- El señor Rodríguez es peligroso, se mueve en las sombras con su cara de piedra, su sonrisa sardónica, su cinismo invulnerable. Tiene un traje de amianto que lo protege del pensamiento crítico. Arregla las calles que ya arregló el año pasado, una y otra vez. Gasta millones en publicidad y periodistas adictos para poder hacer la plancha mientras arde la provincia de María Eugenia, y naufraga la nave de Mauricio. Pareciera que en la CABA no pasa nada, pero se la están llevando en carretilla...
- Por eso insistimos: ¡Cuidado con el señor Rodríguez!
→ Si habla de "Ciudad Verde" no queda una Plaza, y te meten un Yopin...
→ Si habla de Ciudad Ecológica, seguro vamos a una central nuclear en el obelisco, o bien promueve
la incineración de basura en el éjido urbano con sus ricas y perfumadas emanaciones...
(ver LEGISLADORES y BASURA)
→ Si habla de un superultramoderno edificio en la Villa 31 para sus socios del FMI, seguro que el Puente Morandi de Génova queda chico, como analizamos en ocasión del derrumbe de la viga en el viaducto del FFCC San Martin...
→ Si habla de EcoParque, es un PROYECTO INMOBILIARIO, donde NO HAY LUGAR PARA ANIMALES, que irán muriendo rápidamente, ya que el santuario de animales en Brasil, adonde irían a parar sólo existe en su imaginación, no casualmente, en el exzoológico ya no están más la jirafa, el elefante, el rinoceronte…, suerte que tiene.
→ Si habla del SUBTE, el gobierno del cual forma parte prometió 10 Km de tendido de subte por año, hoy sólo le pedimos que viaje en la línea B, en los “nuevos coches” de segunda o tercera mano, comprados a España, que no se adaptaban a nuestros túneles y por los cuales hubo de gastarse más que uno Francés de última generación, que viaje una vez en esos inenarrables coches, de un diseño enfermo, que NO SIRVEN y quedan muy atrás de nuestros venerables integrados producidos en la decada de 1960, ¿comprarlos a España?, bueno alguien sacó ventaja, por cierto NO los cientos de miles de sufridos usuarios, que a diario tienen que padecerlos.
SABEMOS QUE TODO LO QUE DIGA EN CLAVE DE “PROGRESO” SON EN REALIDAD NEGOCIOS CON Y A PESAR DE LA CIUDAD.
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Hoy, el gobierno del señor Rodríguez, intendente de la Ciudad Buenos Aires, trabaja en la modificación de dos cuerpos normativos que rigen el núcleo de la actividad económica más importante para el macrismo en la ciudad: el mercado inmobiliario. Se trata del Código de Edificación y el Código de Planeamiento Urbano (o “urbanístico” como se lo denomina para embellecer la reforma).
Por un lado el Código de Edificación define “cómo y con qué materiales se puede construir en la Ciudad, además de establecer estándares mínimos de calidad: habitabilidad, seguridad y tecnología de las construcciones”. Por el otro el Urbanístico rige sobre “todos aquellos asuntos relacionados directa o indirectamente con el uso del suelo (…) y con todos aquellos aspectos que tengan relación con el ordenamiento urbanístico del territorio de la Ciudad”.
El Código de Edificación data de 1943 y, si bien cuenta con modificaciones parciales, fue pensado para otra ciudad, para otra sociedad. Este es un motivo esgrimido por el PRO para su modificación. No obstante, se trasluce que no es la causa principal por la cual se toma esta iniciativa, ya que el grueso de las modificaciones propuestas apuntan a facilitar más las condiciones de producción del mercado inmobiliario.
Los ejes principales de la propuesta oficial
Entre los argumentos más repetidos por los portavoces de la reforma macrista, figuran varias iniciativas para hacer un “proceso administrativo ágil y transparente”. De esta manera se flexibilizan normas para que las empresas constructoras puedan avanzar más rápido.
Es por ello que también plantean poner a disposición del Poder Ejecutivo un aspecto central: el “Reglamento técnico” será creado por ley pero su contenido podrá ser modificado por las autoridades a cargo, según sus propias visiones (e intereses). De esta manera pueden evadir el difícil trámite de los debates legislativos que, para estas ocasiones requieren encima de una “doble lectura” (y la aprobación con 40 votos, previa audiencia pública).
Luego, el planteo es la modernización del código para adaptarlo a las necesidades de la sociedad actual, donde aparecen muchas novedades. Por ejemplo la “inclusión de política de género” en torno a los sanitarios, algo realmente novedoso. El tópico de “movilidad sustentable”, que prevé espacios para bicicletas en los edificios. La incorporación de diferentes diseños sustentables (techos verdes, reutilización de aguas, ahorro de energía, etc). Sin embargo, cada uno de estos puntos pueden repercutir en un incremento de los gastos de las familias, como las expensas.
En cambio, el punto que más problemático se presenta es el de la modificación de los criterios de “habitabilidad”. En este aspecto, la propuesta oficial plantea la reducción de las “medidas mínimas” en un 10% según explican los funcionarios en las reuniones establecidas para difundir la reforma. Así, los monoambientes más pequeños que tenían un mínimo de 20 m2, pasarían a poder construirse en 18 m2.
Por lo tanto, mientras con el código urbanístico se busca ampliar la “capacidad constructiva” de cada parcela del suelo de la ciudad porteña (lo cual tendrá como principal efecto una suba en su precio y por lo tanto, a la larga, una mayor concentración), con el de edificación se buscará reducir las unidades, posibilitando mayores niveles de ganancia para las empresas del sector.
Frente a estas discusiones, más de 100 organizaciones han firmado una solicitada para rechazar estas modificaciones. “Estos Códigos desatienden los principales problemas de la Ciudad y sólo están orientados a garantizar el desarrollo del negocio de la construcción y del mercado inmobiliario sin tener en cuenta el colapso de los servicios públicos y el detrimento de la calidad de vida y ambiental de los porteños”, sostienen.
Para discutir esta propuesta convocan a asistir el 5 de junio a la principal audiencia pública convocada por el Ejecutivo porteño en cumplimiento de una sentencia judicial que los obligó a realizar debates amplios y participativos. La misma se realizará en el auditorio de la sede de gobierno, en el barrio de Parque Patricios.
EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE DE LA CABA
FRANCO MOCCIA
FRANCO MOCCIA
ES ECONOMISTA, Y TRABAJÓ EN TECHINT Y CITIBANK
¿ENTENDÉS?
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Análisis del arquitecto Gustavo Cañaveral, en el programa "A Pesar de Todo", en Radio La Voz, www.rlvradio.com.ar
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Código urbanístico: ¿ciudad para el mercado o ciudad para las personas?
La estructura de poder de Cambiemos se sostiene, sin lugar a dudas, sobre la base de acuerdos con sectores del poder económico que les permite generar negocios a las empresas propias y a las de sus amigos.
Este modus operandi viene siendo el marco general donde se encuadran sus acciones y la brújula que direcciona los beneficiarios de sus políticas. En este sentido, las diferentes gestiones del macrismo en la Ciudad de Buenos Aires han sabido -hace ya más de 10 años- impulsar grandes transformaciones impopulares que generan poco beneficio para las vecinas y vecinos de la ciudad. Bajo este mismo esquema se enmarcan las transformaciones del Nuevo Código Urbanístico que Rodríguez Larreta busca aprobar con su mayoría absoluta en la Legislatura Porteña.
¿Por qué es necesario repensar el Código Urbanístico? (erróneamente llamado Ambiental)
El código vigente, cuya última modificación importante data de comienzos de la última dictadura, persigue una visión autoritaria y excluyente de la ciudad, y está regido por los principios del transporte individual (léase miles de autos en grandes autopistas) en detrimento del público. Durante más de 50 años, este código posibilitó que la ciudad se acentúe como un terreno para los negocios inmobiliarios, un fenómeno que fue acentuando progresivamente la desigualdad entre los vecinos.
Esto sucede básicamente porque, en un contexto de Estados (Municipal y Nacional) ausentes, los agentes del mercado deciden invertir solamente en aquellos proyectos que le generan mayor rédito económico; es decir, los proyectos orientados a las élites económicas. Está comprobado que la consecuencia directa de este modelo urbano inmobiliario es la segregación socioespacial, la pauperización de la calidad ambiental urbana y la expulsión de los habitantes de sus barrios y la ciudad.
Cambiemos justifica que su intervención está direccionada a atender problemas ambientales, de transporte público, diversidad de usos y -sobre todo- de paisaje urbano. Si bien estas justificaciones son súmamente válidas y el proyecto no garantiza que la ciudad se transforme en un espacio justo y sustentable.
Según datos del último Censo Nacional de Población y Vivienda (realizado en octubre de 2010), la CABA presenta casi un 25% de viviendas ociosas (es decir, sin gente que viva en ellas), siendo esta situación más acentuada en barrios céntricos -donde muchas viviendas se usan como oficinas- y levemente menor en barrios más populares. En concreto, la ciudad disponía hace 8 años de más de 340.000 viviendas desocupadas repartidas por toda la ciudad; este número representaba entonces casi dos veces la cantidad de personas viviendo en condiciones deficitarias. (Y DEJA AL DESCUBIERTO QUE LA VIVIENDA NO ES MÁS PARA HABITAR SINO UN BIEN DE INTERCAMBIO. NEGOCIOS, Y MÁS NEGOCIOS...)
Paralelamente, en la ciudad crece muy rápidamente el porcentaje de personas que tiene que alquilar viviendas porque no puede acceder a una casa propia: en 2001 los inquilinos representaban un 22,1% y en 2016 ese porcentaje trepó al 35%. Contradictoriamente, se construyeron más de 150.000 viviendas en los últimos 10 años. Más aún, los cálculos indican que el nuevo código podría albergar la duplicación de metros cuadrados de vivienda construidos, para que en la ciudad puedan vivir el doble de personas. ¿Se imaginan el colapso de las infraestructuras de transporte, energía, cloacas, etc. al que eso podría llevar si se continúa sin hacer las inversiones correspondientes? Vale aclarar, que el otorgamiento de estas nuevas posibilidades constructivas no viene acompañado de mecanismos reales de captura de la plusvalía generada por dicho cambio y que no contemplan la función social de la propiedad.
Estos indicadores, que demuestran el avance del negocio inmobiliario en la ciudad particularmente para la vivienda, se replican en indicadores de espacios públicos, transporte, acceso al trabajo, etc., y van en detrimento de las necesidades de sus vecinos y vecinas de vivir en una ciudad que sí les es propia y donde puedan desarrollarse como individuos diversos.
A la par que el Gobierno de la Ciudad avanza con su proyecto de nuevo código, las vecinas y vecinos porteños y distintas organizaciones sociales han buscado los mecanismos legales para discutir abierta y seriamente el proyecto. Estas discusiones se llevaron a cabo en las diferentes sedes comunales, en centros culturales, en plazas y en la misma Legislatura Porteña; del proceso surgieron productos elaborados como los “12 Puntos Básicos de la Propuesta Urbano Ambiental Vecinal” elaborada por un grupo de vecinos y vecinas llamado Movimiento Comunero o documentos como los presentados por el CELS o la Defensoría del Pueblo, entre otros.
A su vez, las vecinas y los vecinos se muestran muy preocupados del uso “marquetinero” que se les da a las instancias institucionales generadas. En primer lugar, el Gobierno de la Ciudad busca llamar “participación” a un proceso donde lejos de haber una lógica de retroalimentación de ideas, los funcionarios públicos comunican el proyecto y -en el mejor de los casos- escuchan algunas preocupaciones. En segundo lugar, las audiencias públicas convocadas para debatir el proyecto, quienes presidían las comisiones que llamaron a debatir se negaron a llevar cualquier tipo de registro (taquigráfico, sonoro o de video) y pocas veces se los vio escuchando a los exponentes y no hablando entre ellos. No faltaron luego las publicaciones en redes sociales oficiales de las caras de las vecinas y los vecinos, obviamente sin su voz.
Encontramos que en la ciudad se da la disputa entre dos modelos de ciudad: uno que responde a la lógica mercantil y que se representa en la gestión de Cambiemos en la ciudad; y otro que es demandado por las organizaciones sociales, los centros de estudios especializados y las vecinas y los vecinos. En este sentido, el Gobierno de la Ciudad necesita repensar sus lógicas de participación para poder recolectar de manera real las necesidades de la ciudadanía y resignar el proceso de hacer negocios para unos pocos con el espacio y la ciudad de muchos. Aprobar el proyecto de Código Urbanístico propuesto por Larreta, de espalda a la sociedad y en proceso nacional de burbuja financiera, puede ser muy peligroso.
Martín Lemma, arquitecto, doctorando en Estudios Urbanos
Delfina Rossi, economista, doctoranda en Cs. Política
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