El origen del problema: Se aprobaron en la Legislatura porteña un conjunto de leyes que buscan concesionar, vender y crear fideicomisos para privatizar bienes del Estado. Sucedió el 3 de diciembre del año pasado.
La controvertida iniciativa del Poder Ejecutivo para crear la Agencia de Bienes S.E. no fue incluida en el temario de la sesión de este jueves en la Legislatura porteña, y tampoco se trató sobre tablas. La norma tildada de “inconstitucional” por un número de legisladores obtuvo un amplio rechazo durante la audiencia pública a la que fue sometida y en un plenario de comisiones en el que, incluso, se le introdujeron una serie de modificaciones.
El 3 de diciembre 2015, el bloque del PRO pudo aprobar inicialmente el proyecto, con el apoyo de los votos del Frente para la Victoria.
Sin embargo, ante la masiva repulsa ciudadana, la fuerte negativa de vecinos, asambleas y profesionales, un sector de los legisladores K parece que dio marcha atrás, y no acompañaría la sanción definitiva. Mientras, las fuerzas de izquierda salieron a denunciar un nuevo “pacto Pro-K”.
Desde el oficialismo aseguraron que la ley se va a tratar cuando esté “en condiciones” y que se seguirá trabajando para “mejorarla”. La fecha estimativa que planea el Pro para llevarla al recinto es antes del fin de abril. El proyecto habilita la venta del predio donde funciona la histórica institución Tiro Federal Argentino y busca que en el lugar se construya un "Parque de la Innovación", que funcionaría como un campus educativo y de investigación. Por otro lado, permite la venta de una fracción de “El Dorrego” que se utilizará para la construcción del Centro Metropolitano Audiovisual.
Los bloques de Autodeterminación y Libertad, Bien Común, Coalición Cívica, FIT, Partido Socialista, PTS, Partido Socialista Auténtico y SUMA+ ya habían anunciado su voto negativo. No obstante, el Frente Renovador y Confianza Pública no habían sentado posición, pero en la aprobación inicial se abstuvieron.
El PRO intentará revertir la posición que Graciela Ocaña tuvo en la votación de primera lectura, en diciembre. Ahora, Confianza Pública dejó de ser un monobloque y está conformado por Ocaña y dos legisladores más. Esos tres votos podrían aportar al objetivo del oficialismo amarillo.
El PRO cuenta con 28 legisladores y el FpV con 12, por lo que si todos los diputados porteños del FpV acompañan la creación de la agencia, el oficialismo tendrá las 40 voluntades necesarias para convertirlo en ley. Lo cierto es que dentro del Frente para la Victoria hay fuertes divisiones.
El Frente para la Victoria había pedido que se modifiquen los artículos sobre la transferencia de bienes inmuebles y el régimen jurídico. En este sentido, la Agencia tendría que aportar un listado de los bienes sobre los que desee trabajar, el cual será remitido a la Legislatura para que cada inmueble pase por un tratamiento individual en el recinto. El legislador Gabriel Fuks reconoció que “tal como lo hemos votado nosotros, creemos que el proyecto es inconstitucional” (¿?). Pero, anunció que de aceptarse las sugerencias el bloque acompañaría la propuesta.
Además, en el texto original se cambió que el Directorio remita un programa de acciones a la Legislatura para su aprobación, “antes del 30 de septiembre del año anterior para el que rige”; la limitación de la reelección de los miembros del Directorio y la Sindicatura a una única vez. También, con respecto al régimen jurídico, se regirá por la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad; el "Parque de la Innovación" deberá desarrollarse mediante la realización de un Concurso Público; y los fondos producto de la venta de los bienes inmuebles no podrán ser utilizados para el financiamiento de gastos corrientes.
LA SAGA DE LA LEGISLATURA
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(Abril 7, 2016)
13.00 (arrancamos).
Se aprobó por 51 votos a favor, uno en contra y dos abstenciones el proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo para dar de baja a los bienes registrables en desuso del Gobierno porteño. Para eso tuvo en cuenta una modificación al iniciativa original presentada por la legisladora del FpV, María Rosa Muños
También se aprobó una desafectación de tierras y su rezonificación para una cesión al Hospital Británico, por 52 votos a favor y tres en contra.
A continuación, se probó la designación de Gabriel Astarloa como procurador General de la Ciudad, por 50 votos a favor, dos abstención y cinco en contra. La izquierda objetó su designación -hablaron en contra de ella Gustavo Vera, Hernán Arce y Marcelo Ramal- pero sus voces fueron desoídas.
En este punto, la sesión se puso tensa. Pese a las críticas de Vera, que recordó la denuncia penal por administración infiel que pesa sobre Astarola, de la época en que era director general de Concesiones del Gobierno porteño, el bloque del Pro defendió su postulación. “Es el mejor candidato para ese lugar”, sostuvo el presidente del bloque oficialista, Francisco Quintana.
Por último, y para reemplazar a los directores del Banco Ciudad que se fueron, entre ellos el propio Rogelio Frigerio -ahora ministro del Interior-, Juan Curutchet -hoy presidente del Banco Provincia- y Miguel Braun -ya designado subsecretario de Comercio-, el oficialismo propuso a Javier Ortiz Batalla -es el presidente del Banco-; a Fernando Elías -como vicepresidente-; Claudia Neira -que cuenta con el aval del PJ porteño-; Alicia de Antonis -ya es vocal del Banco por el Pro y seguirá en el directorio-; Gastón Rossi -hombre ligado a Martín Lousteau- y el larretista Pablo Videla. El síndico será Guillermo Balbín, hombre ligado al radcialismo porteño.
Todos estos nombramientos fueron aprobados con 53 votos a favor, 1 en contra y tres abstenciones.
13.24 (nos vamos).
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