ACTUALIZACIÓN

HOY ACTUALIZAMOS LA NOTA SOBRE EL POLÈMICO SOTERRAMIENTO DEL FERROCARRIL SARMIENTO: «LA GRAN ESTAFA DEL SOTERRAMIENTO»

jueves, 12 de julio de 2012

OBRAS ANTISÍSMICAS y ANTIHUMANAS




Lo bueno y lo malo conviven en Argentina, desde hace tiempo. A las políticas inclusivas a nivel nacional, se le oponen las políticas neoliberales y deshumanizadas a nivel de la CABA. Son tan distantes unas y otras, tan diferentes, que a la indignación ciudadana se le suma la movilización y la batalla judicial para lograr sobrevivir en la compleja trama del área metropolitana que intentamos reconstruir...





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OBRAS ANTISÍSMICAS

Desde el 1º de enero de 2013, todas las obras de construcción públicas y privadas llevadas adelante por el gobierno nacional deberán contar con sistemas de protección sísmica. La obligación resulta de un reglamento aprobado por la Secretaría de Obras Públicas de la Nación, y elaborado por el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), a través de su Centro de Investigación de los Reglamentos Nacionales de Seguridad para las Obras Civiles (Cirsoc), y el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (Inpres).

Aunque la obligatoriedad de la normativa sólo regirá para obras públicas nacionales, las autoridades del área invitarán a provincias y municipios a que la adopten “tanto en obras civiles como privadas”.

La nueva reglamentación, publicada en el Boletín Oficial a principios de este mes, está en realidad conformada por una serie de reglamentos complementarios que “determinarán la calidad y la seguridad de las futuras estructuras que se construyan” y “son el fruto del trabajo participativo de centros especializados, colegios, cámaras, asociaciones, universidades y empresas”, señaló el presidente del INTI, Ricardo del Valle.

Los reglamentos vigentes hasta el primer día del próximo año datan de hace treinta años, por lo que, explicaron fuentes del INTI, “resultan obsoletos” frente a los cambios técnicos y la actualización de códigos internacionales y regionales. Además, afirma la reglamentación, aprobada por la resolución 247/12, está directamente relacionada con la seguridad pública de las personas y los bienes”. Por ello su artículo 2 invita a provincias y municipios “a adherir (...) y a actualizar sus reglamentos técnicos” en sintonía.

Los primeros reglamentos de seguridad estructural están vigentes desde 1982. Por ello, este “conjunto de reglamentos de seguridad estructural actualiza un cuerpo reglamentario que ya tiene treinta años de vigencia, y que estaba alejado de las tendencias internacionales”, señaló Marta Parmigiani, la ingeniera civil a cargo del INTI-Cirsoc.

El espíritu que anima el nuevo criterio “ya se conocía y se daba en todas las facultades, incluso algunos sectores y algunas provincias ya lo utilizaban”, explicó Pablo Lavallaz, del Consejo Profesional de Ingeniería CIvil y representante del Cirsoc. Sin embargo, agregó, el problema radicaba en que “la policía de la construcción, la autoridad que hace al proyecto de ejecución de obras, está sujeto a autoridades municipales, que son quienes deciden cómo deben ser hechas las obras particulares. Al autorizarse y adoptarse este reglamento, es muy probable que rápidamente los municipios los incorporen”.

La novedad comprende “a todos los materiales estructurales, incluyendo las estructuras de acero, aluminio y mampostería”, explicaron fuentes del INTI que, además, precisaron que abarca tres grandes temas: “la seguridad estructural, los lineamientos de verificación y la vida útil por diseño de durabilidad”.

Es la primera vez que un reglamento incluye “a las estructuras de aluminio y las uniones estructurales con bulones de alta resistencia”, pero también es inédito que el reglamento contemple la necesidad de que las decisiones últimas sobre la estructura se realicen tomando en cuenta “el medio ambiente donde se emplaza la estructura”. “Las características del hormigón para construcciones en Olavarría deben ser distintas a las de aquel que se usa en la costa atlántica, cerca del mar, donde están afectadas por el fenómeno de corrosión”, ejemplificaron fuentes del área.



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OBRAS ANTIHUMANAS


La Defensoría General de la Ciudad de Buenos Aires elevó dos denuncias al Juzgado Federal de Quilmes, a cargo de Luis Armella.

A raíz de las demandas, la justicia ordenó a la autoridad de la Cuenca Matanza-Riachuelo (ACUMAR) y al IVC (Instituto de la Vivienda de la Ciudad), a solucionar los problemas que afectan a los vecinos. De esta forma, también reconoció a la Defensoría a cargo de Mario J. Kestelboim como actor en el proceso de saneamiento de la cuenca.

El 1º de junio, el Defensor actuó como letrado patrocinante de 162 pobladores para denunciar las “severas deficiencias” del complejo.

“Esos edificios carecen de servicios básicos esenciales prestados en forma regular continua y ajustada a las normas, como agua, electricidad y gas domiciliario”, dice la presentación.
Y detalla “muros de menor calidad a la exigida, que carecen de la aislacion térmica y el revestimiento exigido por las normas vigentes y graves deficiencias en la habitabilidad de la vivienda, que resulta en enfriamiento en invierno y más temperatura en el verano, como así también altos riesgos de condensación de agua al interior”.

Además, en el escrito se dejó constancia de “la mala colocación o ausencia de juntas de silicona en el encuentro de muros y entrepisos; la utilización de elementos de menor calidad en la construcción de las carpinterías lleva a que las mismas no sean herméticas, se encuentran fuera de escuadra y tanto las filtraciones de aire y agua como las pérdidas de aclimatación sean frecuentes y cuantiosas y la falta de aislante térmico en la unión de tuberías de estufas de tiro balanceado y los muros potencia la posibilidad de riesgo de incendio”.

El documento también constata que “la construcción ha violado las normas específicas de la Subsecretaría de Infraestructura y Vivienda así como con los ‘Estándares mínimos de calidad para viviendas de interés social - Revisión 2006’, del Ministerio de Planificación, Obras y Servicios Públicos y las normas IRAM aplicables”.

La segunda denuncia fue motivada por la falta de luz y los problemas que esto acarrea para las familias en materia de provisión de agua (lo que impide que se garanticen las condiciones mínimas de salubridad), seguridad y estabilidad económica. “Desde el 8 de junio que sufrimos cortes del servicio eléctrico desde las 7 hasta las 11 hs, y desde las 13 a las 21 hs, y ya no se cuenta ni siquiera con ‘luz de obra’”, dice el escrito.





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