Justicia lenta no es Justicia. Si el acusado es un juez corrupto y queda impune con la complicidad de algunos integrantes del Consejo de la Magistratura, es doble la impunidad.
Hagamos memoria. En 2004 la problemática de la cuenca de río Matanza Riachuelo fue llevada a instancias judiciales por un grupo de vecinos que presentaron una demanda en reclamo de la recomposición del ambiente y la creación de un fondo para financiar el saneamiento.
Esta situación dio origen a la causa “Mendoza, Beatriz Silvia y otros c/ Estado Nacional y otros s/daños y perjuicios (daños derivados de la contaminación ambiental del Río Matanza – Riachuelo)”. Allí se responsabilizaba por daños y perjuicios al Estado Nacional, la Provincia de Buenos Aires, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a 44 empresas. Posteriormente, se amplió la demanda hacia los 14 municipios de la Provincia de Buenos Aires por los que se extiende la Cuenca Matanza Riachuelo.
El 8 de julio de 2008, la Corte Suprema de Justicia de la Nación dictó un fallo histórico donde se determinó quiénes son los responsables de llevar adelante las acciones y las obras de saneamiento, el plazo en que deben ser ejecutadas, dejando abierta la posibilidad de imponer multas para el caso de incumplimiento.
La Corte Suprema de Justicia puso en manos del juez federal de Quilmes, Luís Antonio Armella, una tarea que el magistrado enchastró con autoritarismo y escandalosa corrupción.
También, la navegación del Riachuelo fue prohibida por el juez Luís Armella el 28 de marzo de 2011 (quien fue separado por la Corte Suprema aunque todavía no se hizo el juicio político), y el río empezó a morir.
El tiempo pasa, nos vamos poniendo viejos. Leímos el domingo...
«... Luego de muchos años de impunidad todas las furias se han desatado sobre el fiscal general Julio Novo, del departamento judicial bonaerense de San Isidro: el jurado de enjuiciamiento provincial resolvió abrir el procedimiento de su juicio político; la jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Delgado lo citó a prestar declaración indagatoria por encubrimiento de narcotráfico y la Suprema Corte Bonaerense desplazó del caso a la Procuradora General María del Carmen Falbo, que lo protegía, y aceptó todos los pedidos del fiscal de primera instancia Luis María Angelini, que Novo y Falbo le negaban. Todo esto es consecuencia de investigaciones y denuncias iniciadas en 2009 por diversos fiscales que dependían de Novo y detectaron su comportamiento ilegal, por el diputado provincial Marcelo Sain y por el fiscal federal de la misma localidad Fernando Domínguez, y deja en evidencia la relación promiscua entre intendentes y fiscales bonaerenses. Esto no se soluciona saturando la provincia de policías, como cree el gobernador Daniel Scioli; desfederalizando los delitos de narcomenudeo, como ya hizo la provincia de Buenos Aires y la semana pasada reclamaron varias otras provincias durante la reunión del Consejo Federal de Seguridad Interior, ni militarizando las fronteras y las villas, según la temeraria propuesta del diputado Sergio Massa, quien llega a postular la pena de muerte sin juicio previo por la mera sospecha de participación en ese delito. La única respuesta viable es desmantelar esa apretada red de ilegalidad que incluye a delincuentes con o sin chapa, policiales, judiciales y políticos, sin la cual esos graves delitos no serían posibles.
»El rol de la Corte
»Quienes resolvieron iniciar el juicio político a Novo fueron el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Juan Carlos Hitters, el diputado del Frente Amplio Progresista Abel Buil, los senadores Nidia Moirano, del macrismo, y Jorge Ruesga del Frente para la Victoria. Se opusieron el diputado nacional Marcelo Longin D’alessandro, del Frente Renovador, y dos abogados de la matrícula. La decisión impacta en la Procuradora General María del Carmen Falbo, quien podría terminar imputada junto con Novo. La utilización del caso Novo en la campaña electoral es inevitable y hasta cierto punto sería legítima siempre que no se forzaran los hechos a cambio de un título escandaloso en los medios del Equipo de Demolición y Enchastres del Grupo Clarín, EDEN, y su socio La Nación. Los datos de la realidad son contundentes y están documentados desde hace no menos de seis años.
»Es una ironía de la historia que la investigación que podría derrumbar este funcionamiento mafioso del Ministerio Público Bonarense y los señoríos municipales del Gran Buenos Aires y La Plata haya quedado a cargo del ahora fiscal federal Domínguez. En 2006 Domínguez era fiscal general adjunto provincial en San Martín, cuando consiguió la fugaz detención y procesamiento del intendente de Malvinas Argentinas, Jesús Cariglino, denunciado por una empresa pavimentadora. Cariglino consiguió que el fiscal de Quilmes Luís Antonio Armella, ahijado de Falbo, iniciara una investigación paralela a la de San Martín, de modo que quienes terminaron detenidos fueron los denunciantes. Falbo apercibió al fiscal Domínguez y lo desplazó a una fiscalía que investiga accidentes de tránsito, donde no pudiera cruzarse con un intendente o un concejal, mientras su protegido Armella era ascendido a juez federal. Cariglino fue elegido por Falbo para iniciar un plan piloto: Malvinas Argentinas se hizo cargo de aportar los edificios para las fiscalías descentralizadas, pagar los impuestos y las tasas y proveer el servicio de limpieza. Este modelo se generalizó a toda la provincia, con la dependencia económica y funcional de los intendentes, que deciden qué insumos brindan, si atienden las necesidades edilicias, aportan o restan empleados. Además, la ley permite al Fiscal General poner y quitar fiscales a discreción, lo cual propicia el intercambio de favores entre los intendentes, la Procuradora provincial y los fiscales comunales, de cuya actuación política no hay mejor ejemplo que Novo y su persecución contra Angelini para que no pudiera investigar el crimen de Unicenter. La descentralización tal como se aplicó en vez de acercar la justicia a la sociedad ha municipalizado el ministerio público y se ha convertido en fuente de impunidad y negocios espurios de sectores políticos, grandes empresas zonales, policías y penitenciarios.
»En toda la provincia rige un sistema eficaz por el cual tampoco existen más investigaciones sobre el manejo de los dineros públicos, el financiamiento de las campañas, el sistema de contrataciones de obra pública y las distintas formas de violencia institucional. Pero no todo quedaría así para siempre. En 2012, Armella se hundió en las turbias aguas del Riachuelo y la Corte Suprema nacional lo separó de la causa por su saneamiento, aunque recién ahora la Comisión de Juicio Político del Consejo de la Magistratura nacional decidió acusarlo porque las obras eran encomendadas a empresas vinculadas con sus familiares. Aún así no están seguros los votos de los representantes de la UCR necesarios para alcanzar los 2/3 en el plenario. Por su parte Domínguez concursó para un cargo en el Ministerio Público de la Nación y en 2013 fue designado fiscal federal de San Isidro con las mejores calificaciones. Entre otras causas, le tocó la denuncia de Angelini contra Novo. Pura justicia poética...»
Fragmento de Nihil Novo sub Sole, por Horacio Verbitsky
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