Ya se hizo costumbre que el intendente Mauricio Macri desaloje por la fuerza a familias humildes y las deje en la calle. No hay política de vivienda en la ciudad de Buenos Aires. No le interesa resolver las problemáticas habitacionales que abundan en la ciudad más rica de la Argentina.
Por eso, en estos días Macri se encuentra de paseo por España entrevistándose con el inefable Mariano Rajoy, que está aplicando crueles ajustes neoliberales en la península ibérica.
Por otro lado, el domingo 7 de octubre, los diputados del PRO Federico Pinedo y Gabriela Michetti, junto a los diputados Eduardo Amadeo (Peronismo Federal), Patricia Bullrich (Unión por Todos) y Oscar Aguad (UCR) fueron a festejar el triunfo del derechista venezolano Henrique Capriles que no fue, ya que Hugo Chávez ganó los comicios con 55,14% de los votos, frente al opositor Capriles que obtuvo el 44,24% de los sufragios.
LA BOCA...
Unas 20 familias fueron desalojadas el 2 de octubre por la Policía Metropolitana en un edificio ubicado en la calle Almirante Brown 1287. Más de 100 personas, entre chicos y grandes, acamparon en la vereda del inmueble a la espera de una solución a su problema habitacional.
La represión de la Metropolitana en un hotel de La Boca dejó como saldo la hospitalización de varios niños y una embarazada.
El desalojo se produjo cerca de las 9 en forma violenta por personal de la Policía Metropolitana que arrojó gases lacrimógenos y derribaron la puerta de entrada, según relataron los vecinos.
Por el violento accionar de la Metropolitana, un niño resultó con principio de asfixia y debió ser hospitalizado, y una mujer embarazada resultó con heridas leves.
Si me vuelves a golpear te denuncio”, dijo desesperada, a un efectivo de la Policía Metropolitana, una mujer embarazada de seis meses, mientras lloraba intoxicada por los gases lanzados para forzar el desalojo. “¡Denunciáme! ¿De qué país sos? ¿A vos te gustaría que yo fuera a tu país y me metiera en una casa vacía?”, fue la réplica. Minutos más tarde, una serie de forcejeos hicieron rodar a la mujer por la escalera.
Los vecinos llamaron a la ambulancia. Fue hospitalizada. Su diagnóstico señaló: “Asfixia por gas lacrimógeno con riesgo de aborto por los golpes de la caída”. Algunos pudieron tomar fotografías de varios de los policías agresores.
La mujer embarazada es Jessica Cisneros Martínez. Tiene dos hijos y su marido trabaja en una tapicería de automóviles en el sur del Conurbano. Vivía en una habitación del edificio de dos plantas en la avenida Almirante Brown 1287, en La Boca, al igual que otras 100 personas, entre ellos 30 niños. Allí, el lunes por la mañana, la PM ingresó como una tropa de elite, derribando la puerta de ingreso a patadas, con armaduras modernas y lanzando gases por orden del Fiscal Walter López. La irrupción en los hogares fue consecuencia de una denuncia por usurpación radicada en el Juzgado Contravencional 19 a cargo del juez Carlos Aostri. “A algunos vecinos los tiraron al piso y les pusieron un arma en la cabeza”, reveló Jéssica a Miradas al Sur.
“La violencia utilizada tiene un sentido ejemplificador”, acusa Lucas Moreno, militante social del Frente Popular Darío Santillán (FPDS) que tiene un espacio a media cuadra de allí. “La metropolitana llegó con armas nuevas: un modelo de lanza gases en forma de pelotas que se desintegran, sin dejar rastro de los cartuchos”, señaló.
Las personas que vivían allí desde hacía varios años pagaban a un encargado que se presentaba religiosamente el 18 de cada mes, entre $ 800 y $ 1.600 por el alquiler de una habitación, dependiendo del tamaño. También un abogado se acercaba a pedirles dinero por distintos trámites. Desde julio, no aparecía ninguno y eso los puso en alerta.
“Acá hay una absoluta contradicción: se aprieta mucho más por conseguir inmuebles usurpados, no se acompaña con una política de vivienda y esa gente no tiene adonde ir a vivir. Eso encarece los precios en las villas y hoteles, y muchos vuelven a usurpar”, revela el abogado Martín Cormick, Jefe de la Oficina de Orientación al Habitante de la Defensoría del Pueblo (DP), que en este caso logró ser garante del acta acuerdo firmado entre los vecinos desalojados y el Ministerio de Desarrollo Social porteño.
Según la DP, el fiscal no estuvo presente ni siquiera para la firma del acta en la que el Gobierno porteño se comprometió a entregar el resto de las pertenencias que quedaron en el inmueble en 48 horas y abonar a cada titular de las familias tres cuotas juntas de $1.200, más otros $1.200 por el programa Nuestras Familias, en un sólo pago; más siete cuotas consecutivas mensuales de $1.200 contra la presentación de comprobante de pago de hotel o alquiler de vivienda.
“Lo perverso de todo esto es que no hay hotel ni pensión que se pueda pagar con ese dinero y además, muchos no aceptan niños”, denuncia Oscar Rolón, otro militante del FPDS.
La propuesta del gobierno de Macri era enviarlos a un parador –define el letrado–, “que es un paliativo de 10 horas No hay muchas vacantes, les pegan, les roban y separan a hombres de mujeres, desuniendo las familias. Tienen que hacer una fila desde las cinco de la tarde por un posible lugar. Y quienes han ido prefieren establecerse debajo de un puente antes que volver”.
La mayoría aún no ha encontrado una solución viable. El FPDS está brindando su local para evitar que las mujeres y niños desalojados duerman en la calle. Tiran un colchón en el piso y durante el día se ocupan de alimentarlos. Nada indica que los violentos y xenófobos de la Policía Metropolitana hayan sido separados. Ninguno de los entrevistados cree que la política habitacional del Gobierno porteño sea revisada.
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