Cuando los adoquines están en las calles cuentan con protección patrimonial, pero una vez que son removidos, su destino es incierto. Se trata de los históricos adoquines de las callecitas porteñas y por los que el centro de Buenos Aires es famoso.
Según un estudio de la Auditoría de la Ciudad, desde 2008 se han removido unos 42 millones de adoquines de las calles de Buenos Aires. Sin embargo, apenas un 10% de esa cantidad está depositada en los predios que la Ciudad usa para acopiarlos.
Del resto -unos 38 millones de piedras cúbicas de más de 5 kilos cada una- no hay información precisa.
No existe un registro de cuántos se retiran ni en qué obras se reutilizan.
¿Cómo se contabilizan entonces los 42 millones?
El auditor de la ciudad Facundo Del Gaiso pidió un informe respecto de los metros cuadrados de obras de cordón cuneta y de hormigonado de dársenas que implican la quita de adoquines de las calles porteñas.
Con los datos aportados por el propio gobierno, según consta en una nota oficial a la que LA NACION tuvo acceso, detalló que para las obras de cordones cuneta se retiraron 83.214 metros lineales de adoquines; cada metro lineal representa 30 adoquines, lo que totaliza 2.496.000 piezas de granito de un peso aproximado a los 5 kilos cada una.
Según el mismo informe, otras 36.370.738 piezas se retiraron cuando se construyeron las dársenas de hormigón. El cálculo se obtiene de multiplicar los 727.414 m2 informados por el gobierno por 50, que es el número de adoquines que entran en cada metro cuadrado.
"En este cálculo no está incluida toda la obra del casco histórico ni la de la Reserva Ecológica. Hay que tener más rigurosidad con este material, que es parte de nuestro patrimonio y nuestra historia. ¿Dónde están todos los adoquines que se sacaron?", se preguntó Del Gaiso.
Si se tiene en cuenta que por metro cuadrado hay 50 adoquines, 42 millones de adoquines es lo mismo que decir 840.000 m2. Según una licitación realizada por el propio gobierno, que compró adoquines, se pagó el m2: 347 pesos, lo que da un valor aproximado de 291 millones de pesos al volumen retirado y que nadie acierta a saber dónde fueron a parar.
El organismo responsable de velar por los adoquines es el Ente de Mantenimiento Urbano Integral (EMUI). Allí, Mariano Schiavo, subgerente de legales del área asegura que "hay un control" y que desde que asumió, en febrero, las piezas acopiadas en los depósitos oficiales están controladas.
Sin embargo, no precisó el volumen de adoquines que hay en el predio de Castañares, en Villa Lugano. "El adoquín que se extrae es reutilizado para obras que están autorizadas por ley", indicó el funcionario.
Mariano Schiavo se refiere a las mejoras en plazas, parques, espacios públicos y calles porteñas. Según relató, firma por mes un promedio de tres solicitudes que reclaman adoquines. Las últimas tres que detalla son para las obras alrededor del Lago Regatas, en Palermo; un sendero en el hospital Borda, y obras en el barrio Ramón Carrillo. Sin embargo, reconoce que no existe un registro de qué cantidad exacta entra de material ni qué cantidad sale para ser reutilizado. "Ese tipo de control no es necesario. El poco volumen de lo que se puede ir pidiendo y la diversidad de pedidos no llevarían ningún dato relevante", aseguró.
Respecto del destino de los millones de adoquines que se retiraron de las calles en estos últimos siete años, Mariano Schiavo no tiene respuesta. Sólo aclaró, en un par de ocasiones, que "no hay una idea de que cualquiera entra y se lleva un adoquín".
En ese sentido, Del Gaiso sostuvo que es difícil no creer eso: "Apenas sabemos dónde está, efectivamente, el 10% de lo que se retiró de las calles. No existen políticas para determinar su uso. Si están reutilizados en obras, tampoco lo sabemos. Lo que termina sucediendo es que se generan cementerios de adoquines y eso es sinónimo de descontrol y robo sistemático".
En el gobierno indicaron que trabajan en la elaboración de un catálogo de las calles adoquinadas y protegidas. Schiavo detalló que hay 2.000 cuadras con adoquines en la ciudad.
Por Internet se venden a $9 (nueve pesos) la unidad
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«Una idea a futuro para los porteños es que la corrupción en su ciudad sea un caso testigo para una suerte de Nunca más municipal, local y lleno de “incumplimientos de los deberes de funcionario público”. El macrismo en funciones ofrece infinitas avenidas de entrada a esta idea, porque quienes están ahora en el poder lo usan para dos cosas y sólo dos: para que Mauricio Macri sea presidente y para que su industria favorita se enriquezca. Como el PRO sabe unir lo útil a lo agradable, ambas cosas van juntas con obras “para la foto”, rentables aunque innecesarias, que rinden buenos contratos y cartelería de campaña. Pero dejan los hilos que permitirán seguir el rastro del anuncio de obra al contrato, del contrato al patrimonio del funcionario en cuestión, del patrimonio al sobreprecio y el desperdicio...», dice Sergio Kiernan, en Página 12, y sigue...
Lo de los adoquines es apenas una punta de alguno de los muchos ovillos que deja la gestión del PRO, madeja que ahora se puede seguir con más orden gracias a un nuevo libro de Gabriela Massuh.
La autora, novelista, doctora en Filología, directora de la editorial Mardulce, directora por muchos años del Instituto Goethe y traductora del alemán, resulta una investigadora inesperada del sucio mundo del macrismo. Su libro lleva el duro título de El robo de Buenos Aires: la trama de corrupción, ineficiencia y negocios que les arrebató la ciudad a sus habitantes. Lo que sigue al título es lapidario por cierto y detallado.
En el libro hay capítulos duros sobre grandes negocios como Puerto Madero, que enriqueció a tantos menemistas, en el que se descubren cosas como que hasta 2007 no se preguntaba de dónde venía el dinero. En esas páginas Massuh establece con números que a nadie le importa ni le importó jamás que ese barrio exista, tenga habitantes o vida real, porque fue concebido desde el vamos como una inversión abstracta. La mitad de lo que se ve ahí pertenece a extranjeros que lo vieron en foto, gente que participa del giro internacional de capitales que buscan estacionarse en algún lugar rentable o al menos estable, que no haga demasiadas preguntas. De hecho, un especialista que se dedicó a vender muchos de esos departamentos define a Puerto Madero como “la mayor caja de seguridad del país”.
Nicolás Caputo es otra figura empresaria, “amigo y hermano adoptivo” de Macri, su asesor ad honorem y miembro firme de la mesa más chica que tiene el gobierno porteño. Su constructora es de las más beneficiadas por el PRO en funciones y es irritante seguir la lista de favores, contratos y contactos que recibe de nuestra ciudad.
Y la cosa termina con la incapacidad contumaz del gobierno macrista en ejecutar sus presupuestos, en la preferencia por elefantes blancos como el metrobús, por las diferencias estratosféricas entre lo que se presupuesta para obras y cualquier otro asunto de gobierno, en la peculiar mezcla de incompetencia y mala fe que tiñe todo. El panorama final es el de un gobierno chanta, clasista, snob y de una crueldad frívola hacia el que menos tiene, que se ocupa de tonterías para la foto mientras crecen las villas miseria.
El de Gabriela Massuh es un libro duro y útil, lleno de números que hay que recordar y de conceptos claros. Es la exposición de la economía y las prioridades de negocios del actual gobierno porteño, con lo que resulta la explicación final de pulsiones que de otro modo no se entienden.
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En noviembre 2013 decíamos:
El PRO avanza en la Legislatura porteña para aprobar rápidamente la protección de calles adoquinadas de la Ciudad, pero sólo 1800 cuadras, menos del 30% del total de tramos empedrados que tiene el distrito.
La iniciativa tiene como fin "declarar Patrimonio Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los pavimentos de adoquines de granito y promover la instrumentación de un programa que restaure progresivamente a los mismos para mejorar la calidad del espacio público vinculado con las áreas de protección histórica y barriales".
Sin embargo, la polémica está en un par de artículos, entre los cuales delega al Poder Ejecutivo la disposición "para uso interno del gobierno de la Ciudad" de las piezas graníticas sacadas "que no resulten indispensables para ser reutilizadas en obras publicas". El propio jefe de gobierno establecerá la cantidad de piezas "que resulte útil y conveniente" conservar.
También deroga la Ley N° 65 (la que actualmente protege a los adoquines), un inciso de la Ley 2.928 (que imposibilita declarar al adoquín como bien en desuso), y la Ordenanza 20110/1965 que dispone que los adoquines recuperados sean utilizados en obras a cargo del Ejecutivo. Pero el artículo 7º es el principal. Se trata de una "claúsula transitoria" (dixit) en el que encomienda a la autoridad de aplicación que, con la participación de las Juntas Comunales, confeccione en 180 días "una nómina de hasta mil ochocientas (1800) cuadras adoquinadas que se protegen en todo el ámbito de la Ciudad". Poco menos del 30% de los actuales tramos empedrados, que hoy son 6200 sobre un total de 25.600 cuadras que componen la Capital Federal, según admitió el propio gobierno porteño en el Plan de Acción contra el Cambio Climático para el período 2010-2030.
Originalmente, el Ejecutivo había presentado un proyecto semanas atrás, en el que protegía 1.080 cuadras, detalladas en un anexo, donde se omitían muchas trazas, como calle Defensa 1200-1400 en pleno casco histórico, o los pasajes San Lorenzo, Giuffra y el 5 de Julio. Ante el reclamo, el PRO accedió a que se iniciara un relevamiento por comuneros, legisladores y ONG patrimoniales, y mantenía el debate en asesores con la posibilidad de aumentar el listado. Hasta la semana pasada, que sin discusión presentaron este nuevo proyecto oficial que salteó asesores y pasó directamente a Comisión de Planeamiento Urbano de Diputados, mantuvo la posibilidad de que las comunas releven, pero dejó como techo 1800 cuadras.
El proyecto fue aprobado ayer con dictamen de mayoría, con firmas de los legisladores PRO. Podrían tratarlo hoy en la sesión, sobre tablas, o la semana que viene. La UCR y UNEN se abstuvieron de firmar tanto ese despacho como el de Francisco "Tito" Nenna (FPV), que presentó un proyecto de minoría para la conservación íntegra de todas las calles con adoquines de la ciudad y que el gobierno de la Ciudad "progresivamente y en un plazo máximo de tres años" restaure los pavimentos históricos "no reparados con los materiales y técnicas constructivas apropiadas. Serán prioritarias las correspondientes a las áreas de anegamiento recurrentes". Que las reconstrucciones del adoquinado se hagan con el material original y que los que ya se hayan quitado se utilicen exclusivamente para obras en la Capital Federal, ante la gran cantidad de granitos que fueron vendidos a particulares y que por caso pueden verse en senderos o veredas de countries de Nordelta. "Macri acopió 50 millones de adoquines, equivalentes a más de 250 millones de pesos, y se convirtió en el sepulturero patrimonial de la identidad barrial", denunció Nenna. Y agregó que "el gobierno porteño adeuda la conformación de la autoridad de aplicación de la Ley N° 65 y así propicia el descontrol y la voracidad macrista por asfaltar desembozadamente".
"Su valor histórico y documental es incalculable. Quitar los adoquines y destruir los cordones resulta irrecuperable", resalta el texto del proyecto PRO. También admite que en verano las calles asfaltadas "expanden mucho más calor que las de granito y acentúan el mantenimiento de la isla de calor". Especifica que los costos del efecto de asfaltar una calle son muchos más altos que la reparación integral del adoquinado y, curiosamente, concluye que "es necesario hacer obras que mejoren y modernicen el adoquinado de las calles, que pueden ser restauradas con los mismos adoquines, extendiendo el tiempo de uso", aunque sólo lo vayan a hacer en 1800 cuadras.
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También el velódromo
Se aprobó también para ser tratado en sesión el proyecto del PRO de demoler el Velódromo y desafecta su carácter de Urbanización Parque y Área de Protección Histórica a las cinco hectáreas que lo conforman en pleno Parque Tres de Febrero, sin asignarle una nueva zonificación. En el Ejecutivo hablaron de hacer allí un complejo deportivo. Para el legislador Adrián Camps, que presentó dictamen de minoría, "esta metodología de abandonar espacios verdes para luego declararlos ociosos o en desuso y hacer algún negocio, es una práctica permanente del macrismo".
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