¿Hay una salida?, Sí... Volver a la CONSTITUCION DE 1949
Compartimos una interesante nota de Mempo Giardinelli, que sin embargo no menciona la Constitución de 1949, que puede ser el inicio para un PLAN que derrote al Neocolonialismo que invade nuestro continente desde Venezuela hacia el sur...
Necesitamos un programa peronista con que tratemos de encontrarnos, para ver cómo a una realidad nacional vapuleada por el neoliberalismo, a partir de nuestra Constitución del 49, la convertimos en pelea, en mística, en epopeya.
La pelea que hay que dar es por NUESTRO PROYECTO, que es como decir nuestro destino.
- algunos artículos...
- Art. 38 de la Constitución de 1949 - La propiedad privada tiene una función social y, en consecuencia, estará sometida a las obligaciones que establezca la ley con fines de bien común. Incumbe al Estado fiscalizar la distribución y la utilización del campo o intervenir con el objeto de desarrollar e incrementar su rendimiento en interés de la comunidad.
- Art. 39 de la Constitución de 1949 - El capital debe estar al servicio de la economía nacional y tener como principal objeto el bienestar social. Sus diversas formas de explotación no pueden contrariar los fines de beneficio común del pueblo argentino.
- Art. 40 de la Constitución de 1949 - La organización de la riqueza y su explotación tienen por fin el bienestar del pueblo, dentro de un orden económico conforme a los principios de la justicia social. El Estado, mediante una ley, podrá intervenir en la economía y monopolizar determinada actividad, en salvaguardia de los intereses generales y dentro de los límites fijados por los derechos fundamentales asegurados en esta Constitución. Salvo la importación y exportación, que estarán a cargo del Estado, de acuerdo con las limitaciones y el régimen que se determine por ley, toda actividad económica se organizará conforme a la libre iniciativa privada, siempre que no tenga por fin ostensible o encubierto dominar los mercados nacionales, eliminar la competencia o aumentar usurariamente los beneficios.
- Los minerales, las caídas de agua, los yacimientos de petróleo, de carbón y de gas, y las demás fuentes naturales de energía, con excepción de los vegetales, son propiedad imprescriptibles e inalienables de la Nación, con la correspondiente participación en su producto que se convendrá con las provincias.
- Los servicios públicos pertenecen originariamente al Estado, y bajo ningún concepto podrán ser enajenados o concedidos para su explotación. Los que se hallaran en poder de particulares serán transferidos al Estado, mediante compra o expropiación con indemnización previa, cuando una ley nacional lo determine.
- El precio por la expropiación de empresas concesionarios de servicios públicos será el del costo de origen de los bienes afectados a la explotación, menos las sumas que se hubieren amortizado durante el lapso cumplido desde el otorgamiento de la concesión y los excedentes sobre una ganancia razonable que serán considerados también como reintegración del capital invertido.
Sabido es que hay políticas imperiales que arrasan con todo, y que la mentira hoy es regla, pero también es verdad que cada vez es menos lo que se oculta y más lo que se sabe. Ahí está como prueba la caída de circulación de grandes diarios que, en su locura periodística de silenciar escándalos del gobierno y negar o falsificar la realidad, pierden lectores y sólo les quedan franjas etarias en extinción.
Lo anterior es pertinente para reflexionar otra cuestión medular que ha sido y sigue siendo sistemáticamente negada: la cuestión territorial.
La propiedad privada y la pública, y la casi eterna pugna entre superficie y subsuelo configuran un conflicto jurídico-político que lleva más de cinco siglos y atraviesa toda nuestra historia constitucional.
Este debate ha costado y cuesta fortunas al país, porque sigue invisibilizado todo lo que tiene que ver con la tierra y con el endiosado “campo”, entelequia que no define nada y sólo ha servido para convencer al pueblo argentino de una falacia: que “el campo somos todos”.
Por eso en la propuesta de nueva Constitución, El Manifiesto Argentino plantea resolver la cuestión del territorio acabando, primero, con la negación del latifundio porque esa invisibilización impide cuestionar el tamaño de las explotaciones agropecuarias, con todo lo que eso implica en materia fiscal, productiva y laboral. Y cuestión que analizamos con Pedro Peretti en el libro La Argentina agropecuaria. Propuestas para una agricultura nacional y popular de rostro humano, de próxima aparición con este diario.
El asunto es gravísimo porque la inmensa mayoría de l@s argentin@s, incluyendo a casi toda la dirigencia política, en materia de política agraria y desde 1983 piensa y actúa como si el latifundio no existiese.
Increíblemente, y salvo raras excepciones, para nuestras dirigencias “tener 100 mil hectáreas es benéfico e inocuo y significa lo mismo que tener mil, cien o apenas diez hectáreas”. Y lo peor es que muchos latifundios son producto de la reforma constitucional del 94, que transfirió los recursos naturales a las provincias, con lo que se dilapidaron millones de hectáreas gracias a decisiones de gobernadores dispendiosos con la tierra pública.
Partiendo de la definición del vocablo “patria” –que según el Diccionario de la Lengua Castellana es: “Tierra natal o adoptiva ordenada como nación, a la que se siente ligado el ser humano por vínculos jurídicos, históricos y afectivos”– y por ser nuestro territorio común, desde 2002 y 2017 el Ideario de El MA declara en su punto 4º que: “Los recursos naturales en todo el territorio argentino, en superficie y en subsuelo, son irrenunciables, indelegables e innegociables, y la prohibición de afectarlos como garantía de eventuales endeudamientos o negociaciones financieras tendrá rango constitucional. El manejo y control de los recursos naturales es función exclusiva del Estado Democrático”.
Consecuentemente, proponemos anular por DNU el antinacional régimen de extranjerización de tierras que el gobierno actual autorizó por decreto 820/16. Y más aún, impulsamos “censar e inventariar todos los bienes públicos nacionales, provinciales y municipales, muebles e inmuebles, de uso o de servicios, territoriales y edilicios, acuáticos y del subsuelo”, a fin de completar un Plan de Desarrollo Sustentable del Patrimonio Nacional capaz de prevenir desastres ambientales, prohibir toda deforestación y contaminación de aguas, etc.
Pero eso es sólo un lado de la cuestión. El otro es el subsuelo, que es una de las más antiguas disputas jurídicas del mundo y que tanto en la Europa colonialista como en la fundación de los Estados Unidos, en el Siglo 18, fue tema de furibundos debates jurídico-ideológicos y no pocas guerras intestinas. Y tema que reflexionó Alberdi sin cerrar el debate central: ¿El territorio es solamente la superficie y lo que hay debajo es otra cosa? ¿El derecho de propiedad incluye el derecho al subsuelo o refiere sólo a la superficie?
La doctrina es gigantesca, y los lobbies, desde hace dos siglos, incesantes. Asunto imposible de desarrollar aquí y ahora, sí digamos que si la Constitución de 1853 no estableció la propiedad privada de las riquezas del subsuelo, sí lo permite ahora una cuestionable disposición del artículo 124 in fine de la de 1994: “Corresponde a las provincias el dominio originario de los recursos naturales en su territorio”. Este permiso ha sido aprovechado por algunos gobernadores provinciales que dieron autorizaciones sospechosas a multinacionales que hoy explotan, descontroladas, el subsuelo de la Patria.
Para colmo, apenas iniciar su gestión el presidente Macri firmó un DNU que permite a los deudores extranjeros cobrar sus acreencias en riquezas naturales y/o territoriales. Semejante barbaridad llevó a Eduardo Barcesat a formular una denuncia penal por traición a la Patria que seguro duerme en algún despacho judicial amigo. Ese decreto puso y mantiene en peligro de apropiación extranjera a todo el territorio nacional. Ya se habla de pagar “deuda” con Vaca Muerta.
Y al avance imparable de la minería a cielo abierto (en La Rioja, Catamarca, Mendoza y San Juan, aunque se lo niegue, los daños son palpables), ahora hay que sumar el reclamo de unas veinte comunidades originarias de la Puna jujeña, ante la explotación destructora que lleva a cabo la empresa Integra Recursos Naturales S.A., que según datos tomados de la web fue fundada en abril de 2018 por los Sres. José Luis Manzano y Ricardo Nicolás Mallo Huergo. Y que ocho meses después, en diciembre pasado y por decreto del gobernador Gerardo Morales, fue autorizada a “la prospección, exploración y explotación de litio, potasio y boro en zonas geológico mineras ubicadas en Salinas Grandes, Laguna de Guayatayoc, y Salar de Jama”. Con típica prepotencia neoliberal, ya extraen litio en dicha laguna.
Como se aprecia, el tema no es sencillo. Sobre todo porque –la verdad sea dicha– es como que hoy en la Argentina no hay Estado.
Por Mempo Giardinelli
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