ACTUALIZACIÓN

HOY ACTUALIZAMOS LA NOTA SOBRE EL POLÈMICO SOTERRAMIENTO DEL FERROCARRIL SARMIENTO: «LA GRAN ESTAFA DEL SOTERRAMIENTO»

lunes, 5 de noviembre de 2012

JUICIO POLÍTICO A ARMELLA





El Gobierno Nacional denunció penalmente al juez Luis ARMELLA y pidió al Consejo de la Magistratura que impulse su juicio político por "mal desempeño de sus funciones", debido a las irregularidades detectadas en las contrataciones de las obras de saneamiento de la cuenca Matanza-Riachuelo.

El jefe de la Auditoría General de la Nación (AGN), Leandro Despouy había detallado presuntas irregularidades en la realización de obras hidráulicas y apuntó contra 5 empresas vinculadas entre sí y que tendrían algún tipo de relación con el juez federal de Quilmes, Luis ARMELLA, designado por la propia Corte al frente del proceso.

Las sospechas surgieron cuando la AGN cruzó los datos de la firma M&T SA con las empresas Tierras Provinciales SA, Vial Rogo SA y Gildin SA, cuyas composiciones accionarias comparten al menos un socio. Miembros de estas sociedades forman parte de San Martín 264 Bernal SA, entre cuyos socios figuran la esposa de Armella, Marina Laura Groba Martini, su suegro Francisco Alberto Groba y el tío de su pareja, Aníbal Carlos Nietzel. Además, Despouy aseguró que la autoridad de la cuenca ACUMAR canalizaba obras a través de las empresas estatales CEAMSE y AySA e informó sobre la ejecución de los trabajos en los municipios con incidencia en la cuenca hídrica.

El informe detalló serias irregularidades, en particular por la obtención de contratos millonarios sin licitación por parte de empresas vinculadas al juez, en el marco del plan integral de saneamiento ambiental que el propio Armella debía supervisar.

Según la denuncia, el modus operandi de ARMELLA consistía primero en fijar plazos brevísimos para la realización de obras por lo cual la ACUMAR u otros organismos involucrados en su ejecución, siguiendo las resoluciones del juez, se veían forzados a eludir los mecanismos de licitación y realizaban contrataciones directas que terminaron beneficiando a un grupo de empresas que no sólo están relacionadas entre sí, sino que también estarían vinculadas al propio magistrado.

La denuncia del Gobierno Nacional menciona también la posible colaboración de funcionarios designados por el juez en la ACUMAR, quienes “elaboraron o participaron en la confección de los proyectos a través de los cuales se realizaron las contrataciones irregulares”. Entre estos funcionarios destaca Ignacio Manuel Ortiz Valenzuela, ex teniente de la Policía Bonaerense, exonerado por corrupción.

La Corte Suprema de Justicia había designado en julio de 2008 al juez ARMELLA, titular del Juzgado Federal de Primera Instancia de Quilmes, como responsable de la ejecución de la sentencia en la causa “Mendoza, Beatriz Silvia y otros c/ Estado Nacional y otros s/daños y perjuicios-daños derivados de la contaminación ambiental del Río Matanza Riachuelo”, que ordenaba medidas protectoras en relación a la contaminación de la cuenca y que encomendó a la Autoridad de la Cuenca Matanza-Riachuelo, ACUMAR, mejorar la calidad de vida de los habitantes, la recomposición del ambiente y la prevención del daño.





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