GLIFOSATO

La Saga del GLIFOSATO: Lino Barañao desacreditó el trabajo de Andrés Carrasco y defendió al glifosato (y al modelo agropecuario). Y no dejó de hacerlo en cuanto micrófono se acercara. Incluso cuestionó el trabajo de Carrasco en encuentros de Aapresid (empresarios del agro) y, sobre todo, en el Conicet...

domingo, 25 de febrero de 2018

MENTIRAS NEGOCIOS Y REPRESIÓN EN LA 31





Mientras el gobierno de la CABA se gasta la plata de nuestros impuestos en obras inconsultas y convenios millonarios con el decano de la FADU, los habitantes del Barrio 31 de Retiro lo pasan de mal en peor. Si pasa, pasa, y si no, Represión y amenazas.

El incumplimiento de ley 3343 lleva, entre otras cosas, a esta difícil situacion. El Gobierno de la CABA es el princial responsable, pero llegó el momento de decirlo: la FADU es responsable también por haber firmado un convenio por 21 millones de pesos que daba espaldas al barrio. Sólo importó cobrar 2 veces por lo mismo, sin medir impactos de esas decisiones al calor de la guita. Por el diseño de estas viviendas que trajeron problemas tanto al barrio Cristo Obrero como al de YPF, sin participación vecinal, de manera secreta, son responsables de eso: el decano arquitecto Luís Bruno y el arquitecto Javier Fernández Castro. El decano no debió firmarlo asi, sin diálogo con el barrio, no debía la UBA ponerse como una consultora privada sin importar efectos sociales. De todas maneras, nada justifica lo que pasó con este desalojo ilegal, volviendo a epocas dictatoriales, pero cuando las cosas nacen mal, terminan peor. Este convenio entrea FADU y el Gobierno de la CABA debió rechazarse por no ser participativo, como hizo en su tema estructural la facultad de Ingenieria de la UBA, tambien. Reitero, repudiable lo de Rodríguez Larreta, injustificable. El diálogo debió siempre ser el único camino, multidisciplinario y participativo, como decía la ley 3.343, en cambio, muchos tomaron otro camino alejado de ese proceso historico, y no midieron impactos sencillamente para hacer plata con este plan. Cuando se viola la participacion democratica y no se da la información al habitante sujeto de procesos de relocalizaciones pasan estas cosas.

GUSTAVO CAÑAVERAL
arquitecto






A palazos, gas pimienta y mazazos en las paredes, el Gobierno porteño desalojó a una vecina de la Villa 31 que durante varias horas se resistió a ser reubicada en una casa de condiciones edilicias más precarias a la suya, que estaba ubicada en un lugar por donde pasará una nueva traza de la Autopista Illia. El desalojo “forzoso e ilegal” fue efectivizado mediante un desproporcionado operativo de la Policía de la Ciudad que amenazó con detener a la propietaria y golpeó a varios vecinos que salieron a su ayuda. Hasta mediados de año están previstas otras 80 relocalizaciones.

La calma del barrio se vio alterada con la irrupción de unos 40 efectivos que llegaron para desalojar a Valeria Ibarra, quien vivía allí con su marido, sus 4 hijos y un hermano. Lo hicieron sin orden judicial y amparándose en una resolución administrativa del gobierno de Horacio Rodríguez Larreta, que dispuso que esa vivienda y la de otras dos familias debían ser demolidas.

La represión ocurrió en el sector del barrio llamado “Cristo Obrero” donde, con el argumento de la nueva traza y de la supuesta urbanización del barrio, el gobierno porteño dispuso la relocalización de varias familias en otro lugar ubicado a metros de allí, denominado “La Containera”. Según denunciaron los vecinos, las viviendas de ese sector son más pequeñas, no fueron escrituradas, fueron construidas con materiales de peor calidad (Durlock y chapa) que las que dejaron y, en los alrededores, no hay espacio para las actividades que hacían antes.

Desde hace tiempo Valeria Ibarra se resistió a eso. “La Secretaría nunca quiso llegar a un acuerdo conmigo y dijeron que no hay otra opción, que la autopista se tiene que hacer”. Su casa era varias veces mejor que la que le ofrecieron, según aseguraron los vecinos e integrantes de distintas organizaciones que respaldaron su reclamo por mejores condiciones de vida. Mientras lo hacían, la policía los golpeó, les arrojó gas pimienta y hasta amenazó a la propietaria con detenerla y enviar a sus hijos a una institución.

Finalmente, después de la resistencia y de las amenazas, por la tarde Valeria decidió irse. Y al minuto que se fue le demolieron la casa; es más, la empezaron a demoler mientras estábamos adentro los abogados e integrantes de la Mesa Participativa de urbanización del barrio...





Los negocios, negocitos y negociados a espaldas de la gente, sin consentimiento, sin participación, rodeados de falsas promesas... siempre terminan mal. Los vecinos organizados reclaman pero no son escuchados.

    Oposición al cambio de traza de la autopista Illia 

    El traslado de una escuela de la villa 31 a galpones 

























LA SAGA DE LA LEGISLATURA










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