estudio de Sáenz Valiente, en el directorio de Auto Sports aparece otra de las espadas judiciales de Clarín, como Luis María Novillo Linares, uno de los abogados contra la Ley de Medios.
El caso quizás más paradigmático y que cierra el círculo del vínculo de Clarín con el TC organizado por el PRO y la transferencia de negocios es la figura de Juan Pablo Rudoni, otro de los directores de Auto Sports. Rudoni es a la vez director de Auto Sports y presidente de la empresa Ecosan, la firma que provee de infraestructura y módulos habitacionales (por ejemplo baños químicos) no sólo al TC callejero, sino también al Dakar, y a Expoagro, la exposición propiedad de Clarín y La Nación.
Claves de un negociado con muchos riesgos
El negocio conjunto empieza en 2011: el diputado del PRO Fernando de Andreis plantea derogar una norma para que se pueda usar el espacio público para este tipo de eventos.
Se lo otorgan a Clarín: menos de un año después de ese acontecimiento, el macrismo le otorga la organización del primer circuito callejero a Auto Sports S.A., la firma del grupo de Magnetto.
Llega a Santa Fe el callejero: en 2012, el Gobierno de Bonfatti también rubrica un contrato con la misma empresa.
Negocios millonarias: cada carrera deja alrededor de $ 140 mil de ganancias por merchandising, entradas y alimentos.
Dueña de los autos: Autos Sports fue comprada, por entonces con otro nombre, por el Grupo Clarín en el año 2007. La firma se hacía cargo de la televisación y manejo de las competencias automovilísticas.
Mucho dinero pero nada popular: los eventos del TC callejero se promocionan como gratuitos, pero lejos están de serlo. En esta oportunidad se vendieron tickets de entre $ 500 y $ 2500.
Lugares VIP y salmón para unos pocos: será poca la gente que pueda observar el espectáculo en forma cómoda. Sólo en las plateas VIP se puede ver sentado el espectáculo. Y en esas zonas habrá menúes que ofrecerán salmón y vinos malbec de primera calidad.
No hay garantías de seguridad: La secretaría de Deportes nacional le advirtió que no hay seguridad en el evento. Lo propio hicieron las Madres del Dolor , grupos de comuneros y hasta la Defensoría del Pueblo de la Ciudad, que explicó que se están violando leyes de protección del medio ambiente y normas en materia de contaminación auditiva.
Un show para muy pocos
Castillo, de la Comuna 2 de la Ciudad y presentadora de un amparo, vinculó la carrera y sus peligros con la pata económica. La comunera señaló que "este evento le paga nada al gobierno, mientras que la empresa cobra entre $ 800 y $ 2.000 la entrada". Lo cierto es que, promocionado como un evento gratuito, los interesados que no cuenten con entre $ 500 y $ 2.500 para pagar una entrada deberán ponerse en puntas de pie para observar el evento. La venta de entradas se hizo a través de la empresa Ticketek, y se generó un negocio paralelo con la reventa de espacios VIP y plateas en la web de Mercado Libre.
Para los que paguen, habrá un catering de lujo y variado. En la carta se proponen "figacitas de lomito ahumado, repollo y pepinillos" y algunos platos incluyen "Sándwich de salmón ahumado, queso crema, ciboullete y dill en pan integral de semillas" además –en una pertinente aclaración– figuran recetas para los celíacos, también hay variedad de bebidas que contemplan "recomendados" vinos Malbec.
Contra la prensa
A mediados del año pasado, el Grupo Clarín presentó una denuncia penal por "incitación a la violencia y coacción agravada" contra periodistas de distintos medios, entre ellos el director fundador de Tiempo Argentino, Roberto Caballero.
La acción penal fue interpuesta por los abogados de Clarín a través de un escrito de 35 páginas en el que se hizo referencia al supuesto delito de "incitación a la violencia colectiva" por parte de funcionarios como el ministro de Justicia, Julio Alak; el secretario de Legal y Técnica de Presidencia, Carlos Zannini, y el titular de la Afsca, Martín Sabbatella. Los encargados de la presentación fueron, justamente, los directores de la empresa Auto Sports S.A., propiedad del Grupo Clarín.
Los denunciantes son parte del holding de abogados Sáenz Valiente, quienes buscaron amordazar el libre pensamiento de Caballero, Sandra Russo, Javier Vicente, Nora Veiras, Edgardo Mocca y Orlando Barone "como propagadores" de la "incitación a la violencia". Días después, el CELS que comanda Horacio Verbitsky asumió la defensa de los periodistas y Clarín se vio obligado a reflexionar y retiró la denuncia realizada.
Cabe destacar que el mismo grupo de letrados que comanda la organización del TC 2000 callejero fue quien más arduamente peleó y pelea contra la plena implementación de la Ley de Medios, votada por mayoría en el Congreso de la Nación. De hecho, muchos de los cuadros del estudio redactaron en los últimos meses en diferentes medios de comunicación alertando sobre la supuesta inconstitucionalidad de la medida.
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