ACTUALIZACIÓN

HOY ACTUALIZAMOS LA NOTA SOBRE EL POLÈMICO SOTERRAMIENTO DEL FERROCARRIL SARMIENTO: «LA GRAN ESTAFA DEL SOTERRAMIENTO»

viernes, 23 de noviembre de 2012

INVESTIGANDO AL JUEZ ARMELLA, ACUMAR Y OTROS









La fiscalía de Quilmes, a cargo de Silvia Cavallo, cree que hubo irregularidades en las contrataciones que se hicieron en el marco de la causa por el saneamiento de la cuenca Matanza Riachuelo.

El magistrado Luís Armella ya fue apartado por la Corte Suprema de Justicia.

La fiscal Cavallo requirió abrir la investigación y pidió una batería de medidas para impulsar la denuncia que hizo formalmente el fiscal general ante la Cámara de Apelaciones de La Plata Julio Piaggio.

«En particular, la presente investigación se centrará en establecer las conductas que se habrían llevado a cabo en el marco del cumplimiento de la sentencia definitiva dictada el 8 de julio de 2008 por la Corte Suprema de Justicia de la Nación (causa “Mendoza, Beatriz Silvia y otros c/Estado Nacional y otros s/daños y perjuicios-daños derivados de la contaminación ambiental del río Matanza Riachuelo”), como así también en identificar a la totalidad de las personas que pudieron haber intervenido y/o participado en calidad de autoría y/o participación, ya sean funcionarios, empleados, integrantes de sociedades y/o terceros, y que, actuando con motivo o en ocasión de su cargo y en el ámbito de su competencia, se encuentren involucrados en las contrataciones realizadas por Aguas y Saneamientos Argentinos (AySA) y la Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del estado (CEAMSE) en cumplimiento del plan integral de saneamiento de la cuenca Matanza-Riachuelo y en el marco de los Convenios celebrados con la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR)», dice el dictamen.




Beatriz Mendoza y Otros



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Diligencias ordenadas por la fiscalía:


1) Se requiera a la Auditoría General de la Nación que remita la totalidad de la documentación de respaldo que cuente en su poder y que le fuera aportada al equipo de auditoría, con la cual efectuara el Relevamiento Especial en Relación a Contrataciones Incluidas en el Plan Integral de Saneamiento Ambiental –P.I.S.A.–” que fuera presentado a requerimiento de la CSJN.

2) Se obtenga toda la normativa referida al Régimen de Compras y Contrataciones de la ACUMAR (Decreto 1023/2001 y modif. Ley 26.168; su Reglamento de Procedimiento para la Contratación de Bienes, Obras y Servicios (Resolución 248/2010). Se requiera el aporte de copias del Convenio Marco entre dicho órgano y la empresa AySA para la implementación del P.I.S.A., los Protocolos n° 1 y 2 de dicho Convenio,

3) Se obtenga el Manual de Compras y Contrataciones de la CEAMSE (RD n° 870) de fecha 2 de febrero de 2012. Se obtenga el Manual de Procedimientos de Gestión de Obras, Bienes y Servicios de AySA (aprobado por Res. de Directorio del 27 de septiembre de 2007 y sus modificatorias).

4) Se requiera a los titulares de la ACUMAR y de las empresas AySA y la CEAMSE que aporten sus reglamentos de organización interna, la composición de dichos órganos, sus atribuciones y funciones y los datos de sus integrantes.

5) En el caso de no encontrarse dentro de la documentación solicitada en el punto 1), se requiera puntualmente a los presidentes de las empresas AySA y CEAMSE que aporten de la totalidad de la documentación y expedientes vinculados con las contrataciones directas y con las obras concretadas por concurso privado de precios efectuadas con la Compañía Constructora M&T S.A., que fueran referidos el los puntos B.1 y B.2.

6) Se requiera al titular de la Facultad Regional Avellaneda de la Universidad Tecnológica Nacional que aporte la totalidad de la documentación relacionada con la contratación de la firma Kartonsec S.A.

7) Se requiera al titular del Registro Nacional de la Propiedad Automotor que informe la totalidad de los vehículos de maquinaria vial que estuvieran o actualmente se encuentren registrados a nombre de las firmas “San Martín 264 Bernal S.A.”, “Gildin S.A.”, “Tierras Provinciales S.A.”, “Vial Rogo Constructora S.A.”, “Compañía Constructora M&T S.A.” y “Kartonsec S.A.” así como también de todos sus integrantes, directores, socios, directores y accionistas.

8) De no haber sido remitido por la Auditoría General de la Nación, deberá requerirse a la Inspección General de Justicia así como a la Dirección Provincial de Personas Jurídicas de la provincia de Buenos Aires, que aporten toda la documentación referida a las firmas “San Martín 264 Bernal S.A.”, “Gildin S.A.”, “Tierras Provinciales S.A.”, “Vial Rogo Constructora S.A.”, “Compañía Constructora M&T S.A.” y “Kartonsec S.A.”.

9) Se requiera al titular de Aguas y Saneamientos Argentinos S.A. que informe: - Si en función del Convenio Marco entre la ACUMAR y AySA para la implementación del proyecto Limpieza de Márgenes como parte del P.I.S.A. y sus Protocolos, se implementaron contrataciones con otras empresas bajo las mismas modalidades que las concretadas con Compañía Constructora M&T S.A.

- Si con anterioridad a la contratación directa por el servicio de alquiler de maquinaria vial realizada con la Compañía Constructora M&T S.A. (órdenes de compra n° 17.621, 20.806, 20.844 y 23.116), dicho organismo había celebrado con esta última firma alguna otra clase de contratación, suministro de bienes o servicios como así también si se les había adjudicado la ejecución de alguna obra.

10) Se requiera al titular de la CEAMSE que informe si en función del Convenio Marco entre la ACUMAR y CEAMSE “Proyecto de limpieza de márgenes – P.I.S.A.–” se llevaron a cabo contrataciones con otras empresas bajo las mismas modalidades que las concretadas con Compañía Constructora M&T S.A. Asimismo, deberá requerirse que se informe si con anterioridad a la contratación por adjudicación directa con dicha firma, ésta participó en la ejecución de otras obras, proyectos y/o servicios”.



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La propia Corte había ordenado la apertura de la causa penal contra Armella y además decidió promover una investigación contra el magistrado en el Consejo de la Magistratura.





El juez Armella fue denunciado por el Poder Ejecutivo por "posible" incurrimiento en ilícitos en su función de ejecutar la sentencia de la Corte Suprema que dispone el saneamiento de la cuenca Matanza-Riachuelo, se lo acusa de vincularse con un grupo de empresas que consiguieron contratos millonarios sin licitación alguna.

Los posibles delitos por los que se investigaría al juez son "estafa contra la administración pública", "violación de los deberes de funcionario público" y "negociaciones incompatibles con la función pública", imputaciones que suponen una pena de hasta seis años de prisión e inhabilitación perpetua.

En la denuncia se hace referencia a una investigación periodística de un matutino, según la cual se encontraría probado un modus operandi delictivo en el que el juez Armella aparece como autor principal”, sostiene la presentación, y precisa que “el juez intimó a la Autoridad de la Cuenca (Acumar), bajo apercibimiento de graves sanciones y multas personales a los respectivos funcionarios, a realizar en plazos perentorios diversos proyectos”; “ante la premura exigida por el magistrado, se habilitarían los supuestos de excepción” para beneficiar, “sin procesos licitatorios”, a “empresas que serían próximas al juez”.

El texto señala que en las contrataciones se siguieron las órdenes del magistrado. En su proceder, eran invitadas por Aysa las mismas seis empresas a los concursos privados, donde siempre ganaba la firma M&T. “El informe de la Auditoría General concluye que dichas empresas se encuentran vinculadas “por la alternancia de sus socios o la coincidencia de domicilios”.

La denuncia cita “el informe de la Auditoría General de la Nación, fechado el 9 de octubre, que “señala cuatro contrataciones directas efectuadas por Aysa con Compañía Constructora M&T S.A.”, por más de dos millones de pesos, y “14 obras adjudicadas a M&T mediante concurso privado de precios, por un total de 123.428.218 pesos”.

Seis empresas, siempre las mismas, eran invitadas por AySA a los concursos privados, que siempre ganaba M&T. “El informe de la Auditoría General concluye que dichas empresas se encuentran vinculadas “por la alternancia de sus socios o la coincidencia de domicilios”.

También la Ceamse efectuó “una contratación directa de la firma M&T, por un monto de 3.597.834,30 pesos”, “a partir de las razones de urgencia sustentadas en la resolución del juez Armella”.

La denuncia se detiene en “el caso de la firma Gildin S.A.” y señala “la relación directa del juez Armella con los socios y directivos de Gildin”; recuerda que en 2009 “Armella prohibió la instalación de nuevas canteras en la Cuenca y ordenó “la clausura de la totalidad de las que se mantenían operativas”, lo cual permitió “liberar de competencia a Gildin y asegurar su contratación”.

Armella quedó al frente del caso luego de que la Corte dictó en junio de 2006 una primera sentencia, exigiendo al Estado la presentación de un plan para limpiar el Riachuelo y recomponer el agua, el suelo y el aire.

El alto tribunal dictó una última sentencia, en julio de 2008, donde ordenó la implementación de políticas públicas concretas en materia ambiental y fijó plazos para realizarlas y sanciones en caso de incumplimiento, a cargo de la Autoridad de Cuenca.

Además, había dejado en manos del juez Armella la ejecución de la sentencia definitiva y estableció un control sobre ella, en manos del Defensor del Pueblo, de las ONG que intervinieron como terceros en la causa y de la Auditoría General de la Nación.



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Auditoría General de la Nación

El jueves 1 de noviembre, expuso el Presidente de la AGN, Leandro Despouy en la Audiencia Publica convocada por la Corte Suprema de Justicia a fin de evaluar el grado de avance en el cumplimiento del plan de saneamiento de la cuenca Matanza-Riachuelo. Expusieron también representantes de CEAMSE y la Defensoría del Pueblo de la Nación.

Publicamos las dos presentaciones realizadas con respecto al "relevamiento especial" sobre contrataciones y otro informe sobre la "ejecución presupuestaria" de ACUMAR...












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Jueves 1/11/12: La Corte Suprema de Justicia de la Nación realizó la audiencia pública convocada con el objeto de evaluar el grado de avance en el cumplimiento de los mandatos impuestos en la sentencia condenatoria dictada el 8 de julio de 2008, por la cual exigió el saneamiento de la cuenca Matanza-Riachuelo (fallo “Mendoza y otros”).

Fue convocada a fin de evaluar el grado de avance en el cumplimiento del plan de saneamiento de la cuenca exigido por el Máximo Tribunal. Expusieron este jueves representantes de CEAMSE, AGN y Defensoría del Pueblo de la Nación.

Estuvieron presentes en el estrado los ministros Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Juan Carlos Maqueda y Carmen Argibay.

En la jornada expusieron Abel Marino, en representación de la Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado (CEAMSE); Leandro Despouy, por la Auditoría General de la Nación (AGN), y Anselmo Sella, por la Defensoría del Pueblo de la Nación.





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