Las medidas para poner en práctica la orden de la Corte Suprema de sanear el curso de agua afectan a los mismos de siempre y recrean la histórica disputa acerca de cuál tiene que ser el carácter del puerto porteño...
La Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires distribuirá el total de las utilidades producto de su participación en la Corporación Antiguo Puerto Madero, de la siguiente forma: 50 % a planes de vivienda canalizados a través de la Comisión Municipal de la Vivienda; 23 % a obras en área de educación; 25 % a obras en área de salud y 2 % destinado a obras en la actual reserva ecológica”. No se trata de una expresión de deseo de un vecino porteño, es el texto real del artículo 12 de la ordenanza 44.945, con las promesas fijadas en 1991 para que le permitieran ceder al sector privado los terrenos fiscales de lo que hoy es Puerto Madero.
No hace falta recordar cuál es la situación habitacional actual, de los planes de vivienda, obras educativas y hospitales públicos. Ni tampoco, la desconfianza de los vecinos hacia los emprendimientos de cierto sector.
Esta semana, el juez federal de Quilmes, Luis Armella, que tomó como propia la causa de la limpieza del Riachuelo, decidió apurar los trámites para cumplir con lo ordenado por la Corte Suprema en la llamada “causa Mendoza”, en la que el máximo tribunal ordenó realizar el demorado saneamiento a los gobiernos nacional, provincial y de la Ciudad. En ese marco, Armella dispuso que, “en forma inmediata”, la Acumar “realice todas las acciones de derecho que resulten conducentes para darle curso normativo, efectivo y reglamentario” a su resolución de suspender preventivamente la navegación y correr “toda embarcación dentro de su cuerpo de agua en estado de flotabilidad y/o hundimiento”.
La resolución del magistrado de Quilmes, que declara a la cuenca entera “zona crítica de protección especial con servidumbre de paso ambiental”, atañe a la ciudad de Buenos Aires y a los partidos de Avellaneda, Lanús, Lomas de Zamora, Almirante Brown, Cañuelas, Esteban Echeverría, Ezeiza, General Las Heras, La Matanza, Marcos Paz, Merlo, Morón, Presidente Perón y San Vicente. Y corre tanto para el río como para los arroyos de confluencia, las márgenes de ambos, el llamado camino de sirga o traza costera ambiental, y afecta a todas las actividades allí desarrolladas.
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Certezas y desconfianzas. Un viejo dicho calabrés dice: “Con la scusa del figliolo, la mamma se mangia l'uovo”. Se traduce algo así como que con la excusa de su hijito, la madre se come el huevo, y es utilizado en los casos en que una excusa loable esconde motivaciones reprochables. El dicho es perfecto para ilustrar la desconfianza de los vecinos respecto de los verdaderos intereses que hay detrás de las decisiones en torno de la demoradísima limpieza del Riachuelo.
“El mismo juez dice en su resolución cuál es el ejemplo a seguir para la limpieza del Riachuelo, no lo digo yo, directamente dice que hay que seguir el ejemplo de Puerto Madero”, exclama el arquitecto Gustavo Cañaveral, vecino de La Boca, asesor en urbanismo y vivienda de varios legisladores porteños. “Entre eso y los cambios de zonificación te vas dando cuenta de cómo, con un lenguaje que apasiona a los ambientalistas y a mí también, de defensa del colectivo y del ambiente, se cagan en los otros intereses, los industriales, los del trabajo, de las empresas que no contaminan, que emplean a los sectores que toda la vida estuvieron en los bordes del Riachuelo, soportando los problemas de salud, los basurales, en fin, todo lo que ahora constatamos que a Armella no le interesa”, explica Cañaveral.
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Luna de Avellaneda. No es la primera vez que los vecinos se enfrentan a las intentonas de cerrar el paso a la navegación comercial, ni la primera que perciben el interés de las corporaciones que se adueñaron Puerto Madero. Antes, se había suscitado la discusión en torno del puente Roca-Patricios, que uniría ambas márgenes del río y cuya licitación fue promovida por el Gobierno porteño. Esa administración promocionaba un puente de cuatro carriles, de un largo aproximado de 70 metros y de estructura giratoria. Para permitir la navegabilidad en el Riachuelo, el proyecto planeaba la detención del tránsito terrestre. Además, la obra había sido elegida sin consultar a los vecinos, por sobre otra presentada 3 años antes, con una altura que permitía el paso de los barcos y estaba valuada en 23 millones de pesos, contra los 45 millones presupuestados por AC&A. Proyecto hoy detenido, pero que desde la orden de Armella no se sabe hasta cuándo. Como un chiste o declaración de principios, ha sido bautizado “Media luna de Avellaneda”, casi igual que la película de Juan José Campanella, cuya temática trata el avance de los grandes emprendimientos inmobiliarios sobre los espacios públicos.
Este proyecto provocó uno de los cortocircuitos entre el juez en lo Contencioso Administrativo de la Capital Federal Roberto Gallardo y Armella. Fue cuando aquél hizo lugar al amparo pedido por la Cámara Argentina de Arena y Piedras contra el proyecto. Al que posteriormente se sumó el solicitado por la legisladora María José Lubertino, y que suspendió una audiencia pública posterior.
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Clásico judicial. Anteriormente Armella y Gallardo ya se habían cruzado en este ring, a causa de los asentamientos a la vera del Riachuelo. Armella estrenó allí su papel de implacable desalojador. Hasta se ganó el pedido de los legisladores porteños de Proyecto Sur Laura García Tuñón y Rafael Gentili para que fuera apartado del desalojo de viviendas del Bajo Flores.
La Corte Suprema respalda la competencia del funcionario de Quilmes, quien con la misma marcha imperturbable que orquestó los desalojos sin un plan de reubicación, avanza sobre las actividades desarrolladas en la cuenca. La decisión de Armella puso en un brete a la misma Prefectura, a quien le ordenó hacer cumplir la prohibición de la navegación, manteniendo a sus altos mando reunidos por todo el fin de semana sin saber cómo llevar a cabo la orden. Es que, dentro de los límites abarcados por la medida, hay al menos tres empresas areneras (Pueyrredón, Riachuelo y Ferrando), el astillero Proios, el Puerto de Dock Sur, a donde llegan embarcaciones de gran porte con contáiners, una de las dos empresas que navega a Uruguay (Ferrylíneas) y todos sus trabajadores y los de los servicios asociados. Y los de las empresas de la ribera que no contaminan y que, como los habitantes de los asentamientos, respiraron y enfermaron con el aire putrefacto para ser expulsados justo antes de que este símbolo de Buenos Aires quede convertido en un espejo de agua.
El juez Armella explicó en su resolución que la prohibición se debía a un pedido de la Autoridad de la Cuenca Matanza Riachuelo (ACuMaR), cosa que, aunque no mucho, difiere de la meta expresada por el organismo de “alcanzar en el mediano a largo plazo, para actividades recreativas pasivas".
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Clasico histórico. Cañaveral denuncia que “Armella es funcional al plan de dejar el Riachuelo sólo para el “regocijo” –en palabras de Armella–. Es el inicio de la liberación de las tierras para expropiar, cambiar la zonificación, en La Boca y en Avellaneda, con la llegada de los nuevos edificios, construcciones de 5 mil dólares el m2 y propietarios con su yate en la puerta”.
La imprecisión de la orden judicial obliga a cerrar “todo el Puerto Sur, Dársena Sur y la Isla de Marchi, con sus astilleros, el sincrolift, los buques que se reparan… están prohibiendo que los barcos que se están construyendo ahí, el Almirante Irízar y los convenios que se firmaron el otro día, entre el presidente de Venezuela, Hugo Chávez y Cristina Fernández, para producir barcazas, gracias a Néstor Kirchner que rehabilitó el Tandanor y ganó eso para La Boca y para la Isla de Marchi, algo que nosotros habíamos pedido muchísimo, para el trabajo”, dice el urbanista de La Boca, que vuelve sobre la prohibición: “Esto anula todo lo progresado, queda muy claro cuando Armella dice que hay que seguir el ejemplo de Puerto Madero. Al cortar la navegación están decretando la muerte funcional del Riachuelo”.
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Dicen que la segunda vez que se repite la historia lo hace como farsa. Pero no se sabe qué pasa cuando se pierde la cuenta de las veces que se vuelve a repetir. Desde la discusión entre el primer ingeniero de Buenos Aires, Luis Huergo, y el empresario Eduardo Madero. “Habían chocado dos nociones: Madero quería darle una ciudad al puerto; Huergo, buscaba darle un puerto a la ciudad. De ahí el modelo cerrado de Madero, que obstruía el movimiento de los buques y vedaba todo crecimiento, y el modelo de Huergo, que favorecía las operaciones portuarias y garantizaba la extensión de los muelles hacia el norte”, como dice el sociólogo también quilmeño, Amílcar Romero.
Datos históricos del puerto que hizo Madero
•En 1883, una comisión advirtió que las condiciones económicas del proyecto eran inaceptables. Al año siguiente, Julio Argentino Roca firmó el contrato.
• Se inauguró en 1899, y en 1902 quedó obsoleto. En 1909 se autorizó la construcción del Puerto Nuevo, diseñado por Huergo.
• Tardó 13 años y terminó costando 7 millones. El puerto de Londres costó menos de 5 millones.
• La propuesta de Huergo costaba menos de 3 millones de libras esterlinas y se aceptó la de Madero, por más de 3,5 millones.
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