Las últimas lluvias cuando comenzaba febrero demostraron que los túneles aliviadores del Arroyo Maldonado no sirven para nada. Pero la historia de las inundaciones que las lluvias provocan en varios barrios de la Ciudad Autónoma y los enormes negociados en los inútiles entubamientos vienen de larga data.
En agosto de 2010, leíamos una nota publicada en Miradas al Sur, donde quedaba el claro que la historia del Arroyo Maldonado es una historia de corrupción macrista bajo tierra...
A pesar de que la Justicia había ordenado detener las obras de entubamiento, el gobierno porteño no acató. Y en ese lapso murió un obrero.
La muerte del obrero fue cuidadosamente silenciada por el jefe de Gobierno porteño y su ministro de Desarrollo Urbano, el arquitecto Daniel Chaín. La empresa adjudicataria de la obra fue Ghella, una firma asociada a Iecsa, cuyo presidente Angelo Calcaterra es primo de Mauricio.
Recordemos que no había inspecciones y el ingeniero a cargo tuvo responsabilidad en la tragedia de Cromañón...
Horas después de que se produjera el derrumbe del gimnasio de Villa Urquiza, Mauricio Macri señaló en conferencia de prensa: “Uno podría concluir que hay una enorme impericia del ingeniero a cargo de la obra”. Luego, más serio, advirtió: “El perito determinará si hubo mala praxis o no”. Cerró su diálogo con los medios con un lacónico: “Investigaremos hasta las últimas consecuencias lo ocurrido, y seremos querellantes”. El jefe de Gobierno porteño aplica una severidad ejemplarizante para con el resto, pero pareciera olvidarse de sí mismo. Dime de lo que alardeas y te diré de qué careces.
Sus declaraciones podrían convertirse en un boomerang si se investigara el desfile de maniobras y desidia que rodea a la obra más estratégica que ha encarado la Ciudad recientemente: los túneles aliviadores del Arroyo Maldonado. Con ellas se espera poner fin a las inundaciones que las lluvias provocan en varios barrios de la Ciudad Autónoma. La empresa a cargo de la obra es Ghella S.p.a., una poderosa multinacional de capitales italianos que está asociada con IECSA, cuyo presidente es el primo hermano de Mauricio Macri, Angelo Calcaterra.
Miradas al Sur accedió a información exclusiva. En las excavaciones del arroyo convergen varias irregularidades. La muerte de un trabajador, celosamente ocultada por el Gobierno porteño en momentos en que pesaban sobre la obra 2 órdenes judiciales que exigían su suspensión pero que el Ejecutivo aún se resiste a acatar. Un ingeniero que además de no tener título habilitante es responsable directo en la tragedia de Cromañón. Y la absoluta ausencia de inspecciones y controles. Un río revuelto que se descubre después de la fatalidad de Villa Urquiza.
AGUAS BORRASCOSAS
El 8 de abril pasado, el buzo Rodrigo Ojeda hacía tareas de reparación en la cabeza de la máquina tuneladora a 30 metros de profundidad hasta que comenzó a sentirse mal. En ese momento, buscó la cámara hiperbárica que se utiliza para equilibrar descompensaciones típicas del buceo y que por ley debía haber estado allí. Pero la cámara no estaba. Desesperado, Ojeda buscó la superficie a una velocidad que desencadenó una alteración dentro de su flujo sanguíneo por la diferencia de presión atmosférica que su corazón no aguantó. Falleció de un paro cardiorrespiratorio. Los intentos que hicieron los médicos de la empresa de ambulancias Vittal no lograron reanimarlo.
La muerte consta en un expediente tramitado en la División de Investigación Penal Administrativa (Dipa) que depende de la Prefectura Naval competente por jurisdicción y en el informe prehospitalario número 05940816 de la empresa de ambulancias citada.
Esto fue silenciado por el Gobierno porteño y hasta hoy no había tenido difusión. La obra, según la norma que la reglamentó, debe contar con todos los recaudos que garanticen la vida de sus trabajadores ante estas eventualidades. Uno de los responsables de que se hagan las inspecciones para constatar que esté todo en orden es el director de obra Eduardo Samuel Cohen, quien además de la muerte de Ojeda convive con una tragedia que, por las noches, muchas veces lo despierta.
CERTIFICADO DE REINCIDENCIA
Eduardo Cohen es un ex funcionario porteño que actuó durante la gestión de Aníbal Ibarra como director general de Instalaciones Eléctricas de la Ciudad. Es ingeniero eléctrico, un título que no lo habilita para el puesto que ocupa en la obra del Maldonado ya que según el pliego de licitación aprobado por la Legislatura debe ser un ingeniero civil. Para dar una analogía, un ingeniero eléctrico tiene tanto que ver con uno civil, como un dermatólogo con un neurocirujano.
Cohen fue interpelado en reiteradas oportunidades por desconocer las denuncias que los vecinos hicieron ante la Defensoría del Pueblo y otros organismos por deficiencias técnicas en el boliche El Reventón, el local bailable que luego se llamó República Cromañón. El funcionario hizo caso omiso y nunca inspeccionó el lugar. Miradas al Sur se comunicó con el familiar de una víctima del incendio, que dijo: “Cohen tuvo una responsabilidad importante en la tragedia: aprobó los planos truchos, y si hubiera inspeccionado y exigido que hubiera extractores y un sistema de energía auxiliar, habría muerto mucha menos gente”. Si Cromañón fue una larga cadena de responsabilidades, Cohen fue uno de los eslabones principales.
En las faraónicas obras del Maldonado, Cohen figura como director de obra. Con su firma, avala todas las modificaciones que hagan del plan original. Según consta en su nombramiento oficial, el 30 de junio de 2008, se contrató a Cohen para que actúe “en representación del GCBA para la supervisión de la inspección y de la ejecución de las obras, lleve a cabo el seguimiento y control de las mismas, así como visar los certificados de obra y de inspección y colaborar para la aprobación de eventuales cambios a su ejecución”.
En un programa nocturno de la señal TN, el ministro de Desarrollo Urbano Daniel Chaín y Atilio Alimena, integrante de la Defensoría del Pueblo porteña, coincidieron en la necesidad de crear un registro de reincidencia para estos casos. Cohen sería un buen ejemplo para inaugurarlo.
ME PASO LA JUSTICIA POR EL CONTADOR
La obra en los túneles aliviadores del arroyo Maldonado es una de las pocas políticas de Estado que se ha dado la Ciudad de Buenos Aires en los últimos años. Es, sin dudas, una de las más importantes. El radical Enrique Olivera hizo el plan hidráulico; durante su gestión se realizaron los primeros estudios profesionales. Luego, Anibal Ibarra continuó gestionando el crédito para financiar las obras; Jorge Telerman hizo la preadjudiación.
Fue Mauricio Macri, finalmente, quien lo adjudicó a la empresa Ghella. A partir de la implementación de la obra se abrió una batalla legal que aún está por resolverse y que abarca varios aspectos.
- Las irregularidades motivaron que los ex legisladores Milcíades Peña, Facundo Di Fillipo y Sergio Abrevaya presentaran un amparo y una medida cautelar para que se detengan las obras hasta que se subsanen sus anomalías.
Tanto el Juzgado en lo Contencioso Administrativo del Dr. Vicente Cataldo, como la Cámara de Apelaciones, exigieron al Gobierno que detuviera la obra. Sin embargo, todo sigue adelante. Y con apuro.
En ese expediente, se consigna que se ha realizado sólo una inspección del Área del Trabajo de la Ciudad que data de 2008. El acta de la pesquisa es contundente respecto de la falta casi absoluta de medidas de protección laboral.
Al organismo que le compete realizar estas inspecciones es la Dirección General de Protección del Trabajo, a cargo de Ángel Rodríguez, cuyo mérito para acceder a ese puesto es el de ser un fiel seguidor de Boca Jrs. La ley establece que el título habilitante para estar al frente de tan delicada dependencia es tener un título de nivel terciario en materia de higiene y seguridad de trabajo. Rodríguez es contador. Por este motivo, días atrás el legislador porteño del MST Nueva Izquierda Marcelo Parrilli denunció a Rodríguez.
Los problemas en las obras que se desarrollan en Punta Carrasco también fueron señalados por diversas pericias judiciales. En su dictamen, el perito oficial Jorge Acquaroni consignó: “Se observaron filtraciones de material acuoso en las uniones de las dovelas (pequeños bloques de concreto que unidos entre sí conforman el túnel)”. Con respecto al control de calidad de los materiales, el profesional agregó: “Se me indicó que los mismos se limitan al control de los materiales de fabricación, específicamente al homigón utilizado. Es decir que no se realizan ensayos de ningún tipo (resistencia, impacto etc.) sobre la dovela terminada ni existen especificaciones escritas que así me lo indiquen”. Cualquier parecido con el derrumbe del gimnasio de Villa Urquiza no es pura coincidencia.
PAGA EL ESTADO
Según una fuente que concurre a las tuberías a diario, la idea del Gobierno porteño es avanzar lo más rápido posible y cueste lo que cueste. Este aceleramiento desmesurado quedó demostrado con el hecho de que durante buena parte de la obra, la empresa Ghella no había contratado un seguro ambiental por daños, un requisito que para una empresa de esta envergadura no se le pudo haber escapado. Este requisito está impuesto por una ley del año 2002. Sin embargo, la firma recién tomó un seguro de estas características cuando se lo ordenó la Justicia, ante un amparo presentado por el legislador porteño de Diálogo por Buenos Aires, Eduardo Epszteyn.
Tras la orden judicial la empresa subsanó su olvido. De ese modo, el Estado y los ciudadanos quedaron cubiertos por el plazo de un año, desde el 21 de agosto de 2009 a la misma fecha de 2010.
Sin embargo, lo más curioso se conoció este viernes, cuando se publicó en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires una resolución del Ministerio de Desarrollo Urbano donde surge que, el 7 de julio pasado, la empresa señaló que no lo renovaría por otro año. En un primer momento el GCBA exigió a la empresa que tome ese seguro, sin embargo la firma se volvió a negar alegando que “son costos adicionales excesivos”. Al conocerse la decisión, el Ejecutivo, mediante la resolución Nº 442 del Ministerio de Desarrollo Urbano, decidió salir al rescate de la empresa Ghella y tomar el seguro a su cargo, produciéndose una curiosa situación en la que el Estado paga el seguro de un privado. Un claro ejemplo de cómo el Estado subsidia a las empresas privadas de la familia.
“Que Macri no exija la renuncia del Ministro Daniel Chaín y de los demás funcionarios responsables de continuar con las obras del Arroyo Maldonado, a pesar de los contundentes fallos judiciales que ordenan su paralización, sólo se explica por su absoluto conocimiento de los ilícitos que se consuman en este escandaloso hecho de corrupción económica y ambiental. Llama la atención que se llenen la boca hablando de la irresponsabilidad del ingeniero de Villa Urquiza y no revisen las irresponsabilidades propias que ya han producido, al menos, una muerte evitable”, dijo el ex legislador Milcíades Peña.
En la exposición que el GCBA hizo para defender el rescate aduce “razones de emergencia”. La falta de inspecciones de manera intencionada, la negligencia en el control de los materiales y la negativa a contratar un seguro nuevo por parte de la empresa, planta dudas acerca de cómo el Gobierno de la Ciudad Autónoma gestiona la política.
Según la mitología de Buenos Aires, el arroyo –que sigue buena parte de su curso bajo la avenida Juan B. Justo– fue bautizado en honor a “la Maldonado”, una de las amantes del adelantado Pedro de Mendoza. La leyenda cuenta que la Maldonado rompió el cerco de la ciudad, se unió a los indios fue cuidada por una hembra de puma y se unió a los indios querandíes. Al parecer, el colonizador actual de la Ciudad Autónoma quiere volver a poseerla, cueste lo que cueste. No lo detienen ni los derrumbes, ni las muertes, ni la Justicia.
CALAVERA QUE CHILLA
Las obras por los túneles aliviadores del Arroyo Maldonado no sólo traen aparejadas graves irregularidades respecto a la ley 1.660 que la promulgó. Otro incumplimiento es que la empresa Ghella no contrató, según lo establece la ley, antropólogos y paleontólogos para saber si allí se encuentran restos de algún pasado cercano o mediato. Así fue que durante las obras se encontró un cráneo. El hallazgo motivó que el legislador porteño por el Encuentro Popular para la Victoria y presidente de la Comisión de Derechos Humanos Juan Cabandié impulse una denuncia judicial para determinar su procedencia.
EXPEDIENTE FANTASMA
La batalla judicial contra la empresa Ghella tiene momentos curiosos. Uno de ellos fue cuando el juez Vicente Cataldo descubrió el faltante de 160 fojas de un expediente administrativo que le habían remitido desde el Ejecutivo porteño a pedido del magistrado. Según señala Milcíades Peña, uno de los impulsores de las causas por las irregularidades cometidas por la firma italiana, en esas fojas estaba el compromiso asumido por parte de la constructora de no hacer cambios al proyecto original ni de exigir adicionales en caso de nuevos gastos que tuviera la construcción. Con ambos requisitos la empresa tampoco cumplió pero siguió trabajando igual.
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