La VILLA 31 es una isla en medio de la paradógica modernidad, en la ciudad más rica del país. Flota como una gran balsa para salvar a los náufragos del neoliberalismo, entre la avenida del Libertador, las vías del ferrocarril, y un enorme rompecabezas de contenedores y camiones que llevan y traen las riquezas que pasan de largo.
La autopista Illia ─uno de los accesos clave de la otra Ciudad, la ciudad blanca─ atraviesa por el medio, como una puñalada, la villa y su gente, con sus autos lustrosos corriendo a toda velocidad.
Cada día, los hombres en las terrazas, clavan y clavan maderas para los cimientos de lo que será el segundo, el tercer piso de una casa. El Playón Este, ganado hace unos meses a la zona del ferrocarril, ya está superpoblado. Casi invisible, vibra la villa más populosa y famosa de la ciudad.
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Actualmente, viven entre 35.000 y 40 mil personas, en la VILLA 31, en malas condiciones de salubridad. Hace 20 años, vivían alrededor de 10.000 personas. Debido a la cercanía con el centro porteño y la necesidad de viviendas, el 40% de sus habitantes son inquilinos que pagan un promedio de 1.000 pesos mensuales por habitación (con baño compartido), lo que empuja a la permanente búsqueda de más espacios para ocupar y construir.
Pero al gobierno porteño ─que gestiona la CABA desde 2007─ no le importa cómo viven "los vecinos" de la 31. A los dirigentes del PRO no les interesan tanto los votos (votan unos 4.000 en cada elección, sobre un padrón oficial de 7.500), sino la visibilidad estratégica del lugar y su poder de paralizar la Ciudad, cortando la autopista. Es lo único que preocupa a Macri.
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¿Usted preguntará por qué siempre hay lío en la VILLA 31?
Lo que ocurre es una conjunción de motivos, pero que pueden sintetizarse en dos: la deuda cada vez más dramática de servicios sociales básicos para sus habitantes –está totalmente paralizado el proyecto de urbanización por orden de Mauricio Macri–, y una pelea política territorial que es reflejo directo de la manipulación del PRO sobre representantes villeros, punteros y pobladores necesitados.
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La villa tiene una organización política interna muy particular y democrática, aunque aislada de los poderes públicos. No hay oficinas municipales; apenas una delegación policial y dos salitas de emergencia. Las ambulancias, se sabe, no siempre entran (lea NO TE MUERAS POBRE).
Por elecciones libres, los vecinos designan delegados barriales, 131 en total, que son su autoridad. Y hay delegados de todos los colores políticos: macristas (hoy mayoría), peronistas a secas (en búsqueda de aliados eventuales), de organizaciones sociales afines al kirchnerismo (la Tupac Amaru), del Polo Obrero, de sectores cercanos al ARI, y últimamente también militantes de La Cámpora, que militan en el barrio hace poco más de un año y medio.
En el sector conocido como Villa 31 bis, al fondo, donde las cloacas no llegan, los simpatizantes k levantaron una Unidad Básica –mesas para darle de comer a los chicos, bolsas de boxeo para los adolescentes– y en marzo levantaron un mural en homenaje a Héctor Cámpora.
Los macristas usan métodos de persuación y conducción, buscando doblegar voluntades, también con cooperativas y asistencia a través de subsidios. El aumento de conflictividad de los últimos meses poco.
- En la cabecera del barrio, cerca de la estación de micros, rodeado de rejas de seguridad, en un ambiente sin ventanas pero bien provisto de heladera y aire acondicionado, vive Chacho Mendoza, uno de los delegados más notorios, que adorna su lugar de estar con una foto de Evita y otra de Horacio Rodríguez Larreta, el jefe de gabinete de Macri. “Esos cortes tan largos los hacen infiltrados de los sectores del fondo de la 31 bis, el sector YPF, donde se metió La Cámpora –denuncia–. Y así desvirtúan las protestas”.
Pero no siempre es así. El último conflicto, por caso, fue hace 10 días. La autopista fue cortada por un grupo de vecinos que reclamaba la renovación de un subsidio del gobierno de Macri a cambio de la no ocupación de un predio cercano a la villa. Dos delegados del barrio (ninguno de ellos kirchnerista) aseguraron a Clarín que fueron punteros del macrismo quienes lo motivaron, seguros de que conseguirían más subsidios, que a su vez les permitirían mejorar su posición interna. La Policía Metropolitana, de Macri, los acabó reprimiendo a palazos.
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En medio de la pobreza, en la VILLA 31 conviven la buena voluntad de la mayoría de los vecinos, que estudian y trabajan, los cálculos egoístas de algunos dirigentes cooptados, y las respuestas bajas o nulas del Gobierno de la Ciudad.
A fines de 2009, la Legislatura porteña aprobó el plan para urbanizar la villa 31, llevarle servicios elementales como tendidos eléctricos seguros, gas, cloacas, construcciones nuevas y modernas. Fue una votación unánime, aclamada, aplaudida, celebrada por todos los legisladores. Pero acá nadie se dio por enterado. Acá eso no existe. En el gobierno porteño lo admitieron a Clarín, el jueves pasado: “Estamos lejos de eso, porque la villa sigue creciendo”, contó un funcionario del área.
- ¿Por qué sigue creciendo la villa 31? Porque no hay planes de viviendas y las familias crecen y se desglosan, y además llegan nuevos aspirantes a habitar la villa más cercana a los servicios de la gran ciudad. Para colmo, la inversión del gobierno porteño en el área de vivienda no para de disminuir.
Luciana Bercovich es investigadora de ACIJ, la ONG con mayor presencia en esta y las demás villas porteñas. Dice: “La 31 tiene un tratamiento diferencial por su visibilidad y valor estratégico. Y hoy es un territorio en disputa partidaria. Pero ha habido políticas muy erráticas. Al principio Macri la quería erradicar, después no, y finalmente se aprobó el plan de urbanización, pero no se aplica”. Luciana Bercovich no cree que los cortes sean incentivados, porque dice que los reclamos son genuinos: faltan tendidos eléctricos, cloacas, calles, de todo. Admite, eso sí, que “una vez que se produce el corte, aparecen los que acompañan con otra intención”.
En el cuerpo de delegados, el mayor peso lo detentan los macristas. Porque son los que “bajan” la plata pública al barrio a través de cooperativas de trabajo, similares a las del Plan Argentina Trabaja. Desde la Ciudad se financian trabajos de mantenimiento y progresos moderados, como la reparación de una calle, la apertura de cloacas, la pintura de los frentes de los edificios más visibles. En febrero, Macri designó por primera vez a un funcionario, Alejo Maxid, para hacerse cargo de la villa. Es una prueba de la preocupación del PRO por el control del barrio, de la necesidad de ajustar los tantos ahora que tienen competencia. Según dicen cerca del nuevo funcionario, ahora, por fin, después de tantos años, se analiza la posibilidad de instalar en el barrio lo que nunca se hizo: una oficina municipal, para llevar el Estado a la villa y no esperar los reclamos, a los que siempre se responde tarde.
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Se puede hablar de muchos intentos de desalojo de la 31, ya en democracia, de planes para correrlos, de sacarlos a todos, porque las tierras allí son apetecibles para muchos lobbystas inmobiliarios, y es un lugar donde pusieron el ojo varias administarciones, y por supuesto, hubo varios diseños del urbanismo vernáculo, quienes junto al pensamiento académico de rematar las tierras públicas, sólo quieren esas tierras para eso: sacar la villa y venderla a grandes grupos para hacer negocios.
Ese es el plan desde hace mucho, aunque por suerte, ya ha quedado atrás. La ley de urbanizacion de la villa 31 y 31 bis conseguida con mucho esfuerzo en diciembre del 2009, la ley 3.343, es un proyecto presentado en la Legislatura de la ciudad por el ex diputado Facundo Di Filippo, quien era presidente de la comisión de vivienda. Fue un primer paso para cumplir los sueños de muchas personas y muchos años. Luego, siguió el trabajo de una comisión durante 14 meses para desarrollar una propuesta a realizar en el barrio, de caracter inclusivo y participativo, en base a un trabajo de investigación de la FADU sobre el area, del arq. Fernández Castro. Una mesa de trabajo multidisciplinaria y democrática determinó el futuro de la villa a través de propuestas técnicas, legales, económicas, y participativas, como no se había hecho nunca en la ciudad, en una villa, Cuenta el arquitecto Gustavo Cañaveral.
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Los organizadores de las cooperativas beneficiadas con los fondos de la Ciudad –son 29 millones de pesos anuales de inyección directa–, son en general líderes del barrio. Lo que hacen es armar un proyecto –arreglar una calle– y pasar un presupuesto a la Ciudad. Si se los aprueban, reciben los fondos en cuotas y a contraprestación. No siempre son tareas prolijas y los números tampoco son todo lo transparente que se exige, según detectó la Defensoría del Pueblo porteña, que ya denunció a Macri.
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