El cine Gaumont estuvo repleto, el miércoles 6 de mayo, por la tarde, de miembros y militantes de los colectivos que integran Habitar Argentina, una multisectorial que trabaja desde 2010 –las reuniones comenzaron un año antes– pensando, debatiendo, impulsando y exigiendo soluciones a “las dificultades de acceso a un hábitat digno que afectan gravemente a vastos sectores de la población, en especial a los de medios y bajos ingresos”. Allí se congregaron para escuchar qué tenían para decir los asesores en la materia de varios de los políticos que compiten por suceder a Cristina Kirchner: los equipos de cuatro precandidatos por el Frente para la Victoria, del PRO, del Frente Renovador, de la UCR y de la alianza entre el GEN, el Socialismo y Libres del Sur expusieron brevemente algunas de sus propuestas para solucionar el problema.
Con el objetivo de “instalar el derecho de acceso al hábitat en la agenda política”, un conjunto de organizaciones, instituciones académicas y movimientos sociales que trabajan desde hace décadas el tema reunieron en una misma mesa a los equipos técnicos de los principales precandidatos presidenciales para que expongan cómo piensan abordar lo que las agrupaciones consideran “el tema central de la problemática social, cultural argentina, un problema de derechos humanos” si resultan electos el próximo octubre.
Entre la reactivación o el fortalecimiento de programas habitacionales que existieron o existen, la consideración de la función social de la tierra, leyes de ordenamiento urbano y alquileres, aumento del crédito hipotecario, la construcción de viviendas nuevas y la lucha contra “la burbuja especulativa” versaron las propuestas de los políticos, que nomás alcanzaron a explicarlas, sin profundizar en cómo las llevarían a cabo, por qué las propusieron y no prosperaron o, directamente, no hubo intención de hacerlo.
El encuentro, no obstante, los comprometió con el Consenso Nacional para un Hábitat Digno, un documento elaborado por el grupo organizador que plantea nueve puntos de trabajo, así como con la urgencia de la situación. “Todo el trabajo de estos años ha tenido resultados muy escasos, pero no nos vamos a dar por vencidos”, planteó al público Ana Pastor, presidenta de Madre Tierra, una de las organizaciones convocantes. “Nada de lo propuesto esta tarde será posible sin reflexión y militancia”, advirtió el presidente del CELS, Horacio Verbitsky, al cierre de la tarde: “No hay forma de modificar esto si no tenemos la actitud de exigir, de reclamar, de movilizarnos. Sin todo eso, las leyes no son más que papeles con tinta”.
El subsecretario de Tierra, Vivienda y Urbanismo bonaerense, Fabián Stachiotti, aseguró que si el gobernador de esa provincia, Daniel Scioli, es presidente, expandirá “a toda la Nación” la Ley de Acceso Justo al Hábitat, que existe en territorio bonaerense. Más tarde, el presidente del CELS advertirá que “costó un año que la ley se reglamentara y ahora que está reglamentada no se aplica”. Stachiotti opinó que el Estado debe “colocar en función social a la propiedad”. No hizo mención a la situación de 750 familias que ayer, tras la toma de dos terrenos en La Plata, se encontraban al borde de ser desalojadas.
Para Luis Ostrej, asesor de Jorge Taiana, la “concentración” de la propiedad de la vivienda y de la tierra, así como “el retiro del Estado en la administración” de ese bien son “el principal problema” del hábitat: “El mercado quedó regulando algo desde el lucro”. Prometió que si Taiana es presidente creará un Ministerio de Tierra, Vivienda y Hábitat. Juan Sorín, integrante del equipo de Sergio Urribarri, coincidió en que el “mercado genera grandes desigualdades” y añadió que la construcción de casas nuevas no es la solución: “No hay que caer en el viviendismo”. Ofreció impulsar un proyecto de ley de planificación y ordenamiento territorial y “ponerlo a debate público, como la ley de medios”.
El asesor de Agustín Rossi, Germán Martínez, fue el más político de todos los expositores y arengó sobre “la lucha contra la burbuja especulativa” del mercado inmobiliario. “Tenemos que estar dispuestos a dar el debate, a enfrentar lobbies muy poderosos”, invitó. Fue el único que mencionó la “expropiación” como una entre “algunas herramientas legales para solucionar algo”.
El ex diputado Horacio Alcuaz, miembro del equipo de Margarita Stolbizer, también apuntó hacia “una legislación amplia que permita abordajes flexibles” sobre la temática que llegue “sin tanto debate, ya que se ha debatido largo y tendido sobre el tema”. Por parte de la UCR, Nicolás Daer habló de “generación de suelo urbano” y propuso un plan nacional financiado con el 0.5 por ciento del PBI.
Daniel Arroyo, del Frente Renovador, prometió “la construcción de un millón de casas en cuatro años”, la constitución de un Banco Nacional de Tierras y se preocupó por “un nuevo actor dentro del hábitat argentino: el narco”. El asesor del PRO, Iván Kerr, se centró en el programa de crédito para inquilinos Alquilar se puede y deslizó el fortalecimiento del crédito hipotecario y “diferentes maneras que logren bajar la barrera de ingreso a la ciudad” como herramientas para afrontar el problema de acceso al hábitat.
Análisis más, iniciativas menos, coincidieron en casi todo, algo a grandes rasgos celebrado por los integrantes de la mesa de cierre del encuentro, integrada por Verbitsky, Ramón Ríos y Evelyn Tourn, de Acina; Victorio Paulón, de la CTA y el cura en la opción por los pobres Marcelo Ciaramella. “Hay que seguir construyendo consenso ya que es imposible pensar en solución alguna a esta problemática que no sea una política de Estado”, remarcó Paulón. Ríos vislumbró un hueco en el discurso político generalizado: “Todo giró sobre la vivienda, pero el hábitat digno está en la tierra, en la naturaleza, la producción, la salud, la educación y la cultura”. Ciaramella abrazó lo escuchado “con esperanza”, y les pidió que “caminen los lugares donde vive la gente” ya que “hay propuestas que parecen hechas muy lejos de allí”.
Consenso Nacional para un Hábitat Digno
Las dificultades de acceso a un hábitat digno afectan gravemente a vastos sectores de la población, en especial a los de medios y bajos ingresos, y tienen además impactos diferenciales en mujeres, niños, niñas y personas con discapacidad.
El hábitat digno implica el acceso universal a la tierra, la vivienda y a las infraestructuras básicas y los equipamientos sociales, los servicios y los espacios de trabajo y producción en un marco de respeto de los rasgos culturales y simbólicos de la comunidad y de la preservación del ambiente, según las particularidades del medio urbano y del rural.
Sin embargo, históricamente el desarrollo urbano estuvo regido por las pautas del mercado inmobiliario que promueve un continuo proceso de segregación al mismo tiempo que alimenta las expectativas de renta especulativa y, con ello, eleva sistemática y artificialmente los precios del suelo. En este contexto, se incrementan las tomas de tierra, la informalidad y la desigualdad. Al mismo tiempo, desde sus orígenes, las políticas habitacionales en la Argentina se han enfocado en la provisión de unidades de viviendas, ubicadas en su mayoría en zonas aisladas de los equipamientos existentes y de baja calidad urbana y ambiental.
En el ámbito rural, la falta de una reforma agraria, intentada sin éxito desde los años 40 del siglo pasado, la expansión del modelo de explotación agroindustrial y los abusos de los grandes latifundistas acrecientan la marginación de los modos tradicionales de vida y de producción del campesinado y de las comunidades indígenas, en beneficio del monocultivo extensivo y otras formas de extractivismo y producen el desplazamiento forzado de las familias rurales a las periferias urbanas.
Durante los últimos años, se incrementó la inversión pública en infraestructura y la construcción de soluciones habitacionales y, a partir de 2012, se puso en marcha el programa Pro Cre Ar que implicó la ampliación de alternativas habitacionales para distintos sectores sociales. Asimismo, la reciente creación de la Secretaría de Acceso al Hábitat a nivel federal abre perspectivas positivas para la implementación de políticas de inclusión, que deben acompañarse con el debate parlamentario y la sanción de propuestas legislativas de gestión territorial (como las presentadas por el colectivo Habitar Argentina y la de ordenamiento territorial elaborada por el Consejo Federal de Planificación - COFEPLAN). Estos avances normativos, dirigidos a remover de manera estructural las restricciones a un hábitat justo y sostenible, fueron introducidos en el ámbito de la Provincia de Buenos Aires con la sanción de la Ley 14.449. Por último, distintos municipios de todo el país están implementando experiencias innovadoras de gestión del suelo y, algunas de ellas, articulan los esfuerzos de diferentes niveles del Estado y de organizaciones sociales y de esta manera permiten nuevos espacios para la negociación y concertación.
En este contexto, y frente al escenario político que se abre en el país, es imperiosa la necesidad de promover nuevas y profundas transformaciones en el conjunto de factores que determinan las desigualdades. Por este motivo, el Consenso Nacional para un Hábitat Digno propone un debate amplio y crítico y la puesta en marcha de nuevas políticas y estrategias dirigidas a garantizar el derecho a un hábitat urbano y rural adecuado en la Argentina.
1. Principios rectores para el diseño e implementación de políticas territoriales integrales
2. Políticas públicas de regulación y redistribución de rentas en los mercados de suelo
3. Regulación del mercado de alquileres
4. Producción social del hábitat
5. Seguridad en la tenencia y regularización de tierra urbana y rural
6. Procedimientos democráticos en casos de desalojos
7. Seguridad democrática para un hábitat digno
8. Participación y acceso a la información
9. Acceso universal a los equipamientos sociales y servicios básicos
LEA DOCUMENTO
Consenso Nacional para un Hábitat Digno (PDF)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario