¿Quiénes gobiernan la CABA DESDE 2007? ¿Quiénes gobiernan la provincia de Buenos Aires y la nación toda desde 2015?
desde el principio, Macri, Vidal, Ródriguez... son apellidos ligados a la desidia y la corrupción en la función pública. La salud pública y los derechos ciudadanos no son una mercancía.
¿Dónde está el ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable?
¡Aparición con Vida del Ministro Bergman!
- SI LA TAREA PRIMORDIAL DE UN GOBIERNO ES PROTEGER A LA POBLACIÓN, Y EN CAMBIO SE FAVORECE A LAS EMPRESAS ESPECULATIVAS, Y SE DESTRUYE EL APARATO PRODUCTIVO CON UN PLAN ECONÓMICO PARA LA DEPENDENCIA Y LA FUGA DE CAPITALES, LOS FUNCIONARIOS SON TAN CULPABLES COMO QUIENES ARROJAN CIANURO EN LOS CURSOS DE AGUA.
La Autoridad de la Cuenca Matanza Riachuelo (Acumar) tiene un plazo de 10 días para presentar ante la Corte Suprema de Justicia el listado actualizado de las empresas declaradas como “agentes contaminantes”. Esta cifra que no se revisa desde hace 10 años podría ascender a más de 1.500, según el cuerpo colegiado que realiza el seguimiento de las acciones del organismo.
El fallo que se conoció el jueves es significativo, y podría ser una señal de que el máximo tribunal tomará una decisión de fondo sobre una gran deuda que es el pasivo ambiental en la cuenca.
Tolueno, benceno, selenio y plomo son algunas de las tantas sustancias tóxicas con las que conviven fuera y dentro de su cuerpo los vecinos de la Cuenca Matanza Riachuelo.
Los más afectados por las sustancias tóxicas provenientes del conglomerado industrial de las 1500 empresas que se encuentran en las inmediaciones son quienes viven en las denominadas zonas de riesgo muy alto.
La actualización de la información que solicita la justicia es clave porque las cifras de los agentes contaminantes no coinciden. Mientras que Acumar asegura que son 850, las agrupaciones ambientalistas aseguran que son por lo menos 1500 porque –sostienen– desde hace diez años no se actualiza la información.
Según el Mapa de Riesgo realizado por la Acumar, esta franja contempla 94 barrios, 339.365 habitantes y 45.595 viviendas. La población, a su vez, se enfrenta a seis posibles amenazas como inundaciones, los 731 establecimientos industriales considerados de control prioritario, los pasivos ambientales críticos, los sitios de disposición final de residuos sólidos, urbanos, informales y formales, la condición sanitaria de los hogares en función al acceso de la red de agua potable y a la red de cloacas y la mala calidad del agua para el consumo humano.
Desde hace una década, la Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró que los alrededores y la zona que bordea la Cuenca Matanza Riachuelo no son aptos para vivir por el riesgo ambiental y la contaminación que representa.
Desde la Acumar, en representación y gestión de las tres jurisdicciones responsables –gobierno nacional, bonaerense y porteño– debían y deben aún hoy reubicar a sus habitantes por el peligro y las amenazas a las que se enfrentan cada día.
Durante décadas se permitió el vertido de metales, sustancias químicas y orgánicas, inclusive residuos peligrosos y contaminantes orgánicos persistentes, que deterioraron las aguas, el aire y los suelos de la cuenca y que implican un riesgo para la vida de los habitantes de la zona.
Si bien una pequeña parte ya ha sido reubicada, su gran mayoría se encuentra inmersa en un ambiente nocivo, dañino y de alto riesgo para la salud.
Según un informe presentado por el Cuerpo Colegiado nombrado en 2008 por la Corte Suprema de Justicia para auditar las acciones o las no acciones de la Acumar, uno de los problemas es que desde el mismo organismo se autoriza a verter cierta cantidad de cada uno de los contaminantes por unidad de volumen efluente, sin considerar la acumulación de distintos contaminantes en el mismo afluente, ni su efecto tóxico individual o combinado, ni la carga masiva total que aporta cada agente contaminante.
En el informe que realizó el Cuerpo Colegiado y que fue expuesto ante la Corte en marzo pasado, precisaron que “un litro de efluente descargado al Riachuelo podría contener, entre otros contaminantes, 2mg de aluminio, 0,5mg de arsénico, 2mg de bario, 2mg de boro, 0,1 mg de cadmio, 1mg de cianuros totales, 0,2mg de cinc, 2mg de cobalto, 1mg de cobre y 2mg de cromo”.
Otros agentes contaminantes “pueden verter coliformes fecales sin límites si los envían por colectoras cloacales. Si llegaran al curso de agua directamente o por un desagüe pluvial, los vertidos sólo serían controlados a menos de 500 metros de un balneario”.
Según informaron en ese caso, el límite máximo sería de 2000 colonias de escherichia coli por cada 100 mililitros (o sea medio vaso de agua) y descargas menores podrían hacerse libremente en los balnearios si los hubiera.
Ante la no respuesta de la Acumar al reclamo por el cumplimiento del saneamiento, el Cuerpo Colegiado, integrado por la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), Greenpeace, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos (ACDH) y la Asociación de Vecinos del Barrio de La Boca, realizaron este informe en conjunto.
Allí plantearon los principales problemas, entre ellos, la autorización por parte de la Acumar de vertidos de contaminantes, la inmunidad de AySA. Además de que no se podrá agregar agua al efluente para diluir los contaminantes y no proponen otros diluyentes ni tampoco cómo los controlará.
También acusaron a la Acumar de no fijar límites para la presencia de coliformes fecales en el río. En el informe destacaron que hay tramos mejores que la cuenca media y baja, que son las más afectadas.
En cuanto a que se tomará en cuenta la carga másica que aporte cada agente contaminante, en el informe señalaron que “desconocen de qué forma lo harán, ni cuáles serán las cargas aceptables, ni los parámetros para permitirla”.
Juan Carlos Longhi, ambientalista y vecino de Dock Sud, cree que el barrio está en la misma situación que años atrás porque se hizo muy poco y asegura que “la gente no tiene que estar más ahí”. El ambientalista, que hace décadas vive en la zona y ha tenido una participación activa en pos de su comunidad, sostiene que el problema “no viene de la contaminación aérea, ni del agua, que es un problema que lo tiene cualquier zona de bajos recursos. Aquí el problema de la contaminación está y viene del suelo, porque ese suelo es donde se volcaban los residuos de petróleo”.
En la zona baja de la Cuenca, donde se viene depositando la mayor cantidad de sedimentos, y donde hay un Polo Petroquímico, Villa Inflamable es uno de los barrios más afectados. Y según Longhi fue reconocida por la Acumar como la prioridad uno para la relocalización, pero nunca se concretó.
El ambientalista reconoció que se realizan “cualquier cantidad de estudios de contaminación en la zona”, y recordó que “años atrás hubo un fallo de la Corte por una empresa japonesa que ya había revelado la presencia de tolueno, benceno, selenio y plomo, elementos que afectan directamente la salud del ser humano en la convivencia con ellos”.
“La Acumar es un fracaso por donde se fueron millones y millones de pesos. Jamás se puso al frente de la Autoridad a una persona competente. Siempre fue un cargo político, nunca lo ocupó una persona que se diera cuenta verdaderamente del problema”, sentenció Longhi.
Para el ambientalista la situación de los habitantes de Dock Sud es dramática: “La gente que pudo irse se fue y la que no, se quedó conviviendo con todo este problema. Les proveen agua en bidones para que tomen, al no tener cloacas ni nada todo va desagotado en algunos bañados o lagunas que quedaron. Ahí se vuelcan todos los caños de las cloacas y la gente vive en toda esa contaminación. Poco y nada es lo que se hizo, se abrió una Unidad Sanitaria pero no se hace control ambiental en la salud de la gente, no hay toxicólogos, ni en la Unidad Sanitaria, ni en la Villa Fiorito, ni en el Hospital Presidente Perón. No hay toxicólogos en la zona. Cada familia que tiene un enfermo tiene que ayudarse por sí solos. Están subsistiendo, no se puede decir que están viviendo”.
PLOMO
El plomo es un veneno muy potente y puede estar en todas partes como en el suelo o en el polvo y no se puede ver ni detectar con el olfato o el gusto. Cuando una persona inhala polvo de plomo, parte del veneno puede permanecer en el cuerpo y causar serios problemas a la salud. La Organización Mundial de la Salud (OMS), incluyó el plomo dentro de una lista de diez productos químicos causantes de graves problemas de salud pública que exigen la intervención de los Estados Miembros para proteger la salud de los trabajadores, niños y las mujeres en edad fecunda.
Según la OMS, el plomo es un metal tóxico presente de forma natural en la corteza terrestre. Su uso generalizado ha dado lugar en muchas partes del mundo a una importante contaminación del medio ambiente, un nivel considerable de exposición humana y graves problemas de salud pública.
Esta sustancia tóxica se va acumulando en el cuerpo, afectando a diversos sistemas del organismo, con efectos especialmente dañinos en los niños de corta edad. Se distribuye por el organismo hasta alcanzar el cerebro, el hígado, los riñones y los huesos, y se deposita en dientes y huesos, donde se va acumulando con el paso del tiempo. Para evaluar el grado de disposición humana se suele medir la concentración de plomo en sangre. No existe un nivel de exposición al plomo que pueda considerarse seguro.
La OMS sostiene que si los niños se exponen en un grado elevado les ataca el cerebro y el sistema nervioso central y les puede provocar un coma, convulsiones e incluso la muerte. Los niños que sobreviven a una intoxicación grave, según la OMS, pueden padecer diversas secuelas, como retraso mental o trastornos del comportamiento.
También advierten desde el organismo internacional que en el caso de las embarazadas, el plomo presente en los huesos es liberado hacia la sangre y se convierte en una fuente de exposición para el feto.
La exposición al plomo es prevenible pero la falta de decisión política pone en riesgo la vida de todos los que habitan sobre y alrededor de la Cuenca Matanza Riachuelo.
Reportaje a Beatriz Mendoza en Radio La Voz - www.rlvradio.com.ar
Los primeros estudios sobre contaminación del suelo, del agua superficial y subterránea y del aire se remontan a más de dos décadas atrás. En 1996, el Gobierno de la provincia de Buenos Aires encargó a la consultora estadounidense Brown & Caldwell un informe que concluyó que los niveles de polución en la zona estaban muy por encima de los estándares internacionales, al tiempo que recomendó una remodelación de la zona y limitar las emisiones de las empresas.
En 2003, el Municipio de Avellaneda, la Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación y la Subsecretaría de Política Ambiental de la Provincia de Buenos Aires, con fondos de la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA), desarrollaron un estudio sobre el ambiente y sobre la población, con una muestra de 300 niños de entre 7 y 11 años que replicó las conclusiones. Según los datos recabados, en la villa hay una presencia habitual de 17 gases tóxicos, como benceno, tolueno y xileno, y metales pesados como plomo y cromo. De los 144 chicos analizados en Villa Inflamable, 57 presentaron un alto nivel de plomo en sangre. Este metal también apareció en el suelo de las viviendas.
La causa Mendoza
Tanto el informe de Brown & Caldwell como el de JICA fueron presentados como prueba documental en la causa que impulsó Beatriz Mendoza contra el Estado argentino, la provincia y la ciudad de Buenos Aires y contra las 44 empresas que operan en la zona. En 2008 la Corte Suprema argentina falló a favor de Mendoza en una sentencia pionera y ordenó una serie de medidas para limpiar la zona de contaminación y proteger a los vecinos.
Entre las principales medidas de la Corte se encuentran el saneamiento de las aguas superficiales y subterráneas, así como del aire y de los basureros colindantes, la instalación de desagües pluviales y de cloacas, la implementación de una red de agua potable y la reubicación de las familias a asentamientos libres de contaminación de la ciudad y de la provincia de Buenos Aires.
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