Claudia Espínola llega agitada. Maldice. "Tengo cloacas en la boca, perdóname", se excusa. Viene de recorrer el barrio, inundado por las últimas lluvias, y no da abasto con los reclamos de los vecinos. "Hemos pedido ayuda a la Municipalidad [el Ayuntamiento], pero nada", suspira mientras camina por las calles de barro de Villa Inflamable, a tres kilómetros del centro de Buenos Aires, donde el agua corriente rezuma olor a azufre y las cloacas son marismas fluorescentes que se reparten entre cientos de chabolas.
VILLA INFLAMABLE está enclavada en el centro del Polo Petroquímico Dock Sud, una zona del municipio de Avellaneda cercana al puerto de la capital argentina donde desarrollan su actividad 44 empresas de hidrocarburos que, a lo largo de los años, han convertido LA CUENCA RIACHUELO-MATANZA en una de las vías fluviales más contaminadas del mundo.
A pesar de que la Corte Suprema argentina ordenó el saneamiento de la cuenca en 2008, instó a las empresas adyacentes a detener sus actividades contaminantes y al Gobierno municipal a relocalizar a los vecinos, la sentencia tiene un nivel de ejecución paupérrimo, según denuncia Sebastián Pilo, codirector de la ONG ACIJ (Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia), que asesora jurídicamente a los habitantes del barrio.
El resultado es un paisaje distópico, un entramado de casas de madera y chapa aupadas en plataformas de tierra húmeda y un horizonte sembrado de torretas metálicas de las refinerías que rodean el asentamiento, donde, según el censo más reciente (2009), viven más de 1.500 familias. Con lluvias como las del pasado domingo, las calles se vuelven intransitables. Tres días más tarde, todavía es imposible caminar sin mojarse los pies.
Claudia recorre casa por casa la zona. Es la líder de la Junta Vecinal Sembrando Juntos, fundada para dar forma institucional a las demandas diarias de los vecinos. “El nene se pasó toda la noche gritando, me cansé de llamar a la Municipalidad”, le cuenta Coni con Tomás entre los brazos, su hijo de nueve meses. Para acceder a su casa hay que sortear un charco enorme que se cuela por debajo de las paredes de madera. “Por todos lados me entró el agua”, explica.
“El agua de la canilla —el grifo— a veces sale limpia, pero otras veces sale toda verde”, comenta preocupada al mostrar su casa, una habitación de cuatro por cuatro donde el olor de la tierra húmeda se mezcla con el de la comida recién hecha.
Afuera, los niños juegan en el barro, arena mezclada con el agua residual de la zona, con alto contenido en plomo, cromo o ácido hipúrico, entre otros compuestos químicos. Cristian, embutido en un chándal de River Plate y una gorra negra, muestra en su teléfono móvil cómo quedaron las calles tras las lluvias. Un niño de unos diez años camina con las botas en las manos y el agua le cubre hasta las pantorrillas. “Mirá este pibito descalzo. Va a la escuela. Me dio una bronca cuando lo vi... No lo podía creer”, se enerva.
Rosa Zulema ayuda a Coni con todo el agua que se le metió en casa. Como tantos otros vecinos se siente impotente porque entiende que las instituciones nunca llegan al barrio cuando se los necesita. Ella está jubilada y vive de la pensión que le dejó el Estado tras la muerte de su marido. “Cobro la mínima”, dice. 4.600 pesos. Unos 255 euros. “Tengo epoc y un quiste mamario. La mayoría de la pensión se me va en la medicina”, explica. Su marido murió hace seis años por una leucemia avanzada. “Se fue de un día para el otro”, recuerda con la mirada clavada en el suelo.
Los casos de enfermedades derivadas de la exposición a los químicos del agua y del aire no son aislados. Tomás, el hijo de Coni, también tiene altos niveles de plomo en sangre, cuando su madre. Claudia cuenta que a María, una vecina a la que acaba de visitar, “le entró la laguna en casa” y los mosquitos se ensañaron con toda la familia. Ahora, su hija está llena de infecciones por las picaduras, pero no hay un centro de salud cercano donde la puedan atender.
La Autoridad de la Cuenca Matanza-Riachuelo (Acumar) realizó entre julio y agosto de 2012 un estudio sanitario sobre la salud de los vecinos que reveló que más del 50% de los niños encuestados presentaba niveles de plomo por encima de los estándares de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y hasta tres veces más elevadas que en Villa Corina, ubicada también en Avellaneda, pero alejada del área industrial.
Además, la gran parte de la población presentaba afecciones dermatológicas, broncoespasmos, asma familiar o cefaleas con mucha más frecuencia que en Villa Corina. “El panorama general es que existen en Villa Inflamable peores condiciones de salud y peores condiciones de vida”, sintetiza el informe.
Los primeros estudios sobre contaminación del suelo, del agua superficial y subterránea y del aire se remontan a más de dos décadas atrás. En 1996, el Gobierno de la provincia de Buenos Aires encargó a la consultora estadounidense Brown & Caldwell un informe que concluyó que los niveles de polución en la zona estaban muy por encima de los estándares internacionales, al tiempo que recomendó una remodelación de la zona y limitar las emisiones de las empresas.
En 2003, el Municipio de Avellaneda, la Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación y la Subsecretaría de Política Ambiental de la Provincia de Buenos Aires, con fondos de la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA), desarrollaron un estudio sobre el ambiente y sobre la población, con una muestra de 300 niños de entre 7 y 11 años que replicó las conclusiones. Según los datos recabados, en la villa hay una presencia habitual de 17 gases tóxicos, como benceno, tolueno y xileno, y metales pesados como plomo y cromo. De los 144 chicos analizados en Villa Inflamable, 57 presentaron un alto nivel de plomo en sangre. Este metal también apareció en el suelo de las viviendas.
La causa Mendoza
Tanto el informe de Brown & Caldwell como el de JICA fueron presentados como prueba documental en la causa que impulsó Beatriz Mendoza contra el Estado argentino, la provincia y la ciudad de Buenos Aires y contra las 44 empresas que operan en la zona. En 2008 la Corte Suprema argentina falló a favor de Mendoza en una sentencia pionera y ordenó una serie de medidas para limpiar la zona de contaminación y proteger a los vecinos.
Entre las principales medidas de la Corte se encuentran el saneamiento de las aguas superficiales y subterráneas, así como del aire y de los basureros colindantes, la instalación de desagües pluviales y de cloacas, la implementación de una red de agua potable y la reubicación de las familias a asentamientos libres de contaminación de la ciudad y de la provincia de Buenos Aires.
“Ese fallo, a la vez que es importante, es muy incumplido: nueve años después, las empresas siguen contaminando, las familias que viven a la vera del riachuelo en su mayoría están igual que cuando el fallo se dictó”, lamenta Pilo.
Un juez ordenó el mes pasado un seguimiento de las medidas establecidas por el Supremo en un escrito en el que reveló que todavía quedan 14 basurales sin sanear y las marismas del barrio siguen funcionando como cloacas para las casas aledañas. Además, solo algunas decenas de familias han sido relocalizadas.
El “mientras tanto”
“El barrio está en una situación tramposa, porque por un lado la decisión oficial es que sea relocalizado, pero no se hacen obras de infraestructura y servicios esenciales. Padecen una desidia estatal”, explica Pilo. Ese ínterin se conoce en el barrio como “mientras tanto”. Un periodo eterno que los mantiene en la incógnita permanente.
“Estamos abandonados. Solo se acuerdan de nosotros cada vez que necesitan un voto”, protesta Silvia, que se ha reunido con un grupo de vecinos. Comenta que hay rumores de que van a asfaltar algunas calles, aunque “son solo rumores”. “Preferimos los desagües con urgencia”, reclama Maira airada. Tiene 28 años y vive desde los 6 en la villa. Cuando el clima empeora, relata, la convivencia se tensiona.
“Se hacen obras menores a las que le llaman 'mientras tanto'. Y la verdad es que mientras tanto la gente en el barrio se muere y sufre”, sentencia Pilo.
Una de esas soluciones aborda el problema del agua corriente. Una camioneta reparte a diario bidones de agua potable por las casas del barrio. Cada bidón tiene cinco litros y a cada familia numerosa le corresponden dos bidones por día. Claudia hace cuentas: lavar la ropa, las verduras, cocinar, bañar a los chicos… “La mayoría de las veces no alcanza”, reconoce.
La Acumar inició este servicio en 2007 con el propósito de evitar que los vecinos beban el agua contaminada de las cañerías que construyeron artesanalmente a lo largo de los años. La autoridad edificó cinco años más tarde un espacio a las afueras del barrio para almacenar esos bidones, aunque los vecinos se organizan y distribuyen los envases por diferentes puntos estratégicos de la villa en la camioneta.
La relocalización: una espera interminable
La relocalización suena para los habitantes de Villa Inflamable como una quimera, una lotería que solo ocurre una vez cada tanto. Apenas varias decenas de familias han sido trasladadas a otros barrios, un proceso que, según ACIJ, también entraña una serie de irregularidades importantes.
“La versión oficial es que sean relocalizados, pero la forma de implementarlo está ajena a los vecinos”, cuenta Pilo. De acuerdo con su denuncia, que derivó en otro fallo favorable en 2013, el Estado no tiene en cuenta las demandas de los vecinos a la hora de derivarlos a otros barrios. Esto es, si tienen necesidades especiales, sin son familias numerosas o unipersonales o si, por ejemplo, precisan un espacio para trabajar.
En 2015 comenzó un proceso para trasladar a 400 familias en Isla Maciel, un barrio cercano, pero a salvo de los estragos de la contaminación. Sin embargo, el anuncio de mudanza generó un conflicto esperable para quienes conocen ambas zonas. En Villa Inflamable, los vecinos son hinchas del modesto equipo de fútbol Dock Sud, eterno rival del san Telmo, otro club venido a menos cuya cancha se ubica en el centro de Isla Maciel. “Hay una rivalidad muy fuerte y esto genera situaciones de violencia serias. Es algo que el Estado no puede desconocer”, denuncia Pilo.
Claudia reclama por el protagonismo de los vecinos en todo el proceso de reubicación del barrio. “Esperamos que sirva [la lucha]. Queremos que la justicia entienda que el vecino es el que propone y tiene que ser escuchado sobre sus propias necesidades, que nadie decida por nosotros. Queremos ser parte de la transformación de nuestro futuro”, se ilusiona. De fondo, se oye el sonido constante del motor de los camiones petroleros.
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