La ciudad de Buenos Aires está en peligro. Un grupo de facinerosos comanda los destinos de la ciudad más grande de la Argentina.
14 derrumbes y 4 muertos en un año.
Miércoles 23 de noviembre, el último derrumbe: en Díaz Vélez 4920, cayó la medianera de una obra en demolición sobre el patio de una casa. Los dueños del hogar ya habían realizado la denuncia, en reiteradas oportunidades, ante el Gobierno de la Ciudad.
Para algunos son “la banda de los arquitectos”; para otros, “los sojeros de Buenos Aires”. Pero, ¿de quiénes hablan políticos y constructores cuando los mencionan?
La llamada “banda de los arquitectos” existe antes del boom constructor que crece a ritmo sostenido en la ciudad. La “banda” la comandan alternativamente radicales y macristas desde antes del desembarco de Mauricio Macri. Tras el triunfo del PRO, “se consolidó como un grupo donde la política está al servicio de los negocios inmobiliarios”. Estos emprendedores del hormigón se parecen a los productores de soja. “Algunos empresarios agropecuarios plantan soja, sacan la renta directa y se van. En la ciudad ‘la banda de los arquitectos’ hace lo mismo al explotar al tope el valor de un terreno construyendo la mayor cantidad de viviendas posible para venderlas al máximo de rentabilidad”, compararon las fuentes.
“Es una acción corporativa” la que despliega en la ciudad la Sociedad Central de Arquitectos, presidida por el radical Enrique García Espil, en conexión con las grandes constructoras y con las autoridades del área designadas por el Ejecutivo porteño, afirmó en diálogo con Veintitrés Marcelo Vensentini, ex presidente de la Comisión de Planeamiento Urbano de la Legislatura durante la gestión de Aníbal Ibarra y actual asesor del Ministerio de Seguridad de la Nación.
Casualmente del otro lado del mostrador, el encargado de direccionar las políticas de Planeamiento Urbano es Daniel Chain, hombre de confianza de Macri, ex Socma y arquitecto. “Toda la vida, el secretario de Planeamiento Urbano lo puso la Sociedad Central de Arquitectos. Lo pusieron a García Espil (en la administración de Fernando de la Rúa), después a Margarita Charriere (enfrentada con su antecesor) y ahora a Chain”, enumeró Vensentini.
Además, Vensentini confirmó que García Espil motorizó cambios en el Código de Planeamiento Urbano y en la Ley de Impacto Ambiental, cuando era secretario del área durante el gobierno delarruista porteño, que permitieron excepciones y merma de controles en la autorización e inspección de obras en el distrito. Por estas horas, el kirchnerismo evalúa presentar un proyecto para reparar esas falencias.
Hubo dos momentos clave que prepararon el terreno (valga la figura) para que la corporación de la construcción pudiera sembrar de edificios la ciudad. Uno de ellos fue la modificación de Código de Planeamiento Urbano que se concretó durante la llamada “semana de las 100 leyes”. Durante esas jornadas deliberativas los legisladores salientes aprobaron a las apuradas más de 50 leyes antes de que Aníbal Ibarra asumiera la Jefatura de Gobierno, el 6 de agosto de 2000.
Esa modificación al Código, fogoneada por García Espil, entonces secretario de Desarrollo Urbano de De la Rúa, y defendida en la Legislatura por el radical Rubén Campos, quien continúa como legislador, “puso en marcha los mecanismos que hoy generan gran parte de los problemas que está padeciendo la ciudad”. Por ejemplo, desde entonces se puede construir en alto en las avenidas, aunque atrás haya un barrio bajo. Esa decisión fue cambiando la fisonomía de la ciudad. Aunque la argumentación para modificar el Código fue de índole técnica, la verdadera razón –según las fuentes– fue económica, ya que el valor final de una propiedad sobre una avenida, con acceso directo a los medios de transporte, es muy superior al de otra en una calle periférica.
La otra norma que se modificó en 2000 fue la Ley de Impacto Ambiental nº 123.
El artículo 12º de la norma calificaba como de mediano impacto la construcción de edificios y obligaba a confeccionar un informe del entorno antes de poner en marcha obras en altos. Esa ley se sancionó el 10/12/98, se promulgó el 19/1/99 y se reglamentó el 10/10/02, cuando fue derogado el artículo en cuestión por otra norma, la ley 452 (2/08/2000). La sanción de esa enmienda que elimina el artículo 12 fue una iniciativa que impulsó Campos en la Legislatura, pero que ordenó García Espil como secretario de Planeamiento Urbano.
Es sugerente comprobar, sólo contrastando fechas, que esta “corrección” se sancionó el 2/8/2000 y se promulgó el 5/9/2000, un día antes de que asuma Anibal Ibarra. Según los especialistas, si ese artículo no se hubiera eliminado, para autorizar la obra de Mitre al 1200 habría sido necesario evaluar la influencia de las vibraciones de los subtes que atraviesan la zona y el estado de las propiedades linderas...
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